Vienen años difíciles para la industria láctea española en el frente financiero y judicial, pues el Tribunal Supremo ha emitido ya los cinco primeros de una batería de fallos que abrirán la puerta a que miles de ganaderos puedan reclamarles indemnizaciones por el dinero que dejaron de ingresar durante los trece años en que existió el llamado ‘cártel de la leche ‘, un arreglo que pergeñaron entre los años 2000 y 2013 las grandes empresas del sector (incluyendo grandes firmas como Danone, Nestlé o Puleva ) para intercambiar información sobre los precios que iban a pagar a sus proveedores y coordinar sus estrategias, según dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un histórico fallo de julio de 2019. Esa resolución, que vino acompañada de una sanción de 80,6 millones de euros contra ocho empresas y dos patronales, fue apenas la antesala de lo que estaba por venir. Tras años de viacrucis judicial , en julio de 2025 los ganaderos recibieron el espaldarazo definitivo cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa de Competencia, dando pie a que los antiguos proveedores de esta empresa pudieran empezar a pedirle compensaciones y, no menos importante, señalando cuál sería la respuesta probable que recibirían el resto de industrias, pues todas recurrieron. La cronología 13 años El cártel existió entre el 2000 y el 2013 Los despachos que representan a los ganaderos están tratando de contactar con todos los proveedores de la industria en aquellos añosTambién fueron inadmitidas las apelaciones de CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana) -aunque esta empresa tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA) y Central Lechera Galicia, y el pasado 29 de junio le tocó el turno a Lactalis (el fabricante de Président), que recibió un fallo de desestimación que confirmó la multa. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación : Pascual, Danone, Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods. Completaba el cártel -según la CNMC- el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), que ni siquiera trató de dar la batalla legal.Noticia relacionada general No No El Supremo confirma una multa de 13,5 millones a Indra por ofrecer servicios públicos de tecnología en cártel Nati VillanuevaABC ha confirmado que ya hay 9.000 demandantes que van a presentar reclamaciones por valor de 1.575 millones de euros a través de grandes despachos especializados, aunque esa cifra es conservadora porque hay una miríada de bufetes menores implicados. Fuentes legales aseguran que el número final de denunciantes rondará los 11.000. Para ilustrar la magnitud de las víctimas potenciales, baste recordar que entre los años 2000 y 2013, que es el período en el que operó el conciliábulo industrial según Competencia, el sector perdió 30.000 profesionales , hasta los 21.000 que había en 2013; y hoy quedan apenas 9.000 (datos del Ministerio de Agricultura). Es imposible determinar hasta qué punto estas explotaciones cerraron debido a la manipulación del mercado o por problemas propios del sector, pero el caso es que la Justicia ha abierto una puerta para que puedan ser resarcidos con entre un 2 y un 9% del valor del producto que vendieron en aquellos años. Esa es la horquilla que están fijando los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a reclamar antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias. Una causa multitudinaria 11.000 Miles de afectados ABC ha confirmado que ya se han presentado 9.000 demandantes, aunque fuentes del sector apuntan a que pueden ser másActualmente la batalla legal se libra en dos frentes. De un lado está el intento por parte de las empresas de ahorrarse el abono de la multa, una estrategia que sufrió un serio traspié cuando en febrero de 2024 la Audiencia Nacional respondió negativamente a los recursos que habían presentado las industrias. El tribunal dio por buenas las pruebas presentadas por la CNMC, que incluían registros de las reuniones mantenidas entre las industrias lácteas y anotaciones manuscritas, aunque en el caso de Danone, Puleva y CAPSA ordenó el recálculo de la multa al entender que había prescripción parcial. Sea como fuere, esto no afectará a las indemnizaciones, que son el otro frente de esta guerra y donde las empresas se juegan realmente el dinero. Según explica a ABC Juan Álvarez, responsable de Negocio de Eskariam, un bufete que representa a 8.000 ganaderos, en su caso reclamarán una cuantía equivalente al 9% de la leche vendida en el período más el interés compuesto, lo que suma 1.200 millones de euros en causas que empezarán a presentar a partir del próximo otoño. Lo que perdieron 9% Los granjeros piden recuperar lo que no cobraron Desde el despacho de abogados Eskariam explican que van a pedir el máximo posible dentro del rango que ha fijado la jurisprudencia, el equivalente a entre un 2 y 9% del precio de cada litro vendidoEs imposible exagerar los números de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que allá por 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños, que abrió la puerta a grandes demandas colectivas. Juan Camacho, letrado de BGI Law, explica que ellos representan a 900 ganaderos que van a pedir 350 millones de euros. El tiempo juega a favor de los granjeros, pues el año pasado el TJUE estableció que el plazo de prescripción de cinco años no empieza a correr hasta que la sanción es firme ; es decir, hasta que se pronuncie el Supremo. Con todo, los letrados disponen de varios años para convencer a más ganaderos para que demanden, cosa que no es fácil -explican- porque en muchos casos estas personas tienen un solo cliente, que es precisamente una de las empresas multadas. Vienen años difíciles para la industria láctea española en el frente financiero y judicial, pues el Tribunal Supremo ha emitido ya los cinco primeros de una batería de fallos que abrirán la puerta a que miles de ganaderos puedan reclamarles indemnizaciones por el dinero que dejaron de ingresar durante los trece años en que existió el llamado ‘cártel de la leche ‘, un arreglo que pergeñaron entre los años 2000 y 2013 las grandes empresas del sector (incluyendo grandes firmas como Danone, Nestlé o Puleva ) para intercambiar información sobre los precios que iban a pagar a sus proveedores y coordinar sus estrategias, según dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un histórico fallo de julio de 2019. Esa resolución, que vino acompañada de una sanción de 80,6 millones de euros contra ocho empresas y dos patronales, fue apenas la antesala de lo que estaba por venir. Tras años de viacrucis judicial , en julio de 2025 los ganaderos recibieron el espaldarazo definitivo cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa de Competencia, dando pie a que los antiguos proveedores de esta empresa pudieran empezar a pedirle compensaciones y, no menos importante, señalando cuál sería la respuesta probable que recibirían el resto de industrias, pues todas recurrieron. La cronología 13 años El cártel existió entre el 2000 y el 2013 Los despachos que representan a los ganaderos están tratando de contactar con todos los proveedores de la industria en aquellos añosTambién fueron inadmitidas las apelaciones de CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana) -aunque esta empresa tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA) y Central Lechera Galicia, y el pasado 29 de junio le tocó el turno a Lactalis (el fabricante de Président), que recibió un fallo de desestimación que confirmó la multa. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación : Pascual, Danone, Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods. Completaba el cártel -según la CNMC- el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), que ni siquiera trató de dar la batalla legal.Noticia relacionada general No No El Supremo confirma una multa de 13,5 millones a Indra por ofrecer servicios públicos de tecnología en cártel Nati VillanuevaABC ha confirmado que ya hay 9.000 demandantes que van a presentar reclamaciones por valor de 1.575 millones de euros a través de grandes despachos especializados, aunque esa cifra es conservadora porque hay una miríada de bufetes menores implicados. Fuentes legales aseguran que el número final de denunciantes rondará los 11.000. Para ilustrar la magnitud de las víctimas potenciales, baste recordar que entre los años 2000 y 2013, que es el período en el que operó el conciliábulo industrial según Competencia, el sector perdió 30.000 profesionales , hasta los 21.000 que había en 2013; y hoy quedan apenas 9.000 (datos del Ministerio de Agricultura). Es imposible determinar hasta qué punto estas explotaciones cerraron debido a la manipulación del mercado o por problemas propios del sector, pero el caso es que la Justicia ha abierto una puerta para que puedan ser resarcidos con entre un 2 y un 9% del valor del producto que vendieron en aquellos años. Esa es la horquilla que están fijando los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a reclamar antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias. Una causa multitudinaria 11.000 Miles de afectados ABC ha confirmado que ya se han presentado 9.000 demandantes, aunque fuentes del sector apuntan a que pueden ser másActualmente la batalla legal se libra en dos frentes. De un lado está el intento por parte de las empresas de ahorrarse el abono de la multa, una estrategia que sufrió un serio traspié cuando en febrero de 2024 la Audiencia Nacional respondió negativamente a los recursos que habían presentado las industrias. El tribunal dio por buenas las pruebas presentadas por la CNMC, que incluían registros de las reuniones mantenidas entre las industrias lácteas y anotaciones manuscritas, aunque en el caso de Danone, Puleva y CAPSA ordenó el recálculo de la multa al entender que había prescripción parcial. Sea como fuere, esto no afectará a las indemnizaciones, que son el otro frente de esta guerra y donde las empresas se juegan realmente el dinero. Según explica a ABC Juan Álvarez, responsable de Negocio de Eskariam, un bufete que representa a 8.000 ganaderos, en su caso reclamarán una cuantía equivalente al 9% de la leche vendida en el período más el interés compuesto, lo que suma 1.200 millones de euros en causas que empezarán a presentar a partir del próximo otoño. Lo que perdieron 9% Los granjeros piden recuperar lo que no cobraron Desde el despacho de abogados Eskariam explican que van a pedir el máximo posible dentro del rango que ha fijado la jurisprudencia, el equivalente a entre un 2 y 9% del precio de cada litro vendidoEs imposible exagerar los números de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que allá por 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños, que abrió la puerta a grandes demandas colectivas. Juan Camacho, letrado de BGI Law, explica que ellos representan a 900 ganaderos que van a pedir 350 millones de euros. El tiempo juega a favor de los granjeros, pues el año pasado el TJUE estableció que el plazo de prescripción de cinco años no empieza a correr hasta que la sanción es firme ; es decir, hasta que se pronuncie el Supremo. Con todo, los letrados disponen de varios años para convencer a más ganaderos para que demanden, cosa que no es fácil -explican- porque en muchos casos estas personas tienen un solo cliente, que es precisamente una de las empresas multadas. Vienen años difíciles para la industria láctea española en el frente financiero y judicial, pues el Tribunal Supremo ha emitido ya los cinco primeros de una batería de fallos que abrirán la puerta a que miles de ganaderos puedan reclamarles indemnizaciones por el dinero que dejaron de ingresar durante los trece años en que existió el llamado ‘cártel de la leche ‘, un arreglo que pergeñaron entre los años 2000 y 2013 las grandes empresas del sector (incluyendo grandes firmas como Danone, Nestlé o Puleva ) para intercambiar información sobre los precios que iban a pagar a sus proveedores y coordinar sus estrategias, según dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un histórico fallo de julio de 2019. Esa resolución, que vino acompañada de una sanción de 80,6 millones de euros contra ocho empresas y dos patronales, fue apenas la antesala de lo que estaba por venir. Tras años de viacrucis judicial , en julio de 2025 los ganaderos recibieron el espaldarazo definitivo cuando el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la multa de Competencia, dando pie a que los antiguos proveedores de esta empresa pudieran empezar a pedirle compensaciones y, no menos importante, señalando cuál sería la respuesta probable que recibirían el resto de industrias, pues todas recurrieron. La cronología 13 años El cártel existió entre el 2000 y el 2013 Los despachos que representan a los ganaderos están tratando de contactar con todos los proveedores de la industria en aquellos añosTambién fueron inadmitidas las apelaciones de CAPSA (el fabricante de Central Lechera Asturiana) -aunque esta empresa tiene otro recurso vivo en el Alto Tribunal de parte de los reclamantes, para ampliar la cuantía de su sanción-, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA) y Central Lechera Galicia, y el pasado 29 de junio le tocó el turno a Lactalis (el fabricante de Président), que recibió un fallo de desestimación que confirmó la multa. En la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación : Pascual, Danone, Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods. Completaba el cártel -según la CNMC- el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), que ni siquiera trató de dar la batalla legal.Noticia relacionada general No No El Supremo confirma una multa de 13,5 millones a Indra por ofrecer servicios públicos de tecnología en cártel Nati VillanuevaABC ha confirmado que ya hay 9.000 demandantes que van a presentar reclamaciones por valor de 1.575 millones de euros a través de grandes despachos especializados, aunque esa cifra es conservadora porque hay una miríada de bufetes menores implicados. Fuentes legales aseguran que el número final de denunciantes rondará los 11.000. Para ilustrar la magnitud de las víctimas potenciales, baste recordar que entre los años 2000 y 2013, que es el período en el que operó el conciliábulo industrial según Competencia, el sector perdió 30.000 profesionales , hasta los 21.000 que había en 2013; y hoy quedan apenas 9.000 (datos del Ministerio de Agricultura). Es imposible determinar hasta qué punto estas explotaciones cerraron debido a la manipulación del mercado o por problemas propios del sector, pero el caso es que la Justicia ha abierto una puerta para que puedan ser resarcidos con entre un 2 y un 9% del valor del producto que vendieron en aquellos años. Esa es la horquilla que están fijando los juzgados ordinarios y audiencias provinciales que ya han fallado sobre las primeras demandas que se presentaron, que los despachos pergeñaron como una suerte de globo sonda que les permitiera fijar las cuantías a reclamar antes de desembarcar en los tribunales con el grueso de las denuncias. Una causa multitudinaria 11.000 Miles de afectados ABC ha confirmado que ya se han presentado 9.000 demandantes, aunque fuentes del sector apuntan a que pueden ser másActualmente la batalla legal se libra en dos frentes. De un lado está el intento por parte de las empresas de ahorrarse el abono de la multa, una estrategia que sufrió un serio traspié cuando en febrero de 2024 la Audiencia Nacional respondió negativamente a los recursos que habían presentado las industrias. El tribunal dio por buenas las pruebas presentadas por la CNMC, que incluían registros de las reuniones mantenidas entre las industrias lácteas y anotaciones manuscritas, aunque en el caso de Danone, Puleva y CAPSA ordenó el recálculo de la multa al entender que había prescripción parcial. Sea como fuere, esto no afectará a las indemnizaciones, que son el otro frente de esta guerra y donde las empresas se juegan realmente el dinero. Según explica a ABC Juan Álvarez, responsable de Negocio de Eskariam, un bufete que representa a 8.000 ganaderos, en su caso reclamarán una cuantía equivalente al 9% de la leche vendida en el período más el interés compuesto, lo que suma 1.200 millones de euros en causas que empezarán a presentar a partir del próximo otoño. Lo que perdieron 9% Los granjeros piden recuperar lo que no cobraron Desde el despacho de abogados Eskariam explican que van a pedir el máximo posible dentro del rango que ha fijado la jurisprudencia, el equivalente a entre un 2 y 9% del precio de cada litro vendidoEs imposible exagerar los números de este caso, que apunta a convertirse en el más mediático de todos los que se han abierto contra cárteles en nuestro país desde que allá por 2017 el Gobierno transpusiera la Directiva Europea de Daños, que abrió la puerta a grandes demandas colectivas. Juan Camacho, letrado de BGI Law, explica que ellos representan a 900 ganaderos que van a pedir 350 millones de euros. El tiempo juega a favor de los granjeros, pues el año pasado el TJUE estableció que el plazo de prescripción de cinco años no empieza a correr hasta que la sanción es firme ; es decir, hasta que se pronuncie el Supremo. Con todo, los letrados disponen de varios años para convencer a más ganaderos para que demanden, cosa que no es fácil -explican- porque en muchos casos estas personas tienen un solo cliente, que es precisamente una de las empresas multadas. RSS de noticias de economia
Noticias Similares
