Víctor de Aldama y otros implicados en la trama Koldo del caso Ábalos pudieron moverse con libertad por los pasillos y los despachos del Ministerio de Transportes sin que nada trascendiera a la opinión pública. Bajo el velo de la opacidad de la agenda de los altos cargos y la ausencia de una obligación legal de transparentar las reuniones y contactos que mantienen las personas encargadas de redactar las leyes con quiénes tienen intención de influir en ellas ha medrado una casta de conseguidores , que no solo ha permitido la proliferación de tramas corruptas sino que ha extendido un halo de desconfianza sobre aquellos otros profesionales del lobby que defienden los intereses de sus clientes de manera lícita.La Comisión Europea, la OCDE o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) llevan más de una década exigiendo a España una legislación que regule los grupos de interés y aumente la transparencia de las actuaciones públicas, sin demasiado éxito. Hasta ahora. Este jueves entrará en vigor un real decreto ley aprobado el martes en Consejo de Ministros que regula la actividad de los grupos de interés, pendiente como siempre de que sea convalidado por el Congreso de aquí en treinta días. La norma incrementa las obligaciones de información de los altos cargos sobre las reuniones que mantengan con empresas, agencias de lobby y otros grupos de interés, hasta el punto de obligar de forma expresa a reportar «toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia realizada por cualquier medio o canal con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros». Un grado de detalle que según un profesional del sector consultado por ABC exigirá que se informe «hasta de los mensajes de Whatsapp» y cuyo cumplimiento efectivo considera improbable.Luz sobre el proceso de formación de las leyes¿Por qué? Porque el Gobierno, que ha aprobado de forma sorpresiva en pleno mes de agosto y por real decreto ley una norma que ya estaba tramitándose en el Congreso, pretende que se hagan públicos todos los documentos, estudios, datos, informes y argumentarios que presenten las empresas, las patronales, los sindicatos o cualquier otro grupo de interés para tratar de influir no solo en una ley determinada sino en cualquier otra política pública. Un estriptis del que la norma solo excluye aquella información que pueda ser considerada confidencial desde el punto de vista mercantil o comercial.La norma también exigirá que el informe obligatorio que tendrá que elevar al Consejo de Transparencia para su exposición pública el alto cargo, alto funcionario, asesor o responsable de institución pública que se reúne con un grupo de interés identifique a las personas presentes en la reunión, su función profesional y, en caso de que la reunión no se sostenga sobre documentos escritos, una acta o minuta de la norma o política en que se pretende influir, en qué sentido y los argumentos puestos sobre la mesa.La norma obliga a informar de sus reuniones no solo a los ministros y secretarios de Estado sino también a los altos funcionarios y a los asesoresEl objetivo sobre el papel es garantizar una trazabilidad casi completa del proceso regulatorio , hasta tal punto de que la norma exige a este Gobierno y a los que vengan en el futuro que precisen cualquier cambio que se haya introducido en un proyecto normativo por la intervención de los grupos de interés y también qué cambios han sido propiciados por cada uno de ellos. Un nivel de información impensable en un país en el que siempre se ha hablado de que hay párrafos, artículos y hasta leyes completas que han sido redactadas en ámbitos ajenos al poder ejecutivo y legislativo sin que jamás se haya dejado una huella de ello.Todo bajo una premisa básica que el sector venía reclamando desde hace años. Que ningún alto cargo pueda reunirse con ningún actor o grupo de interés que no esté dado de alta en el Registro de Grupos de Interés que la norma crea, pero sobre cuya entrada en funcionamiento hay dudas.El sector del lobby da la bienvenida a la normaLa vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (ARPI), Irene Matías, reconoce que esa es una de las grandes dudas que el texto ha dejado en el sector. La norma y las obligaciones que establece entran en vigor este jueves, pero aún no se sabe qué plazo tienen los grupos de interés y profesionales de la incidencia pública para darse de alta en el mismo. Más allá de esas dudas la valoración que la principal organización representativa del sector, que lleva años peleando por profesionalizar el mundo del lobby en España y que en su día cerró la puerta a Acento, la consultora fundada por el ex ministro socialista José Blanco por no cumplir sus exigentes disposiciones estatutarias, es positiva. «Se garantiza una trazabilidad casi completa del proceso legislativo y se han incorporado peticiones del sector respecto al proyecto inicial como que sea un órgano independiente como el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, y no la Oficina de Conflicto de Interés, la que gestione el cumplimiento de las obligaciones de información», asegura.La norma eleva las exigencias de información a los lobbies para poder estar integrados en el registro estatal. Deberán referir todo el personal dedicado a esa función en la firma, su balance financiero del último año y en caso de estar integrada, como sucede en muchos casos, en una consultora que ofrece más servicios, los recursos que se destinan a este objetivo y, algo muy relevante, deberán informar de todos los profesionales que tengan en plantilla que hayan sido ex altos cargos de la Administración durante los últimos cinco años, como cautela para evitar los conflictos de interés.Se obliga también a elevar la exigencia sobre la forma de hacer lobby. La información que se traslade a la Administración deberá ser fiable y veraz y se castigará con multas de hasta 50.000 euros la presentación de información no veraz o la difusión por cualquier cauce de mensajes que pretendan añadir confusión en el debate público o manipular. Víctor de Aldama y otros implicados en la trama Koldo del caso Ábalos pudieron moverse con libertad por los pasillos y los despachos del Ministerio de Transportes sin que nada trascendiera a la opinión pública. Bajo el velo de la opacidad de la agenda de los altos cargos y la ausencia de una obligación legal de transparentar las reuniones y contactos que mantienen las personas encargadas de redactar las leyes con quiénes tienen intención de influir en ellas ha medrado una casta de conseguidores , que no solo ha permitido la proliferación de tramas corruptas sino que ha extendido un halo de desconfianza sobre aquellos otros profesionales del lobby que defienden los intereses de sus clientes de manera lícita.La Comisión Europea, la OCDE o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) llevan más de una década exigiendo a España una legislación que regule los grupos de interés y aumente la transparencia de las actuaciones públicas, sin demasiado éxito. Hasta ahora. Este jueves entrará en vigor un real decreto ley aprobado el martes en Consejo de Ministros que regula la actividad de los grupos de interés, pendiente como siempre de que sea convalidado por el Congreso de aquí en treinta días. La norma incrementa las obligaciones de información de los altos cargos sobre las reuniones que mantengan con empresas, agencias de lobby y otros grupos de interés, hasta el punto de obligar de forma expresa a reportar «toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia realizada por cualquier medio o canal con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros». Un grado de detalle que según un profesional del sector consultado por ABC exigirá que se informe «hasta de los mensajes de Whatsapp» y cuyo cumplimiento efectivo considera improbable.Luz sobre el proceso de formación de las leyes¿Por qué? Porque el Gobierno, que ha aprobado de forma sorpresiva en pleno mes de agosto y por real decreto ley una norma que ya estaba tramitándose en el Congreso, pretende que se hagan públicos todos los documentos, estudios, datos, informes y argumentarios que presenten las empresas, las patronales, los sindicatos o cualquier otro grupo de interés para tratar de influir no solo en una ley determinada sino en cualquier otra política pública. Un estriptis del que la norma solo excluye aquella información que pueda ser considerada confidencial desde el punto de vista mercantil o comercial.La norma también exigirá que el informe obligatorio que tendrá que elevar al Consejo de Transparencia para su exposición pública el alto cargo, alto funcionario, asesor o responsable de institución pública que se reúne con un grupo de interés identifique a las personas presentes en la reunión, su función profesional y, en caso de que la reunión no se sostenga sobre documentos escritos, una acta o minuta de la norma o política en que se pretende influir, en qué sentido y los argumentos puestos sobre la mesa.La norma obliga a informar de sus reuniones no solo a los ministros y secretarios de Estado sino también a los altos funcionarios y a los asesoresEl objetivo sobre el papel es garantizar una trazabilidad casi completa del proceso regulatorio , hasta tal punto de que la norma exige a este Gobierno y a los que vengan en el futuro que precisen cualquier cambio que se haya introducido en un proyecto normativo por la intervención de los grupos de interés y también qué cambios han sido propiciados por cada uno de ellos. Un nivel de información impensable en un país en el que siempre se ha hablado de que hay párrafos, artículos y hasta leyes completas que han sido redactadas en ámbitos ajenos al poder ejecutivo y legislativo sin que jamás se haya dejado una huella de ello.Todo bajo una premisa básica que el sector venía reclamando desde hace años. Que ningún alto cargo pueda reunirse con ningún actor o grupo de interés que no esté dado de alta en el Registro de Grupos de Interés que la norma crea, pero sobre cuya entrada en funcionamiento hay dudas.El sector del lobby da la bienvenida a la normaLa vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (ARPI), Irene Matías, reconoce que esa es una de las grandes dudas que el texto ha dejado en el sector. La norma y las obligaciones que establece entran en vigor este jueves, pero aún no se sabe qué plazo tienen los grupos de interés y profesionales de la incidencia pública para darse de alta en el mismo. Más allá de esas dudas la valoración que la principal organización representativa del sector, que lleva años peleando por profesionalizar el mundo del lobby en España y que en su día cerró la puerta a Acento, la consultora fundada por el ex ministro socialista José Blanco por no cumplir sus exigentes disposiciones estatutarias, es positiva. «Se garantiza una trazabilidad casi completa del proceso legislativo y se han incorporado peticiones del sector respecto al proyecto inicial como que sea un órgano independiente como el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, y no la Oficina de Conflicto de Interés, la que gestione el cumplimiento de las obligaciones de información», asegura.La norma eleva las exigencias de información a los lobbies para poder estar integrados en el registro estatal. Deberán referir todo el personal dedicado a esa función en la firma, su balance financiero del último año y en caso de estar integrada, como sucede en muchos casos, en una consultora que ofrece más servicios, los recursos que se destinan a este objetivo y, algo muy relevante, deberán informar de todos los profesionales que tengan en plantilla que hayan sido ex altos cargos de la Administración durante los últimos cinco años, como cautela para evitar los conflictos de interés.Se obliga también a elevar la exigencia sobre la forma de hacer lobby. La información que se traslade a la Administración deberá ser fiable y veraz y se castigará con multas de hasta 50.000 euros la presentación de información no veraz o la difusión por cualquier cauce de mensajes que pretendan añadir confusión en el debate público o manipular. Víctor de Aldama y otros implicados en la trama Koldo del caso Ábalos pudieron moverse con libertad por los pasillos y los despachos del Ministerio de Transportes sin que nada trascendiera a la opinión pública. Bajo el velo de la opacidad de la agenda de los altos cargos y la ausencia de una obligación legal de transparentar las reuniones y contactos que mantienen las personas encargadas de redactar las leyes con quiénes tienen intención de influir en ellas ha medrado una casta de conseguidores , que no solo ha permitido la proliferación de tramas corruptas sino que ha extendido un halo de desconfianza sobre aquellos otros profesionales del lobby que defienden los intereses de sus clientes de manera lícita.La Comisión Europea, la OCDE o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) llevan más de una década exigiendo a España una legislación que regule los grupos de interés y aumente la transparencia de las actuaciones públicas, sin demasiado éxito. Hasta ahora. Este jueves entrará en vigor un real decreto ley aprobado el martes en Consejo de Ministros que regula la actividad de los grupos de interés, pendiente como siempre de que sea convalidado por el Congreso de aquí en treinta días. La norma incrementa las obligaciones de información de los altos cargos sobre las reuniones que mantengan con empresas, agencias de lobby y otros grupos de interés, hasta el punto de obligar de forma expresa a reportar «toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia realizada por cualquier medio o canal con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros». Un grado de detalle que según un profesional del sector consultado por ABC exigirá que se informe «hasta de los mensajes de Whatsapp» y cuyo cumplimiento efectivo considera improbable.Luz sobre el proceso de formación de las leyes¿Por qué? Porque el Gobierno, que ha aprobado de forma sorpresiva en pleno mes de agosto y por real decreto ley una norma que ya estaba tramitándose en el Congreso, pretende que se hagan públicos todos los documentos, estudios, datos, informes y argumentarios que presenten las empresas, las patronales, los sindicatos o cualquier otro grupo de interés para tratar de influir no solo en una ley determinada sino en cualquier otra política pública. Un estriptis del que la norma solo excluye aquella información que pueda ser considerada confidencial desde el punto de vista mercantil o comercial.La norma también exigirá que el informe obligatorio que tendrá que elevar al Consejo de Transparencia para su exposición pública el alto cargo, alto funcionario, asesor o responsable de institución pública que se reúne con un grupo de interés identifique a las personas presentes en la reunión, su función profesional y, en caso de que la reunión no se sostenga sobre documentos escritos, una acta o minuta de la norma o política en que se pretende influir, en qué sentido y los argumentos puestos sobre la mesa.La norma obliga a informar de sus reuniones no solo a los ministros y secretarios de Estado sino también a los altos funcionarios y a los asesoresEl objetivo sobre el papel es garantizar una trazabilidad casi completa del proceso regulatorio , hasta tal punto de que la norma exige a este Gobierno y a los que vengan en el futuro que precisen cualquier cambio que se haya introducido en un proyecto normativo por la intervención de los grupos de interés y también qué cambios han sido propiciados por cada uno de ellos. Un nivel de información impensable en un país en el que siempre se ha hablado de que hay párrafos, artículos y hasta leyes completas que han sido redactadas en ámbitos ajenos al poder ejecutivo y legislativo sin que jamás se haya dejado una huella de ello.Todo bajo una premisa básica que el sector venía reclamando desde hace años. Que ningún alto cargo pueda reunirse con ningún actor o grupo de interés que no esté dado de alta en el Registro de Grupos de Interés que la norma crea, pero sobre cuya entrada en funcionamiento hay dudas.El sector del lobby da la bienvenida a la normaLa vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (ARPI), Irene Matías, reconoce que esa es una de las grandes dudas que el texto ha dejado en el sector. La norma y las obligaciones que establece entran en vigor este jueves, pero aún no se sabe qué plazo tienen los grupos de interés y profesionales de la incidencia pública para darse de alta en el mismo. Más allá de esas dudas la valoración que la principal organización representativa del sector, que lleva años peleando por profesionalizar el mundo del lobby en España y que en su día cerró la puerta a Acento, la consultora fundada por el ex ministro socialista José Blanco por no cumplir sus exigentes disposiciones estatutarias, es positiva. «Se garantiza una trazabilidad casi completa del proceso legislativo y se han incorporado peticiones del sector respecto al proyecto inicial como que sea un órgano independiente como el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, y no la Oficina de Conflicto de Interés, la que gestione el cumplimiento de las obligaciones de información», asegura.La norma eleva las exigencias de información a los lobbies para poder estar integrados en el registro estatal. Deberán referir todo el personal dedicado a esa función en la firma, su balance financiero del último año y en caso de estar integrada, como sucede en muchos casos, en una consultora que ofrece más servicios, los recursos que se destinan a este objetivo y, algo muy relevante, deberán informar de todos los profesionales que tengan en plantilla que hayan sido ex altos cargos de la Administración durante los últimos cinco años, como cautela para evitar los conflictos de interés.Se obliga también a elevar la exigencia sobre la forma de hacer lobby. La información que se traslade a la Administración deberá ser fiable y veraz y se castigará con multas de hasta 50.000 euros la presentación de información no veraz o la difusión por cualquier cauce de mensajes que pretendan añadir confusión en el debate público o manipular. RSS de noticias de economia
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