La Justicia ha condenado a tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano por dilapidar fondos públicos mediante la concesión «arbitraria» e ilegal de un préstamo de 1.180.000 euros a la malograda empresa malagueña Servivation SA en 2008. Esta nueva resolución condenatoria, a la que ha tenido acceso ABC, se enmarca dentro de la macrocausa penal de Invercaria, que investiga desde 2012 el reparto millonario de préstamos e inversiones discrecionales sin ningún tipo de control administrativo por parte de la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la extinta Invercaria. Junto a él, han sido condenados el expresidente de la entidad pública, Tomás Pérez-Sauquillo, y dos empresarios.En una sentencia notificada este lunes y redactada por la magistrada ponente Mercedes Alaya Rodríguez —la jueza que destapó el escándalo de los ERE—, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictamina que esta inyección económica se perpetró con una «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» y con el único propósito ilícito de «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación» al margen de la ley.La resolución, fechada el pasado 14 de julio y que consta de 85 páginas, censura la concesión de un préstamo participativo de 1.180.000 euros en el año 2008 a la mercantil malagueña Servivation SA . La Sala determina que esta ayuda se concedió con un «plus de antijuridicidad», de manera totalmente arbitraria y saltándose todos los controles administrativos. Los hechos probados se remontan a la primavera de 2006, cuando la crisis de la fábrica de teléfonos Vitelcom desató un intenso conflicto laboral en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA). Según la sentencia, el entonces consejero Francisco Vallejo, preocupado por el impacto en la imagen del espacio industrial, encomendó la búsqueda de una solución interna. La alternativa fue la creación de Servivation SA, una empresa destinada al mantenimiento de servicios microinformáticos que absorbería a los extrabajadores de Vitelcom.La masiva incorporación de más de 100 operarios de Vitelcom en marzo de 2009 devoró el préstamo participativo exclusivamente en el pago de salarios. De acuerdo con las actas reflejadas en la sentencia, a finales de ese año «el coste de los trabajadores improductivos, que estaban en casa sin trabajar y cobrando más de 1.000 euros al mes, habiendo rechazado más de 80 ofertas de trabajo aparte de las ofrecidas por la propia sociedad, ascendía a más de 1.200.000 euros, llegando a final de año a 1.342.594 euros». Vallejo «permitió un salvaje absentismo laboral» en la plantilla de la recién constituida Servivation, con tal de «conseguir la paz social y que el conflicto de Vitelcom dejara de ser noticia».El exconsejero socialista, que ya estuvo en prisión por el fraude de los ERE durante un año y siete meses, va camino de volver a una celda debido a la «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» por valor de 1,18 millones de euros, según concluye la resolución. La ponente detalla cómo se orquestó la operación al margen de los cauces legales bajo el gobierno del PSOE . Los socios promotores jamás presentaron un plan de negocios definitivo antes de la aprobación del préstamo por el consejo de administración de Invercaria el 23 de julio de 2008.El tribunal determina que los fondos públicos se dilapidaron pagando nóminas improductivas en lugar de generar verdadera actividad industrialLa resolución judicial describe cómo el proyecto estaba abocado al desastre económico y que los borradores presentados «ocultaban de manera intencionada la verdadera falta de liquidez y solvencia de la misma, precisada de continuas ayudas públicas». De hecho, los documentos recuperados «no tenían referencia alguna a las proyecciones financieras en el balance de la empresa, por lo que no querían mostrar la liquidez y tesorería de la empresa».El «engaño» a los consejeros y el papel de los acusadosPara abonar los fondos públicos, que según el tribunal procedían de transferencias de financiación de la Consejería de Innovación y nunca debieron usarse para dar ayudas, el presidente y consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo Ramírez , jugó un rol crucial en coautoría con Vallejo, lo que le ha valido otra condena de tres años y medio de cárcel por este préstamo y su inhabilitación absoluta durante seis años y medio. El fallo acredita que en el acta de aprobación de la ayuda, Pérez-Sauquillo informó a los consejeros de que el Comité de Inversiones había analizado positivamente la operación. Sin embargo, la resolución constata que el presidente de Invercaria «de forma consciente y sin justificación legal engañó al resto de los consejeros de Invercaria al manifestarles que el proyecto de Servivation había sido analizado por el Comité de Inversiones (de la empresa pública), siendo un hecho totalmente falso». El único fin de este ardid era «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación», que era amigo suyo.Por estos motivos, la Audiencia condena a Tomás Pérez-Sauquillo como coautor de los delitos de prevaricación y malversación a tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. La misma consideración de coautor se le aplica a Francisco Vallejo Serrano, quien ratificó de manera definitiva el préstamo en el consejo rector de la Agencia IDEA (de la Junta de Andalucía) el 29 de julio de 2008 sin examinar expediente técnico alguno.Por el contrario, el tribunal ha decidido absolver a Bienvenido Martínez Martínez , quien figuraba como director en la Agencia IDEA y consejero de Invercaria. La Fiscalía y la acusación popular del Partido Popular ya habían solicitado su libre absolución en la fase de conclusiones definitivas del juicio, celebrado entre los meses de abril y mayo pasados, validando así los argumentos exculpatorios expuestos por su defensa. Reproche penal a los empresarios «cómplices»La sentencia dedica un espacio relevante a analizar la implicación de los directivos privados que constituyeron Servivation SA el mismo día —18 de julio de 2008— en que el propio consejero Vallejo presentó públicamente la marca prometiendo «apoyar con potencia y decisión» el proyecto antes siquiera de estar aprobado.La Sala condena a Francisco José Barrionuevo Canto (presidente y consejero delegado de Novasoft Corporación Empresarial) y a Jesús Macías Castellano (director general de Sadiel y presidente del consejo de administración de Servivation) en calidad de cómplices de los delitos de prevaricación y malversación. El primero ha sido condenado a un año, diez meses y un día de prisión por cooperador de los delitos y el segundo, a un año y seis meses, con la atenuante simple de dilaciones indebidas en ambos casos. Alaya rebaja el grado de su autoría a una participación accesoria o incidental. No obstante, el tribunal subraya que los empresarios eran plenamente conscientes de que se estaba burlando la ley y de que «la ayuda estaba concedida previamente con total ausencia de procedimiento».Quiebra de la empresa en 2012A pesar de recibir sucesivas e ingentes subvenciones a fondo perdido de la Orden de Incentivos y de la Consejería de Empleo, la descapitalización estructural provocó que Servivation SA se declarara en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012, dejando una deuda incobrable del préstamo participativo público. La sentencia contra los cuatro acusados no es firme y contra ella cabe presentar un recurso de apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Justicia ha condenado a tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano por dilapidar fondos públicos mediante la concesión «arbitraria» e ilegal de un préstamo de 1.180.000 euros a la malograda empresa malagueña Servivation SA en 2008. Esta nueva resolución condenatoria, a la que ha tenido acceso ABC, se enmarca dentro de la macrocausa penal de Invercaria, que investiga desde 2012 el reparto millonario de préstamos e inversiones discrecionales sin ningún tipo de control administrativo por parte de la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la extinta Invercaria. Junto a él, han sido condenados el expresidente de la entidad pública, Tomás Pérez-Sauquillo, y dos empresarios.En una sentencia notificada este lunes y redactada por la magistrada ponente Mercedes Alaya Rodríguez —la jueza que destapó el escándalo de los ERE—, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictamina que esta inyección económica se perpetró con una «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» y con el único propósito ilícito de «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación» al margen de la ley.La resolución, fechada el pasado 14 de julio y que consta de 85 páginas, censura la concesión de un préstamo participativo de 1.180.000 euros en el año 2008 a la mercantil malagueña Servivation SA . La Sala determina que esta ayuda se concedió con un «plus de antijuridicidad», de manera totalmente arbitraria y saltándose todos los controles administrativos. Los hechos probados se remontan a la primavera de 2006, cuando la crisis de la fábrica de teléfonos Vitelcom desató un intenso conflicto laboral en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA). Según la sentencia, el entonces consejero Francisco Vallejo, preocupado por el impacto en la imagen del espacio industrial, encomendó la búsqueda de una solución interna. La alternativa fue la creación de Servivation SA, una empresa destinada al mantenimiento de servicios microinformáticos que absorbería a los extrabajadores de Vitelcom.La masiva incorporación de más de 100 operarios de Vitelcom en marzo de 2009 devoró el préstamo participativo exclusivamente en el pago de salarios. De acuerdo con las actas reflejadas en la sentencia, a finales de ese año «el coste de los trabajadores improductivos, que estaban en casa sin trabajar y cobrando más de 1.000 euros al mes, habiendo rechazado más de 80 ofertas de trabajo aparte de las ofrecidas por la propia sociedad, ascendía a más de 1.200.000 euros, llegando a final de año a 1.342.594 euros». Vallejo «permitió un salvaje absentismo laboral» en la plantilla de la recién constituida Servivation, con tal de «conseguir la paz social y que el conflicto de Vitelcom dejara de ser noticia».El exconsejero socialista, que ya estuvo en prisión por el fraude de los ERE durante un año y siete meses, va camino de volver a una celda debido a la «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» por valor de 1,18 millones de euros, según concluye la resolución. La ponente detalla cómo se orquestó la operación al margen de los cauces legales bajo el gobierno del PSOE . Los socios promotores jamás presentaron un plan de negocios definitivo antes de la aprobación del préstamo por el consejo de administración de Invercaria el 23 de julio de 2008.El tribunal determina que los fondos públicos se dilapidaron pagando nóminas improductivas en lugar de generar verdadera actividad industrialLa resolución judicial describe cómo el proyecto estaba abocado al desastre económico y que los borradores presentados «ocultaban de manera intencionada la verdadera falta de liquidez y solvencia de la misma, precisada de continuas ayudas públicas». De hecho, los documentos recuperados «no tenían referencia alguna a las proyecciones financieras en el balance de la empresa, por lo que no querían mostrar la liquidez y tesorería de la empresa».El «engaño» a los consejeros y el papel de los acusadosPara abonar los fondos públicos, que según el tribunal procedían de transferencias de financiación de la Consejería de Innovación y nunca debieron usarse para dar ayudas, el presidente y consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo Ramírez , jugó un rol crucial en coautoría con Vallejo, lo que le ha valido otra condena de tres años y medio de cárcel por este préstamo y su inhabilitación absoluta durante seis años y medio. El fallo acredita que en el acta de aprobación de la ayuda, Pérez-Sauquillo informó a los consejeros de que el Comité de Inversiones había analizado positivamente la operación. Sin embargo, la resolución constata que el presidente de Invercaria «de forma consciente y sin justificación legal engañó al resto de los consejeros de Invercaria al manifestarles que el proyecto de Servivation había sido analizado por el Comité de Inversiones (de la empresa pública), siendo un hecho totalmente falso». El único fin de este ardid era «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación», que era amigo suyo.Por estos motivos, la Audiencia condena a Tomás Pérez-Sauquillo como coautor de los delitos de prevaricación y malversación a tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. La misma consideración de coautor se le aplica a Francisco Vallejo Serrano, quien ratificó de manera definitiva el préstamo en el consejo rector de la Agencia IDEA (de la Junta de Andalucía) el 29 de julio de 2008 sin examinar expediente técnico alguno.Por el contrario, el tribunal ha decidido absolver a Bienvenido Martínez Martínez , quien figuraba como director en la Agencia IDEA y consejero de Invercaria. La Fiscalía y la acusación popular del Partido Popular ya habían solicitado su libre absolución en la fase de conclusiones definitivas del juicio, celebrado entre los meses de abril y mayo pasados, validando así los argumentos exculpatorios expuestos por su defensa. Reproche penal a los empresarios «cómplices»La sentencia dedica un espacio relevante a analizar la implicación de los directivos privados que constituyeron Servivation SA el mismo día —18 de julio de 2008— en que el propio consejero Vallejo presentó públicamente la marca prometiendo «apoyar con potencia y decisión» el proyecto antes siquiera de estar aprobado.La Sala condena a Francisco José Barrionuevo Canto (presidente y consejero delegado de Novasoft Corporación Empresarial) y a Jesús Macías Castellano (director general de Sadiel y presidente del consejo de administración de Servivation) en calidad de cómplices de los delitos de prevaricación y malversación. El primero ha sido condenado a un año, diez meses y un día de prisión por cooperador de los delitos y el segundo, a un año y seis meses, con la atenuante simple de dilaciones indebidas en ambos casos. Alaya rebaja el grado de su autoría a una participación accesoria o incidental. No obstante, el tribunal subraya que los empresarios eran plenamente conscientes de que se estaba burlando la ley y de que «la ayuda estaba concedida previamente con total ausencia de procedimiento».Quiebra de la empresa en 2012A pesar de recibir sucesivas e ingentes subvenciones a fondo perdido de la Orden de Incentivos y de la Consejería de Empleo, la descapitalización estructural provocó que Servivation SA se declarara en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012, dejando una deuda incobrable del préstamo participativo público. La sentencia contra los cuatro acusados no es firme y contra ella cabe presentar un recurso de apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Justicia ha condenado a tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano por dilapidar fondos públicos mediante la concesión «arbitraria» e ilegal de un préstamo de 1.180.000 euros a la malograda empresa malagueña Servivation SA en 2008. Esta nueva resolución condenatoria, a la que ha tenido acceso ABC, se enmarca dentro de la macrocausa penal de Invercaria, que investiga desde 2012 el reparto millonario de préstamos e inversiones discrecionales sin ningún tipo de control administrativo por parte de la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la extinta Invercaria. Junto a él, han sido condenados el expresidente de la entidad pública, Tomás Pérez-Sauquillo, y dos empresarios.En una sentencia notificada este lunes y redactada por la magistrada ponente Mercedes Alaya Rodríguez —la jueza que destapó el escándalo de los ERE—, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictamina que esta inyección económica se perpetró con una «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» y con el único propósito ilícito de «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación» al margen de la ley.La resolución, fechada el pasado 14 de julio y que consta de 85 páginas, censura la concesión de un préstamo participativo de 1.180.000 euros en el año 2008 a la mercantil malagueña Servivation SA . La Sala determina que esta ayuda se concedió con un «plus de antijuridicidad», de manera totalmente arbitraria y saltándose todos los controles administrativos. Los hechos probados se remontan a la primavera de 2006, cuando la crisis de la fábrica de teléfonos Vitelcom desató un intenso conflicto laboral en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA). Según la sentencia, el entonces consejero Francisco Vallejo, preocupado por el impacto en la imagen del espacio industrial, encomendó la búsqueda de una solución interna. La alternativa fue la creación de Servivation SA, una empresa destinada al mantenimiento de servicios microinformáticos que absorbería a los extrabajadores de Vitelcom.La masiva incorporación de más de 100 operarios de Vitelcom en marzo de 2009 devoró el préstamo participativo exclusivamente en el pago de salarios. De acuerdo con las actas reflejadas en la sentencia, a finales de ese año «el coste de los trabajadores improductivos, que estaban en casa sin trabajar y cobrando más de 1.000 euros al mes, habiendo rechazado más de 80 ofertas de trabajo aparte de las ofrecidas por la propia sociedad, ascendía a más de 1.200.000 euros, llegando a final de año a 1.342.594 euros». Vallejo «permitió un salvaje absentismo laboral» en la plantilla de la recién constituida Servivation, con tal de «conseguir la paz social y que el conflicto de Vitelcom dejara de ser noticia».El exconsejero socialista, que ya estuvo en prisión por el fraude de los ERE durante un año y siete meses, va camino de volver a una celda debido a la «flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo» por valor de 1,18 millones de euros, según concluye la resolución. La ponente detalla cómo se orquestó la operación al margen de los cauces legales bajo el gobierno del PSOE . Los socios promotores jamás presentaron un plan de negocios definitivo antes de la aprobación del préstamo por el consejo de administración de Invercaria el 23 de julio de 2008.El tribunal determina que los fondos públicos se dilapidaron pagando nóminas improductivas en lugar de generar verdadera actividad industrialLa resolución judicial describe cómo el proyecto estaba abocado al desastre económico y que los borradores presentados «ocultaban de manera intencionada la verdadera falta de liquidez y solvencia de la misma, precisada de continuas ayudas públicas». De hecho, los documentos recuperados «no tenían referencia alguna a las proyecciones financieras en el balance de la empresa, por lo que no querían mostrar la liquidez y tesorería de la empresa».El «engaño» a los consejeros y el papel de los acusadosPara abonar los fondos públicos, que según el tribunal procedían de transferencias de financiación de la Consejería de Innovación y nunca debieron usarse para dar ayudas, el presidente y consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo Ramírez , jugó un rol crucial en coautoría con Vallejo, lo que le ha valido otra condena de tres años y medio de cárcel por este préstamo y su inhabilitación absoluta durante seis años y medio. El fallo acredita que en el acta de aprobación de la ayuda, Pérez-Sauquillo informó a los consejeros de que el Comité de Inversiones había analizado positivamente la operación. Sin embargo, la resolución constata que el presidente de Invercaria «de forma consciente y sin justificación legal engañó al resto de los consejeros de Invercaria al manifestarles que el proyecto de Servivation había sido analizado por el Comité de Inversiones (de la empresa pública), siendo un hecho totalmente falso». El único fin de este ardid era «cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación», que era amigo suyo.Por estos motivos, la Audiencia condena a Tomás Pérez-Sauquillo como coautor de los delitos de prevaricación y malversación a tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. La misma consideración de coautor se le aplica a Francisco Vallejo Serrano, quien ratificó de manera definitiva el préstamo en el consejo rector de la Agencia IDEA (de la Junta de Andalucía) el 29 de julio de 2008 sin examinar expediente técnico alguno.Por el contrario, el tribunal ha decidido absolver a Bienvenido Martínez Martínez , quien figuraba como director en la Agencia IDEA y consejero de Invercaria. La Fiscalía y la acusación popular del Partido Popular ya habían solicitado su libre absolución en la fase de conclusiones definitivas del juicio, celebrado entre los meses de abril y mayo pasados, validando así los argumentos exculpatorios expuestos por su defensa. Reproche penal a los empresarios «cómplices»La sentencia dedica un espacio relevante a analizar la implicación de los directivos privados que constituyeron Servivation SA el mismo día —18 de julio de 2008— en que el propio consejero Vallejo presentó públicamente la marca prometiendo «apoyar con potencia y decisión» el proyecto antes siquiera de estar aprobado.La Sala condena a Francisco José Barrionuevo Canto (presidente y consejero delegado de Novasoft Corporación Empresarial) y a Jesús Macías Castellano (director general de Sadiel y presidente del consejo de administración de Servivation) en calidad de cómplices de los delitos de prevaricación y malversación. El primero ha sido condenado a un año, diez meses y un día de prisión por cooperador de los delitos y el segundo, a un año y seis meses, con la atenuante simple de dilaciones indebidas en ambos casos. Alaya rebaja el grado de su autoría a una participación accesoria o incidental. No obstante, el tribunal subraya que los empresarios eran plenamente conscientes de que se estaba burlando la ley y de que «la ayuda estaba concedida previamente con total ausencia de procedimiento».Quiebra de la empresa en 2012A pesar de recibir sucesivas e ingentes subvenciones a fondo perdido de la Orden de Incentivos y de la Consejería de Empleo, la descapitalización estructural provocó que Servivation SA se declarara en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012, dejando una deuda incobrable del préstamo participativo público. La sentencia contra los cuatro acusados no es firme y contra ella cabe presentar un recurso de apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. RSS de noticias de espana/andalucia
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