En el Tribunal Supremo no ha colado la pose de cordero inocente adoptada por dos empresarios condenados en el caso de los ERE en Andalucía. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena de un año y medio de prisión para los dos administradores de la mercantil gaditana Novomag Manufacturas Metálicas SL como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación en una pieza separada de esta macrocausa. En una sentencia dictada el pasado 4 de junio, a la que ha accedido ABC, el Alto Tribunal desarma punto por punto el principal asidero de las defensas: el intento de los empresarios de presentarse ante la Justicia como damnificados por un engranaje corrupto que ellos no diseñaron, en lugar de como beneficiarios directos del desvío de fondos públicos.Los magistrados de la Sala Segunda ratifican así, de forma íntegra, la sentencia dictada en septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo obliga a ambos gestores a devolver, conjunta y solidariamente con la empresa como responsable civil subsidiaria, los 420.708,47 euros que recibieron de la Junta de Andalucía con cargo a la opaca partida presupuestaria 31L, bautizada como «fondo de reptiles».En su recurso de casación, la defensa de los condenados pidió su exculpación alegando su supuesto desconocimiento sobre las irregularidades en la concesión de la ayuda a la empresa ubicada en La Línea de la Concepción (Cádiz). Sostenían que cuando acudieron a la Administración autonómica en 2003, el mecanismo fraudulento llevaba años funcionando. Esgrimían que la Audiencia hispalense «debió analizar» que cómo la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, estableció un sistema «opaco y fruto de una auténtica ingeniería financiera /presupuestaría, que ningún órgano de la Administración pública supo ver y frenar en más de 10 años y que fue descubierto por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)».Los empresarios alegaron que eran unos «simples trabajadores que ejercieron un cargo de responsabilidad» y que carecían de formaciónPartiendo de esta premisa, los recurrentes se proclamaban «víctimas del sistema implantado en la Junta de Andalucía» y argumentaban que unos «simples trabajadores» sin formación financiera no tenían la obligación de ejercer funciones de policía para fiscalizar si la Administración cumplía la legalidad al otorgarles una subvención.El Supremo considera inverosímil la defensa de los empresarios. Su versión «carece de toda fuerza de convicción» y no ofrece una alternativa razonable a los hechos delictivos ya probados, advierte la sentencia redactada por el magistrado ponente Leopoldo Puente , que también investiga la supuesta trama dedicada al cobro de mordidas con el amaño de obras públicas en el conocido como caso Koldo.La sala considera inverosímil su versiónLa resolución considera que aceptar el alegado desconocimiento de los acusados arrojaría un escenario irreal en el que determinados funcionarios públicos, totalmente ajenos a los intereses económicos de Novomag, «la habrían escogido al azar para favorecerla con el pago de cientos de miles de euros públicos». Para la sala, resulta impensable asumir que la Administración falseó de forma deliberada datos cruciales de la empresa, como su actividad real o su número de trabajadores, «a espaldas de la misma» y sin la participación activa de sus propios representantes legales. El exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, suscribió un convenio de colaboración en 2003 con la finalidad de destinar 420.708 euros a la compra de maquinaria, pero los condenados la emplearon en saldar las deudas de una empresa anterior de los mismos dueños (Idisur), quebrada un año antes.El dinero no se destinó a comprar maquinaria para la empresa, como se recogió en el convenio, sino a saldar deudas de otra sociedadEl Supremo remata su razonamiento recordando que aceptar la coartada implicaría creer que la Junta entregó casi medio millón de euros pasando por alto deudas con la Seguridad Social y sin exigir control alguno, «animados aquéllos por un desconocido e indescifrable propósito». El tribunal concluye que las pruebas de cargo son «más que bastantes para reputar enervado el derecho a la presunción de inocencia».Sin llegar a presentar jamás una solicitud formal, los acusados se reunieron con la Dirección General de Trabajo. El resultado fue un convenio firmado en junio de 2003 con el Instituto de Fomento de Andalucía (actual agencia IDEA) plagado de datos que no resultaron reales: decía que Novomag iba a invertir 1,7 millones en maquinaria y que tenía 35 trabajadores. La realidad es que carecía de actividad. El dinero público —ingresado en tres transferencias entre 2004 y 2008— sirvió para pagar 47.313 euros en minutas a un despacho y liquidar deudas a la Seguridad Social de la extinta Idisur.Los que dieron el dinero no estaban en el banquilloEn este juicio solo se sentaron a quienes recibieron el dinero público, pero no a quien lo dio: el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. El tribunal sevillano entendió en su día que su responsabilidad ya había sido juzgada en la «pieza política» de los ERE —cuya sentencia ratificó el Supremo y ha revisado parcialmente el Tribunal Constitucional—, a lo que se sumó el fallecimiento del exalto cargo en 2020.Con esta resolución firme, el Supremo envía un recado a los empresarios que desviaron fondos públicos con cargo a la partida de los ERE: el paraguas de las presuntas negligencias de la Administración no basta por sí solo para cobijar a quien se lucra con el dinero de todos. En el Tribunal Supremo no ha colado la pose de cordero inocente adoptada por dos empresarios condenados en el caso de los ERE en Andalucía. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena de un año y medio de prisión para los dos administradores de la mercantil gaditana Novomag Manufacturas Metálicas SL como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación en una pieza separada de esta macrocausa. En una sentencia dictada el pasado 4 de junio, a la que ha accedido ABC, el Alto Tribunal desarma punto por punto el principal asidero de las defensas: el intento de los empresarios de presentarse ante la Justicia como damnificados por un engranaje corrupto que ellos no diseñaron, en lugar de como beneficiarios directos del desvío de fondos públicos.Los magistrados de la Sala Segunda ratifican así, de forma íntegra, la sentencia dictada en septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo obliga a ambos gestores a devolver, conjunta y solidariamente con la empresa como responsable civil subsidiaria, los 420.708,47 euros que recibieron de la Junta de Andalucía con cargo a la opaca partida presupuestaria 31L, bautizada como «fondo de reptiles».En su recurso de casación, la defensa de los condenados pidió su exculpación alegando su supuesto desconocimiento sobre las irregularidades en la concesión de la ayuda a la empresa ubicada en La Línea de la Concepción (Cádiz). Sostenían que cuando acudieron a la Administración autonómica en 2003, el mecanismo fraudulento llevaba años funcionando. Esgrimían que la Audiencia hispalense «debió analizar» que cómo la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, estableció un sistema «opaco y fruto de una auténtica ingeniería financiera /presupuestaría, que ningún órgano de la Administración pública supo ver y frenar en más de 10 años y que fue descubierto por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)».Los empresarios alegaron que eran unos «simples trabajadores que ejercieron un cargo de responsabilidad» y que carecían de formaciónPartiendo de esta premisa, los recurrentes se proclamaban «víctimas del sistema implantado en la Junta de Andalucía» y argumentaban que unos «simples trabajadores» sin formación financiera no tenían la obligación de ejercer funciones de policía para fiscalizar si la Administración cumplía la legalidad al otorgarles una subvención.El Supremo considera inverosímil la defensa de los empresarios. Su versión «carece de toda fuerza de convicción» y no ofrece una alternativa razonable a los hechos delictivos ya probados, advierte la sentencia redactada por el magistrado ponente Leopoldo Puente , que también investiga la supuesta trama dedicada al cobro de mordidas con el amaño de obras públicas en el conocido como caso Koldo.La sala considera inverosímil su versiónLa resolución considera que aceptar el alegado desconocimiento de los acusados arrojaría un escenario irreal en el que determinados funcionarios públicos, totalmente ajenos a los intereses económicos de Novomag, «la habrían escogido al azar para favorecerla con el pago de cientos de miles de euros públicos». Para la sala, resulta impensable asumir que la Administración falseó de forma deliberada datos cruciales de la empresa, como su actividad real o su número de trabajadores, «a espaldas de la misma» y sin la participación activa de sus propios representantes legales. El exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, suscribió un convenio de colaboración en 2003 con la finalidad de destinar 420.708 euros a la compra de maquinaria, pero los condenados la emplearon en saldar las deudas de una empresa anterior de los mismos dueños (Idisur), quebrada un año antes.El dinero no se destinó a comprar maquinaria para la empresa, como se recogió en el convenio, sino a saldar deudas de otra sociedadEl Supremo remata su razonamiento recordando que aceptar la coartada implicaría creer que la Junta entregó casi medio millón de euros pasando por alto deudas con la Seguridad Social y sin exigir control alguno, «animados aquéllos por un desconocido e indescifrable propósito». El tribunal concluye que las pruebas de cargo son «más que bastantes para reputar enervado el derecho a la presunción de inocencia».Sin llegar a presentar jamás una solicitud formal, los acusados se reunieron con la Dirección General de Trabajo. El resultado fue un convenio firmado en junio de 2003 con el Instituto de Fomento de Andalucía (actual agencia IDEA) plagado de datos que no resultaron reales: decía que Novomag iba a invertir 1,7 millones en maquinaria y que tenía 35 trabajadores. La realidad es que carecía de actividad. El dinero público —ingresado en tres transferencias entre 2004 y 2008— sirvió para pagar 47.313 euros en minutas a un despacho y liquidar deudas a la Seguridad Social de la extinta Idisur.Los que dieron el dinero no estaban en el banquilloEn este juicio solo se sentaron a quienes recibieron el dinero público, pero no a quien lo dio: el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. El tribunal sevillano entendió en su día que su responsabilidad ya había sido juzgada en la «pieza política» de los ERE —cuya sentencia ratificó el Supremo y ha revisado parcialmente el Tribunal Constitucional—, a lo que se sumó el fallecimiento del exalto cargo en 2020.Con esta resolución firme, el Supremo envía un recado a los empresarios que desviaron fondos públicos con cargo a la partida de los ERE: el paraguas de las presuntas negligencias de la Administración no basta por sí solo para cobijar a quien se lucra con el dinero de todos. En el Tribunal Supremo no ha colado la pose de cordero inocente adoptada por dos empresarios condenados en el caso de los ERE en Andalucía. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena de un año y medio de prisión para los dos administradores de la mercantil gaditana Novomag Manufacturas Metálicas SL como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación en una pieza separada de esta macrocausa. En una sentencia dictada el pasado 4 de junio, a la que ha accedido ABC, el Alto Tribunal desarma punto por punto el principal asidero de las defensas: el intento de los empresarios de presentarse ante la Justicia como damnificados por un engranaje corrupto que ellos no diseñaron, en lugar de como beneficiarios directos del desvío de fondos públicos.Los magistrados de la Sala Segunda ratifican así, de forma íntegra, la sentencia dictada en septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo obliga a ambos gestores a devolver, conjunta y solidariamente con la empresa como responsable civil subsidiaria, los 420.708,47 euros que recibieron de la Junta de Andalucía con cargo a la opaca partida presupuestaria 31L, bautizada como «fondo de reptiles».En su recurso de casación, la defensa de los condenados pidió su exculpación alegando su supuesto desconocimiento sobre las irregularidades en la concesión de la ayuda a la empresa ubicada en La Línea de la Concepción (Cádiz). Sostenían que cuando acudieron a la Administración autonómica en 2003, el mecanismo fraudulento llevaba años funcionando. Esgrimían que la Audiencia hispalense «debió analizar» que cómo la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, estableció un sistema «opaco y fruto de una auténtica ingeniería financiera /presupuestaría, que ningún órgano de la Administración pública supo ver y frenar en más de 10 años y que fue descubierto por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)».Los empresarios alegaron que eran unos «simples trabajadores que ejercieron un cargo de responsabilidad» y que carecían de formaciónPartiendo de esta premisa, los recurrentes se proclamaban «víctimas del sistema implantado en la Junta de Andalucía» y argumentaban que unos «simples trabajadores» sin formación financiera no tenían la obligación de ejercer funciones de policía para fiscalizar si la Administración cumplía la legalidad al otorgarles una subvención.El Supremo considera inverosímil la defensa de los empresarios. Su versión «carece de toda fuerza de convicción» y no ofrece una alternativa razonable a los hechos delictivos ya probados, advierte la sentencia redactada por el magistrado ponente Leopoldo Puente , que también investiga la supuesta trama dedicada al cobro de mordidas con el amaño de obras públicas en el conocido como caso Koldo.La sala considera inverosímil su versiónLa resolución considera que aceptar el alegado desconocimiento de los acusados arrojaría un escenario irreal en el que determinados funcionarios públicos, totalmente ajenos a los intereses económicos de Novomag, «la habrían escogido al azar para favorecerla con el pago de cientos de miles de euros públicos». Para la sala, resulta impensable asumir que la Administración falseó de forma deliberada datos cruciales de la empresa, como su actividad real o su número de trabajadores, «a espaldas de la misma» y sin la participación activa de sus propios representantes legales. El exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, suscribió un convenio de colaboración en 2003 con la finalidad de destinar 420.708 euros a la compra de maquinaria, pero los condenados la emplearon en saldar las deudas de una empresa anterior de los mismos dueños (Idisur), quebrada un año antes.El dinero no se destinó a comprar maquinaria para la empresa, como se recogió en el convenio, sino a saldar deudas de otra sociedadEl Supremo remata su razonamiento recordando que aceptar la coartada implicaría creer que la Junta entregó casi medio millón de euros pasando por alto deudas con la Seguridad Social y sin exigir control alguno, «animados aquéllos por un desconocido e indescifrable propósito». El tribunal concluye que las pruebas de cargo son «más que bastantes para reputar enervado el derecho a la presunción de inocencia».Sin llegar a presentar jamás una solicitud formal, los acusados se reunieron con la Dirección General de Trabajo. El resultado fue un convenio firmado en junio de 2003 con el Instituto de Fomento de Andalucía (actual agencia IDEA) plagado de datos que no resultaron reales: decía que Novomag iba a invertir 1,7 millones en maquinaria y que tenía 35 trabajadores. La realidad es que carecía de actividad. El dinero público —ingresado en tres transferencias entre 2004 y 2008— sirvió para pagar 47.313 euros en minutas a un despacho y liquidar deudas a la Seguridad Social de la extinta Idisur.Los que dieron el dinero no estaban en el banquilloEn este juicio solo se sentaron a quienes recibieron el dinero público, pero no a quien lo dio: el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. El tribunal sevillano entendió en su día que su responsabilidad ya había sido juzgada en la «pieza política» de los ERE —cuya sentencia ratificó el Supremo y ha revisado parcialmente el Tribunal Constitucional—, a lo que se sumó el fallecimiento del exalto cargo en 2020.Con esta resolución firme, el Supremo envía un recado a los empresarios que desviaron fondos públicos con cargo a la partida de los ERE: el paraguas de las presuntas negligencias de la Administración no basta por sí solo para cobijar a quien se lucra con el dinero de todos. RSS de noticias de espana/andalucia
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