La causa judicial contra Ricardo V. M., español de 60 años, sigue sumando denuncias, que superan la treintena. Este masajista de Rivas Vaciamadrid fue detenido el pasado mes de julio, acusado de grabar sin su consentimiento a 131 pacientes mujeres y agredir sexualmente a al menos 9 de ellas. De estas últimas, dos son menores de edad.Según ha podido saber ABC, los investigadores han recabado más denuncias, después de que la Guardia Civil haya identificado a más víctimas y se haya puesto en contacto con ellas para informarles de que se encuentran entre la lista de las filmadas con cámara oculta durante un tratamiento en la clínica ripense. Unas imágenes ilegales que Ricardo obtenía, supuestamente, con fines libidinosos. Se suman a las treinta ya tramitadas. El ayuntamiento mantiene un servicio de asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para estas mujeres. El caso echó a andar en abril de 2025. Una menor de edad acudió con su madre a poner en conocimiento de la autoridad lo que le había ocurrido: en el centro Kukai, especializado, según su web, en «quiromasaje y terapias alternativas», situado en la calle de Gonzalo Torrente Ballester, 1, al que había acudido para darse un masaje, el sospechoso le había hecho quitarse la ropa. «Algo raro para la patología» que refería la joven, que aseguró que le había «tocado y acariciado los senos», entre otras partes de su cuerpo. Se percató de que había una cámara oculta, que estaba colocada, explican fuentes del caso, a espaldas de las pacientes. Las pesquisas descubrieron que detrás había mucho más y el supuesto masajista fue detenido. Se negó a declarar ante los agentes y el juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional; el sospechoso interpuso un recurso de reforma contra ese auto. Curiosamente, la Fiscalía no pidió su encarcelamiento y uno de los abogados de la acusación solo eludible bajo fianza. Tuvo que ser otro letrado que lleva a varias mujeres, Alberto Martín, el que lograra que permaneciera entre rejas. En reforma, como era previsible, el pasado septiembre, se mantuvo la prisión. Ricardo V. M., el sospechoso. ABCLa juez instructora determinó que «la inmensa mayoría de las víctimas son vecinas» de Rivas Vaciamadrid y que el individuo, «pese a ser español, no tiene otro medio de vivir que el centro de terapias». Por ello y por «la gravedad de los hechos, las altas penas [a las que se enfrenta] y no tener otro medio de vida, el riesgo de fuga es elevado». Asisten, además, los riesgos de destrucción de pruebas y reiteración delictiva, razona la togada, que lo envió a la cárcel, donde sigue. Ha cerrado la clínica y su hijo, la papelería que tenía en el mismo edificio. Además, la casera asegura que le debían varios meses de alquiler.Ahora, Ricardo ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid, que aún tiene que pronunciarse. El investigado insiste en negar los hechos, en que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva. La causa judicial contra Ricardo V. M., español de 60 años, sigue sumando denuncias, que superan la treintena. Este masajista de Rivas Vaciamadrid fue detenido el pasado mes de julio, acusado de grabar sin su consentimiento a 131 pacientes mujeres y agredir sexualmente a al menos 9 de ellas. De estas últimas, dos son menores de edad.Según ha podido saber ABC, los investigadores han recabado más denuncias, después de que la Guardia Civil haya identificado a más víctimas y se haya puesto en contacto con ellas para informarles de que se encuentran entre la lista de las filmadas con cámara oculta durante un tratamiento en la clínica ripense. Unas imágenes ilegales que Ricardo obtenía, supuestamente, con fines libidinosos. Se suman a las treinta ya tramitadas. El ayuntamiento mantiene un servicio de asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para estas mujeres. El caso echó a andar en abril de 2025. Una menor de edad acudió con su madre a poner en conocimiento de la autoridad lo que le había ocurrido: en el centro Kukai, especializado, según su web, en «quiromasaje y terapias alternativas», situado en la calle de Gonzalo Torrente Ballester, 1, al que había acudido para darse un masaje, el sospechoso le había hecho quitarse la ropa. «Algo raro para la patología» que refería la joven, que aseguró que le había «tocado y acariciado los senos», entre otras partes de su cuerpo. Se percató de que había una cámara oculta, que estaba colocada, explican fuentes del caso, a espaldas de las pacientes. Las pesquisas descubrieron que detrás había mucho más y el supuesto masajista fue detenido. Se negó a declarar ante los agentes y el juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional; el sospechoso interpuso un recurso de reforma contra ese auto. Curiosamente, la Fiscalía no pidió su encarcelamiento y uno de los abogados de la acusación solo eludible bajo fianza. Tuvo que ser otro letrado que lleva a varias mujeres, Alberto Martín, el que lograra que permaneciera entre rejas. En reforma, como era previsible, el pasado septiembre, se mantuvo la prisión. Ricardo V. M., el sospechoso. ABCLa juez instructora determinó que «la inmensa mayoría de las víctimas son vecinas» de Rivas Vaciamadrid y que el individuo, «pese a ser español, no tiene otro medio de vivir que el centro de terapias». Por ello y por «la gravedad de los hechos, las altas penas [a las que se enfrenta] y no tener otro medio de vida, el riesgo de fuga es elevado». Asisten, además, los riesgos de destrucción de pruebas y reiteración delictiva, razona la togada, que lo envió a la cárcel, donde sigue. Ha cerrado la clínica y su hijo, la papelería que tenía en el mismo edificio. Además, la casera asegura que le debían varios meses de alquiler.Ahora, Ricardo ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid, que aún tiene que pronunciarse. El investigado insiste en negar los hechos, en que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva. La causa judicial contra Ricardo V. M., español de 60 años, sigue sumando denuncias, que superan la treintena. Este masajista de Rivas Vaciamadrid fue detenido el pasado mes de julio, acusado de grabar sin su consentimiento a 131 pacientes mujeres y agredir sexualmente a al menos 9 de ellas. De estas últimas, dos son menores de edad.Según ha podido saber ABC, los investigadores han recabado más denuncias, después de que la Guardia Civil haya identificado a más víctimas y se haya puesto en contacto con ellas para informarles de que se encuentran entre la lista de las filmadas con cámara oculta durante un tratamiento en la clínica ripense. Unas imágenes ilegales que Ricardo obtenía, supuestamente, con fines libidinosos. Se suman a las treinta ya tramitadas. El ayuntamiento mantiene un servicio de asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para estas mujeres. El caso echó a andar en abril de 2025. Una menor de edad acudió con su madre a poner en conocimiento de la autoridad lo que le había ocurrido: en el centro Kukai, especializado, según su web, en «quiromasaje y terapias alternativas», situado en la calle de Gonzalo Torrente Ballester, 1, al que había acudido para darse un masaje, el sospechoso le había hecho quitarse la ropa. «Algo raro para la patología» que refería la joven, que aseguró que le había «tocado y acariciado los senos», entre otras partes de su cuerpo. Se percató de que había una cámara oculta, que estaba colocada, explican fuentes del caso, a espaldas de las pacientes. Las pesquisas descubrieron que detrás había mucho más y el supuesto masajista fue detenido. Se negó a declarar ante los agentes y el juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional; el sospechoso interpuso un recurso de reforma contra ese auto. Curiosamente, la Fiscalía no pidió su encarcelamiento y uno de los abogados de la acusación solo eludible bajo fianza. Tuvo que ser otro letrado que lleva a varias mujeres, Alberto Martín, el que lograra que permaneciera entre rejas. En reforma, como era previsible, el pasado septiembre, se mantuvo la prisión. Ricardo V. M., el sospechoso. ABCLa juez instructora determinó que «la inmensa mayoría de las víctimas son vecinas» de Rivas Vaciamadrid y que el individuo, «pese a ser español, no tiene otro medio de vivir que el centro de terapias». Por ello y por «la gravedad de los hechos, las altas penas [a las que se enfrenta] y no tener otro medio de vida, el riesgo de fuga es elevado». Asisten, además, los riesgos de destrucción de pruebas y reiteración delictiva, razona la togada, que lo envió a la cárcel, donde sigue. Ha cerrado la clínica y su hijo, la papelería que tenía en el mismo edificio. Además, la casera asegura que le debían varios meses de alquiler.Ahora, Ricardo ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid, que aún tiene que pronunciarse. El investigado insiste en negar los hechos, en que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva. RSS de noticias de espana
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