La entrada forzada y coordinada de más de 50.000 personas en Ceuta en apenas veinticuatro horas (una ciudad cuya población apenas supera los 80.000 habitantes) constituye, ante todo, una crisis geopolítica de primer orden. Pero, más allá de sus derivadas diplomáticas, el suceso nos proporciona una radiografía muy nítida de la naturaleza económica del Estado español: la de un Estado enorme en tamaño pero raquítico en capacidades.Ciertamente, nadie podrá acusar al Estado español de ser un Estado pequeño: su recaudación tributaria encadena máximos históricos año tras año y su gasto público ronda la mitad del PIB. Ahora bien, ¿a qué se destina esa gigantesca masa de recursos? Esencialmente, a redistribuir renta entre los propios españoles (pensiones, subsidios, transferencias, subvenciones), esto es, a trasvasar dinero desde unos bolsillos hacia otros. El nuestro es un Estado hipertrofiado como maquinaria redistributiva pero atrofiado como organización dotada de capacidad operativa para actuar allí donde, en teoría, se justifica su propia existencia (el ejercicio de la soberanía sobre un territorio ocupado por una población nacional).Es lo que la literatura económica denomina «capacidad estatal»: la aptitud de una administración para planificar y ejecutar con eficacia sus funciones nucleares, empezando por la protección de su población frente a acontecimientos catastróficos. Y en ese terreno el Estado español viene fracasando estrepitosamente: fracasó frente a las inundaciones que anegaron Valencia, fracasó frente al apagón que dejó a oscuras a la Península, fracasa cada verano frente a los incendios que arrasan nuestros montes y fracasa ahora frente a un movimiento poblacional hostil sobre una de sus fronteras. Hasta tal punto llega su impotencia que ni siquiera venía ejerciendo directamente el control fronterizo de Ceuta: lo había subcontratado de facto al Estado marroquí, regalándole con ello una fortísima palanca de chantaje diplomático («o me concedes lo que te exijo o dejo de vigilar eficazmente una frontera que tú mismo eres incapaz de custodiar»).La paradoja solo es aparente: cuanto más crece el Estado redistributivo, más se atrofia el Estado gestor. Cada punto de PIB absorbido por las transferencias corrientes es un punto que no se invierte en capacidad estatal; y cada político consagrado a repartir rentas entre su clientela electoral es un político que saca de su agenda y programa la gestión activa del Estado, pues esta apenas rinde réditos inmediatos en las urnas. Y no es que al Estado español le falten recursos: es que los consume íntegramente en alimentar su base de clientes electorales a costa de desfinanciar sus competencias nucleares. El resultado es un Estado que cobra impuestos como un leviatán pero que responde ante las crisis como un Estado fallido.Y los Estados fallidos tienen mal pronóstico en un mundo de Estados que son máquinas voraces de conquista y de dominación: cuando los demás huelen sangre en uno de sus competidores, se lanzan a despedazarlo. Marruecos ha olido esa sangre y ya ha comenzado a lanzarse a ello. La entrada forzada y coordinada de más de 50.000 personas en Ceuta en apenas veinticuatro horas (una ciudad cuya población apenas supera los 80.000 habitantes) constituye, ante todo, una crisis geopolítica de primer orden. Pero, más allá de sus derivadas diplomáticas, el suceso nos proporciona una radiografía muy nítida de la naturaleza económica del Estado español: la de un Estado enorme en tamaño pero raquítico en capacidades.Ciertamente, nadie podrá acusar al Estado español de ser un Estado pequeño: su recaudación tributaria encadena máximos históricos año tras año y su gasto público ronda la mitad del PIB. Ahora bien, ¿a qué se destina esa gigantesca masa de recursos? Esencialmente, a redistribuir renta entre los propios españoles (pensiones, subsidios, transferencias, subvenciones), esto es, a trasvasar dinero desde unos bolsillos hacia otros. El nuestro es un Estado hipertrofiado como maquinaria redistributiva pero atrofiado como organización dotada de capacidad operativa para actuar allí donde, en teoría, se justifica su propia existencia (el ejercicio de la soberanía sobre un territorio ocupado por una población nacional).Es lo que la literatura económica denomina «capacidad estatal»: la aptitud de una administración para planificar y ejecutar con eficacia sus funciones nucleares, empezando por la protección de su población frente a acontecimientos catastróficos. Y en ese terreno el Estado español viene fracasando estrepitosamente: fracasó frente a las inundaciones que anegaron Valencia, fracasó frente al apagón que dejó a oscuras a la Península, fracasa cada verano frente a los incendios que arrasan nuestros montes y fracasa ahora frente a un movimiento poblacional hostil sobre una de sus fronteras. Hasta tal punto llega su impotencia que ni siquiera venía ejerciendo directamente el control fronterizo de Ceuta: lo había subcontratado de facto al Estado marroquí, regalándole con ello una fortísima palanca de chantaje diplomático («o me concedes lo que te exijo o dejo de vigilar eficazmente una frontera que tú mismo eres incapaz de custodiar»).La paradoja solo es aparente: cuanto más crece el Estado redistributivo, más se atrofia el Estado gestor. Cada punto de PIB absorbido por las transferencias corrientes es un punto que no se invierte en capacidad estatal; y cada político consagrado a repartir rentas entre su clientela electoral es un político que saca de su agenda y programa la gestión activa del Estado, pues esta apenas rinde réditos inmediatos en las urnas. Y no es que al Estado español le falten recursos: es que los consume íntegramente en alimentar su base de clientes electorales a costa de desfinanciar sus competencias nucleares. El resultado es un Estado que cobra impuestos como un leviatán pero que responde ante las crisis como un Estado fallido.Y los Estados fallidos tienen mal pronóstico en un mundo de Estados que son máquinas voraces de conquista y de dominación: cuando los demás huelen sangre en uno de sus competidores, se lanzan a despedazarlo. Marruecos ha olido esa sangre y ya ha comenzado a lanzarse a ello. La entrada forzada y coordinada de más de 50.000 personas en Ceuta en apenas veinticuatro horas (una ciudad cuya población apenas supera los 80.000 habitantes) constituye, ante todo, una crisis geopolítica de primer orden. Pero, más allá de sus derivadas diplomáticas, el suceso nos proporciona una radiografía muy nítida de la naturaleza económica del Estado español: la de un Estado enorme en tamaño pero raquítico en capacidades.Ciertamente, nadie podrá acusar al Estado español de ser un Estado pequeño: su recaudación tributaria encadena máximos históricos año tras año y su gasto público ronda la mitad del PIB. Ahora bien, ¿a qué se destina esa gigantesca masa de recursos? Esencialmente, a redistribuir renta entre los propios españoles (pensiones, subsidios, transferencias, subvenciones), esto es, a trasvasar dinero desde unos bolsillos hacia otros. El nuestro es un Estado hipertrofiado como maquinaria redistributiva pero atrofiado como organización dotada de capacidad operativa para actuar allí donde, en teoría, se justifica su propia existencia (el ejercicio de la soberanía sobre un territorio ocupado por una población nacional).Es lo que la literatura económica denomina «capacidad estatal»: la aptitud de una administración para planificar y ejecutar con eficacia sus funciones nucleares, empezando por la protección de su población frente a acontecimientos catastróficos. Y en ese terreno el Estado español viene fracasando estrepitosamente: fracasó frente a las inundaciones que anegaron Valencia, fracasó frente al apagón que dejó a oscuras a la Península, fracasa cada verano frente a los incendios que arrasan nuestros montes y fracasa ahora frente a un movimiento poblacional hostil sobre una de sus fronteras. Hasta tal punto llega su impotencia que ni siquiera venía ejerciendo directamente el control fronterizo de Ceuta: lo había subcontratado de facto al Estado marroquí, regalándole con ello una fortísima palanca de chantaje diplomático («o me concedes lo que te exijo o dejo de vigilar eficazmente una frontera que tú mismo eres incapaz de custodiar»).La paradoja solo es aparente: cuanto más crece el Estado redistributivo, más se atrofia el Estado gestor. Cada punto de PIB absorbido por las transferencias corrientes es un punto que no se invierte en capacidad estatal; y cada político consagrado a repartir rentas entre su clientela electoral es un político que saca de su agenda y programa la gestión activa del Estado, pues esta apenas rinde réditos inmediatos en las urnas. Y no es que al Estado español le falten recursos: es que los consume íntegramente en alimentar su base de clientes electorales a costa de desfinanciar sus competencias nucleares. El resultado es un Estado que cobra impuestos como un leviatán pero que responde ante las crisis como un Estado fallido.Y los Estados fallidos tienen mal pronóstico en un mundo de Estados que son máquinas voraces de conquista y de dominación: cuando los demás huelen sangre en uno de sus competidores, se lanzan a despedazarlo. Marruecos ha olido esa sangre y ya ha comenzado a lanzarse a ello. RSS de noticias de economia
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