Una oportunidad perdida. Del Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido respecto de Gibraltar «sólo se están vendiendo ventajas, pero la realidad es que no aborda la cuestión de fondo, que es la soberanía del territorio», señala Eduardo Jiménez Pineda, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba (UCO), que en líneas generales coincide con el resto de los especialistas consultados por este periódico.Para el experto cordobés, la clave está en que «España ha cedido protagonismo a la Unión Europea», porque es la Comisión la que firma el tratado, no el Estado o los Estados concurrentes, en este caso el español y el Reino Unido. No se trata de un detalle, sino de una decisión política que libra al Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de ratificación del acuerdo y, por tanto, de un debate parlamentario que podría haber desfavorable a sus intereses. Tanto Jiménez Pineda como Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid , son de la opinión de que la fórmula idónea, en vez de la del acuerdo exclusivo -que es el que lidera la Comisión Europea, como ha ocurrido en este caso-, hubiera sido la del acuerdo mixto, que sí exige la ratificación de los estados competentes. Noticia relacionada general No No Sánchez celebra el derribo de la Verja de Gibraltar: «Hoy estamos haciendo historia de la buena» Jesús Mejías«Aceptar la fórmula del acuerdo exclusivo supone dar por hecho que el tratado no afecta a competencias de Estado alguno, sólo a las de la Unión Europea, y eso parece difícil de asumir en este caso», subraya el profesor de la Carlos III.Si la forma de plasmar el tratado sobre el papel es cuestionable, el fondo del mismo arroja serias dudas para los especialistas en Derecho Internacional, que a juicio de Eduardo Jiménez es «el de la soberanía». «El acuerdo no pone en duda la soberanía del territorio. Es más, consolida una situación contraria al Derecho Internacional, que es que Gibraltar es una colonia de Gran Bretaña en España», puntualiza el profesor de la Universidad de Córdoba.«Gibraltar entra en el espacio Schengen sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea» Eduardo Jiménez Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Córdoba (UCO)Al tiempo que da normalidad a esa singularidad propia de otro siglo o siglos -la del colonianismo -, el documento que actualiza el estatuto jurídico o administrativo del Peñón le concede otra ventaja al Reino Unido, «porque Gibraltar entra en el espacio Schengen [el que permite a las personas viajar libremente sin pasar por controles de fronteras por veintinueve países europeos] sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea», sostiene Eduardo Jiménez, que recalca también el agravio que supone que «mientras los españoles pagamos un 21 por ciento por el tipo general del IVA, el Gibraltar ese porcentaje está fijado en el 15 por ciento».«El acuerdo -concluye el profesor de la Universidad de Córdoba – es una especie de chapuza, porque se ha perdido una oportunidad histórica de defender una posición histórica de España respecto a Gibraltar, y a pesar de que existen numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas » que consideran que la colonia vulnera «la integridad territorial española».«En la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido, sobre todo en las aguas, que son de soberanía española» Carlos Ramón Fernández Liesa Catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III de MadridDe otro lado, el catedrático Carlos Ramón Fernández Liesa avisa de que «en la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido , sobre todo en las aguas, que son de soberanía española».El nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que elimina de forma definitiva la histórica verja de Gibraltar ha sido recibido como un paso crucial para la convivencia regional, pero también como una «oportunidad perdida». Así lo advierte Jesús Verdú , profesor titular de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz (UCA), quien lamenta que el acuerdo carezca de un mecanismo corrector vinculante para paliar la enorme brecha socioeconómica y fiscal que separa a la colonia británica de la comarca del Campo de Gibraltar.Para el experto, aunque la existencia del tratado es un hito «positivo» en sí mismo que reordena el flujo de personas y mercancías tras años de tensiones, arrastra profundas «sombras» debido a la inacción del Gobierno español. Verdú sostiene que España desaprovechó una «palanca negociadora tan potente» e histórica como su derecho de veto dentro de la UE para exigir garantías reales desde el primer momento.Riesgo de «cronificar los desequilibrios»«Si abres la frontera y permites un flujo de personas y mercancías con una posición de partida de un enorme desequilibrio, existe el riesgo de cronificar los desequilibrios y que el tratado venga a ser un instrumento de cronificación de los desequilibrios», asevera contundente el profesor de la UCA.El origen del problema radica en una marcada desigualdad estructural. Mientras Gibraltar opera con un régimen fiscal sumamente laxo y bajas cotizaciones sociales que compensa mediante esquemas privados, los municipios españoles colindantes soportan una realidad socioeconómica mucho más vulnerable. Según Verdú, el esperado «mecanismo de cohesión» anunciado durante las negociaciones para compensar las pensiones de los trabajadores transfronterizos y equilibrar las carencias del Campo de Gibraltar ha quedado «absolutamente vacío de contenido». El extenso documento se limita a una vaga mención voluntarista de crear un fondo en el futuro, desprovisto de obligaciones financieras o criterios de gestión.Finalmente, Verdú considera «inteligente y acertado» que el Ejecutivo español aparcara la reclamación de la soberanía sobre el Peñón para evitar un callejón sin salida diplomático. Sin embargo, matiza que esta prudencia «no justifica la debilidad» en la defensa de los intereses más inmediatos de la comarca. Al no exigir un reparto equitativo de las cargas, el tratado corre el peligro de perpetuar una relación asimétrica donde el Campo de Gibraltar quede relegado a ser un mero proveedor de servicios y mano de obra para una próspera colonia vecina. Una oportunidad perdida. Del Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido respecto de Gibraltar «sólo se están vendiendo ventajas, pero la realidad es que no aborda la cuestión de fondo, que es la soberanía del territorio», señala Eduardo Jiménez Pineda, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba (UCO), que en líneas generales coincide con el resto de los especialistas consultados por este periódico.Para el experto cordobés, la clave está en que «España ha cedido protagonismo a la Unión Europea», porque es la Comisión la que firma el tratado, no el Estado o los Estados concurrentes, en este caso el español y el Reino Unido. No se trata de un detalle, sino de una decisión política que libra al Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de ratificación del acuerdo y, por tanto, de un debate parlamentario que podría haber desfavorable a sus intereses. Tanto Jiménez Pineda como Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid , son de la opinión de que la fórmula idónea, en vez de la del acuerdo exclusivo -que es el que lidera la Comisión Europea, como ha ocurrido en este caso-, hubiera sido la del acuerdo mixto, que sí exige la ratificación de los estados competentes. Noticia relacionada general No No Sánchez celebra el derribo de la Verja de Gibraltar: «Hoy estamos haciendo historia de la buena» Jesús Mejías«Aceptar la fórmula del acuerdo exclusivo supone dar por hecho que el tratado no afecta a competencias de Estado alguno, sólo a las de la Unión Europea, y eso parece difícil de asumir en este caso», subraya el profesor de la Carlos III.Si la forma de plasmar el tratado sobre el papel es cuestionable, el fondo del mismo arroja serias dudas para los especialistas en Derecho Internacional, que a juicio de Eduardo Jiménez es «el de la soberanía». «El acuerdo no pone en duda la soberanía del territorio. Es más, consolida una situación contraria al Derecho Internacional, que es que Gibraltar es una colonia de Gran Bretaña en España», puntualiza el profesor de la Universidad de Córdoba.«Gibraltar entra en el espacio Schengen sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea» Eduardo Jiménez Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Córdoba (UCO)Al tiempo que da normalidad a esa singularidad propia de otro siglo o siglos -la del colonianismo -, el documento que actualiza el estatuto jurídico o administrativo del Peñón le concede otra ventaja al Reino Unido, «porque Gibraltar entra en el espacio Schengen [el que permite a las personas viajar libremente sin pasar por controles de fronteras por veintinueve países europeos] sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea», sostiene Eduardo Jiménez, que recalca también el agravio que supone que «mientras los españoles pagamos un 21 por ciento por el tipo general del IVA, el Gibraltar ese porcentaje está fijado en el 15 por ciento».«El acuerdo -concluye el profesor de la Universidad de Córdoba – es una especie de chapuza, porque se ha perdido una oportunidad histórica de defender una posición histórica de España respecto a Gibraltar, y a pesar de que existen numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas » que consideran que la colonia vulnera «la integridad territorial española».«En la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido, sobre todo en las aguas, que son de soberanía española» Carlos Ramón Fernández Liesa Catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III de MadridDe otro lado, el catedrático Carlos Ramón Fernández Liesa avisa de que «en la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido , sobre todo en las aguas, que son de soberanía española».El nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que elimina de forma definitiva la histórica verja de Gibraltar ha sido recibido como un paso crucial para la convivencia regional, pero también como una «oportunidad perdida». Así lo advierte Jesús Verdú , profesor titular de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz (UCA), quien lamenta que el acuerdo carezca de un mecanismo corrector vinculante para paliar la enorme brecha socioeconómica y fiscal que separa a la colonia británica de la comarca del Campo de Gibraltar.Para el experto, aunque la existencia del tratado es un hito «positivo» en sí mismo que reordena el flujo de personas y mercancías tras años de tensiones, arrastra profundas «sombras» debido a la inacción del Gobierno español. Verdú sostiene que España desaprovechó una «palanca negociadora tan potente» e histórica como su derecho de veto dentro de la UE para exigir garantías reales desde el primer momento.Riesgo de «cronificar los desequilibrios»«Si abres la frontera y permites un flujo de personas y mercancías con una posición de partida de un enorme desequilibrio, existe el riesgo de cronificar los desequilibrios y que el tratado venga a ser un instrumento de cronificación de los desequilibrios», asevera contundente el profesor de la UCA.El origen del problema radica en una marcada desigualdad estructural. Mientras Gibraltar opera con un régimen fiscal sumamente laxo y bajas cotizaciones sociales que compensa mediante esquemas privados, los municipios españoles colindantes soportan una realidad socioeconómica mucho más vulnerable. Según Verdú, el esperado «mecanismo de cohesión» anunciado durante las negociaciones para compensar las pensiones de los trabajadores transfronterizos y equilibrar las carencias del Campo de Gibraltar ha quedado «absolutamente vacío de contenido». El extenso documento se limita a una vaga mención voluntarista de crear un fondo en el futuro, desprovisto de obligaciones financieras o criterios de gestión.Finalmente, Verdú considera «inteligente y acertado» que el Ejecutivo español aparcara la reclamación de la soberanía sobre el Peñón para evitar un callejón sin salida diplomático. Sin embargo, matiza que esta prudencia «no justifica la debilidad» en la defensa de los intereses más inmediatos de la comarca. Al no exigir un reparto equitativo de las cargas, el tratado corre el peligro de perpetuar una relación asimétrica donde el Campo de Gibraltar quede relegado a ser un mero proveedor de servicios y mano de obra para una próspera colonia vecina. Una oportunidad perdida. Del Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido respecto de Gibraltar «sólo se están vendiendo ventajas, pero la realidad es que no aborda la cuestión de fondo, que es la soberanía del territorio», señala Eduardo Jiménez Pineda, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba (UCO), que en líneas generales coincide con el resto de los especialistas consultados por este periódico.Para el experto cordobés, la clave está en que «España ha cedido protagonismo a la Unión Europea», porque es la Comisión la que firma el tratado, no el Estado o los Estados concurrentes, en este caso el español y el Reino Unido. No se trata de un detalle, sino de una decisión política que libra al Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de ratificación del acuerdo y, por tanto, de un debate parlamentario que podría haber desfavorable a sus intereses. Tanto Jiménez Pineda como Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid , son de la opinión de que la fórmula idónea, en vez de la del acuerdo exclusivo -que es el que lidera la Comisión Europea, como ha ocurrido en este caso-, hubiera sido la del acuerdo mixto, que sí exige la ratificación de los estados competentes. Noticia relacionada general No No Sánchez celebra el derribo de la Verja de Gibraltar: «Hoy estamos haciendo historia de la buena» Jesús Mejías«Aceptar la fórmula del acuerdo exclusivo supone dar por hecho que el tratado no afecta a competencias de Estado alguno, sólo a las de la Unión Europea, y eso parece difícil de asumir en este caso», subraya el profesor de la Carlos III.Si la forma de plasmar el tratado sobre el papel es cuestionable, el fondo del mismo arroja serias dudas para los especialistas en Derecho Internacional, que a juicio de Eduardo Jiménez es «el de la soberanía». «El acuerdo no pone en duda la soberanía del territorio. Es más, consolida una situación contraria al Derecho Internacional, que es que Gibraltar es una colonia de Gran Bretaña en España», puntualiza el profesor de la Universidad de Córdoba.«Gibraltar entra en el espacio Schengen sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea» Eduardo Jiménez Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Córdoba (UCO)Al tiempo que da normalidad a esa singularidad propia de otro siglo o siglos -la del colonianismo -, el documento que actualiza el estatuto jurídico o administrativo del Peñón le concede otra ventaja al Reino Unido, «porque Gibraltar entra en el espacio Schengen [el que permite a las personas viajar libremente sin pasar por controles de fronteras por veintinueve países europeos] sin que el Reino Unido sea ya miembro de la Unión Europea», sostiene Eduardo Jiménez, que recalca también el agravio que supone que «mientras los españoles pagamos un 21 por ciento por el tipo general del IVA, el Gibraltar ese porcentaje está fijado en el 15 por ciento».«El acuerdo -concluye el profesor de la Universidad de Córdoba – es una especie de chapuza, porque se ha perdido una oportunidad histórica de defender una posición histórica de España respecto a Gibraltar, y a pesar de que existen numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas » que consideran que la colonia vulnera «la integridad territorial española».«En la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido, sobre todo en las aguas, que son de soberanía española» Carlos Ramón Fernández Liesa Catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III de MadridDe otro lado, el catedrático Carlos Ramón Fernández Liesa avisa de que «en la aplicación del tratado España, que es el Estado fronterizo con Gibraltar, no puede tomar ninguna decisión que suponga cualquier tipo de reconocimiento de la soberanía al Reino Unido , sobre todo en las aguas, que son de soberanía española».El nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que elimina de forma definitiva la histórica verja de Gibraltar ha sido recibido como un paso crucial para la convivencia regional, pero también como una «oportunidad perdida». Así lo advierte Jesús Verdú , profesor titular de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz (UCA), quien lamenta que el acuerdo carezca de un mecanismo corrector vinculante para paliar la enorme brecha socioeconómica y fiscal que separa a la colonia británica de la comarca del Campo de Gibraltar.Para el experto, aunque la existencia del tratado es un hito «positivo» en sí mismo que reordena el flujo de personas y mercancías tras años de tensiones, arrastra profundas «sombras» debido a la inacción del Gobierno español. Verdú sostiene que España desaprovechó una «palanca negociadora tan potente» e histórica como su derecho de veto dentro de la UE para exigir garantías reales desde el primer momento.Riesgo de «cronificar los desequilibrios»«Si abres la frontera y permites un flujo de personas y mercancías con una posición de partida de un enorme desequilibrio, existe el riesgo de cronificar los desequilibrios y que el tratado venga a ser un instrumento de cronificación de los desequilibrios», asevera contundente el profesor de la UCA.El origen del problema radica en una marcada desigualdad estructural. Mientras Gibraltar opera con un régimen fiscal sumamente laxo y bajas cotizaciones sociales que compensa mediante esquemas privados, los municipios españoles colindantes soportan una realidad socioeconómica mucho más vulnerable. Según Verdú, el esperado «mecanismo de cohesión» anunciado durante las negociaciones para compensar las pensiones de los trabajadores transfronterizos y equilibrar las carencias del Campo de Gibraltar ha quedado «absolutamente vacío de contenido». El extenso documento se limita a una vaga mención voluntarista de crear un fondo en el futuro, desprovisto de obligaciones financieras o criterios de gestión.Finalmente, Verdú considera «inteligente y acertado» que el Ejecutivo español aparcara la reclamación de la soberanía sobre el Peñón para evitar un callejón sin salida diplomático. Sin embargo, matiza que esta prudencia «no justifica la debilidad» en la defensa de los intereses más inmediatos de la comarca. Al no exigir un reparto equitativo de las cargas, el tratado corre el peligro de perpetuar una relación asimétrica donde el Campo de Gibraltar quede relegado a ser un mero proveedor de servicios y mano de obra para una próspera colonia vecina. RSS de noticias de espana
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