La acusación popular del caso de las cloacas Hazte Oír va a canalizar a través del PP (que agrupa la acción popular) su petición de prisión provisional tanto para la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como para el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel LLamas. La decisión se produce horas después de que el juez Santiago Pedraz los haya imputado a ambos por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.Fuentes de Hazte Oír fundamentan su petición de prisión provisional en la gravedad que supone el delito de obstrucción a la justicia, que se multiplica exponencialmente al tratarse de los máximos responsables de la Guardia Civil. Consideran, además, que, debido a la naturaleza de sus cargos y a su acceso privilegiado a información clasificada y sistemas policiales, la capacidad de alterar, ocultar o destruir evidencias clave para la investigación es «manifiesta y notoria».Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazMantener a ambos mandos en libertad —e incluso en sus puestos—, dice, facilitaría que pudieran seguir utilizando la estructura del cuerpo para «continuar en la presunta acción delictiva» y entorpecer el trabajo de la justicia.En paralelo a esta iniciativa, Iustitia Europa. otra de las acusaciones populares, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la apertura inmediata de una investigación interna y la suspensión urgente de funciones del DAO. La formación recuerda que el artículo 92 de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil , permite acordar la suspensión de funciones cuando exista procesamiento, inculpación o medida cautelar en un procedimiento penal, valorando la gravedad de los hechos, el perjuicio para el régimen del Instituto y la alarma social generada.Para Iustitia Europa, esos requisitos concurren de forma evidente en este caso. No se trata de un mando cualquiera ni de una investigación menor, dicen. Es el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el número dos operativo del Cuerpo, investigado por delitos que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia y a la credibilidad de las investigaciones policiales.El presidente de Luis María Pardo, abogado, presidente de Iustitia Europa y guardia civil en excedencia asegura que le «resulta insoportable ver cómo se daña el prestigio de un Cuerpo formado por miles de hombres y mujeres que sirven a España con honor, sacrificio y lealtad. Precisamente por respeto a ellos, no puede mantenerse en plenitud de funciones al DAO mientras está investigado por delitos de esta gravedad institucional».Iustitia Europa subraya que la suspensión de funciones del DAO es para preservar la independencia de las investigaciones , la integridad de la Unidad Central Operativa, la confianza pública en la Guardia Civil y la imagen de neutralidad del Instituto Armado. La formación también solicita que se dé traslado inmediato al Ministerio del Interior para que, en el ámbito de sus competencias, determine el cese en el destino del citado mando mientras permanezca vigente la situación procesal que motiva esta solicitud.«Se debe aplicar la Ley a todos los guardias civiles por igual. Si la Ministra de Defensa mira hacia otro lado ante una imputación de esta gravedad, tendrá que explicar si la Ley de Personal de la Guardia Civil se aplica a todos o si existen mandos intocables e incluso tendrá que asumir sus responsabilidades en el caso de que no proceda de inmediato de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas que se aplican al Benemérito Instituto», añade Pardo, para quien la demora injustificada o la negativa arbitraria a valorar la suspensión de funciones en un supuesto de esta naturaleza podría generar responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso penales. La acusación popular del caso de las cloacas Hazte Oír va a canalizar a través del PP (que agrupa la acción popular) su petición de prisión provisional tanto para la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como para el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel LLamas. La decisión se produce horas después de que el juez Santiago Pedraz los haya imputado a ambos por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.Fuentes de Hazte Oír fundamentan su petición de prisión provisional en la gravedad que supone el delito de obstrucción a la justicia, que se multiplica exponencialmente al tratarse de los máximos responsables de la Guardia Civil. Consideran, además, que, debido a la naturaleza de sus cargos y a su acceso privilegiado a información clasificada y sistemas policiales, la capacidad de alterar, ocultar o destruir evidencias clave para la investigación es «manifiesta y notoria».Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazMantener a ambos mandos en libertad —e incluso en sus puestos—, dice, facilitaría que pudieran seguir utilizando la estructura del cuerpo para «continuar en la presunta acción delictiva» y entorpecer el trabajo de la justicia.En paralelo a esta iniciativa, Iustitia Europa. otra de las acusaciones populares, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la apertura inmediata de una investigación interna y la suspensión urgente de funciones del DAO. La formación recuerda que el artículo 92 de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil , permite acordar la suspensión de funciones cuando exista procesamiento, inculpación o medida cautelar en un procedimiento penal, valorando la gravedad de los hechos, el perjuicio para el régimen del Instituto y la alarma social generada.Para Iustitia Europa, esos requisitos concurren de forma evidente en este caso. No se trata de un mando cualquiera ni de una investigación menor, dicen. Es el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el número dos operativo del Cuerpo, investigado por delitos que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia y a la credibilidad de las investigaciones policiales.El presidente de Luis María Pardo, abogado, presidente de Iustitia Europa y guardia civil en excedencia asegura que le «resulta insoportable ver cómo se daña el prestigio de un Cuerpo formado por miles de hombres y mujeres que sirven a España con honor, sacrificio y lealtad. Precisamente por respeto a ellos, no puede mantenerse en plenitud de funciones al DAO mientras está investigado por delitos de esta gravedad institucional».Iustitia Europa subraya que la suspensión de funciones del DAO es para preservar la independencia de las investigaciones , la integridad de la Unidad Central Operativa, la confianza pública en la Guardia Civil y la imagen de neutralidad del Instituto Armado. La formación también solicita que se dé traslado inmediato al Ministerio del Interior para que, en el ámbito de sus competencias, determine el cese en el destino del citado mando mientras permanezca vigente la situación procesal que motiva esta solicitud.«Se debe aplicar la Ley a todos los guardias civiles por igual. Si la Ministra de Defensa mira hacia otro lado ante una imputación de esta gravedad, tendrá que explicar si la Ley de Personal de la Guardia Civil se aplica a todos o si existen mandos intocables e incluso tendrá que asumir sus responsabilidades en el caso de que no proceda de inmediato de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas que se aplican al Benemérito Instituto», añade Pardo, para quien la demora injustificada o la negativa arbitraria a valorar la suspensión de funciones en un supuesto de esta naturaleza podría generar responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso penales. La acusación popular del caso de las cloacas Hazte Oír va a canalizar a través del PP (que agrupa la acción popular) su petición de prisión provisional tanto para la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como para el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel LLamas. La decisión se produce horas después de que el juez Santiago Pedraz los haya imputado a ambos por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.Fuentes de Hazte Oír fundamentan su petición de prisión provisional en la gravedad que supone el delito de obstrucción a la justicia, que se multiplica exponencialmente al tratarse de los máximos responsables de la Guardia Civil. Consideran, además, que, debido a la naturaleza de sus cargos y a su acceso privilegiado a información clasificada y sistemas policiales, la capacidad de alterar, ocultar o destruir evidencias clave para la investigación es «manifiesta y notoria».Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazMantener a ambos mandos en libertad —e incluso en sus puestos—, dice, facilitaría que pudieran seguir utilizando la estructura del cuerpo para «continuar en la presunta acción delictiva» y entorpecer el trabajo de la justicia.En paralelo a esta iniciativa, Iustitia Europa. otra de las acusaciones populares, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la apertura inmediata de una investigación interna y la suspensión urgente de funciones del DAO. La formación recuerda que el artículo 92 de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil , permite acordar la suspensión de funciones cuando exista procesamiento, inculpación o medida cautelar en un procedimiento penal, valorando la gravedad de los hechos, el perjuicio para el régimen del Instituto y la alarma social generada.Para Iustitia Europa, esos requisitos concurren de forma evidente en este caso. No se trata de un mando cualquiera ni de una investigación menor, dicen. Es el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el número dos operativo del Cuerpo, investigado por delitos que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia y a la credibilidad de las investigaciones policiales.El presidente de Luis María Pardo, abogado, presidente de Iustitia Europa y guardia civil en excedencia asegura que le «resulta insoportable ver cómo se daña el prestigio de un Cuerpo formado por miles de hombres y mujeres que sirven a España con honor, sacrificio y lealtad. Precisamente por respeto a ellos, no puede mantenerse en plenitud de funciones al DAO mientras está investigado por delitos de esta gravedad institucional».Iustitia Europa subraya que la suspensión de funciones del DAO es para preservar la independencia de las investigaciones , la integridad de la Unidad Central Operativa, la confianza pública en la Guardia Civil y la imagen de neutralidad del Instituto Armado. La formación también solicita que se dé traslado inmediato al Ministerio del Interior para que, en el ámbito de sus competencias, determine el cese en el destino del citado mando mientras permanezca vigente la situación procesal que motiva esta solicitud.«Se debe aplicar la Ley a todos los guardias civiles por igual. Si la Ministra de Defensa mira hacia otro lado ante una imputación de esta gravedad, tendrá que explicar si la Ley de Personal de la Guardia Civil se aplica a todos o si existen mandos intocables e incluso tendrá que asumir sus responsabilidades en el caso de que no proceda de inmediato de conformidad con el ordenamiento jurídico y las normas que se aplican al Benemérito Instituto», añade Pardo, para quien la demora injustificada o la negativa arbitraria a valorar la suspensión de funciones en un supuesto de esta naturaleza podría generar responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso penales. RSS de noticias de espana
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