¿Fue en algún momento el PNV dueño legítimo del palacete, sede del Cervantes en París, que el Gobierno le cedió por decreto-ley en diciembre de 2024 ? Pedro Chacón, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, y Carlos Olazábal, economista e historiador, sostienen que no. Su investigación verá la luz el próximo otoño en el libro ‘El palacete vasco de París. Una historia de codicia y corrupción’, e incluirá documentos con los que aseguran poder demostrar que el inmueble no fue comprado con dinero del Partido Nacionalista Vasco . —Tras su investigación, ¿de quién concluyen que era realmente el palacete de la Avenue Marceau: del PNV, del Gobierno vasco o de la República?—Es una propiedad del Estado español a través, si quiere, del Gobierno vasco, como nosotros vamos a demostrar de una manera fehaciente y completa, sin ninguna duda. Ese palacete se compró con el dinero de la Segunda República. Esta es la segunda vez que intentan hacerse con el palacete. La primera fue en 1998 con Aznar, pero no hubo forma. Llegaron hasta el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que dictaminó en contra en 2003, concluyendo que era mucho más fácil demostrar la propiedad del Gobierno vasco que la del PNV. Este ha sido el segundo intento y se inicia en 2023 para el palacete de París y para dos edificios de refugiados en Francia. Son dos expedientes diferenciados y se tramitaron en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General del Patrimonio del Estado. Esos dos expedientes concluyeron mayo de 2024 con su archivo. Después se aprueba el decreto. «Vamos a demostrar, sin ninguna duda, que el palacete era del Estado español a través del Gobierno vasco»—El PNV sigue sosteniendo que las sociedades que figuraban como propietarias actuaban como instrumentos fiduciarios suyos. ¿Hay pruebas directas de esa relación?—No, ninguna. Ellos han inventado esta historia y, como no ha habido nadie que se la rebata documentalmente, vienen contándola desde los primeros años ochenta. Pero eso no quiere decir que esa película sea cierta. Esos testaferros existen y esas sociedades existieron, pero no fueron creados ni utilizados por el Partido Nacionalista Vasco, sino por el Gobierno vasco. Eran personas con cargos en el Gobierno vasco, como el consejero de Hacienda, Heliodoro de la Torre.—¿Puede sostenerse entonces que el inmueble pertenecía al Gobierno vasco, y no al PNV?— Sí, al Gobierno vasco, y se ha pasado una propiedad del Estado a una entidad privada como es un partido. Esa es la diferencia que la gente quizás no vea. La gente confunde o piensa que es lo mismo un partido, el PNV, que el Gobierno vasco. No es lo mismo. El primero es una entidad privada y el segundo, una entidad pública que depende del Estado, integrada en él Estado. Han pagado al PNV varias veces la tasación de los collares de Zapatero. El palacete se ha tasado, según la prensa, en 15 millones, pero es una tasación ideal, sin contrastar con el precio de mercado, con el que probablemente su valor subiría sustancialmente. En el caso de los dos edificios de refugiados, el Gobierno aprobó una compensación en metálico de 3,7 millones. Es una pérdida sustancial para el patrimonio de España que, en el caso de Zapatero, se está mirando con lupa y, en el caso del PNV, no trasciende por ningún lado. «Este caso es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo da, como del que lo recibe» — El Consejo de Ministros archivó el expediente en mayo de 2024 siguiendo el criterio de Hacienda para luego entregar el palacete por decreto siete meses después. ¿Qué cambió?— La vía para conceder la propiedad. Hacienda cierra la puerta, y el Gobierno de España y el PNV van a la secretaría de Estado de Memoria Democrática.— ¿No apareció alguna prueba nueva que acreditara la propiedad?— No hay forma. Las pruebas que presentan en el último expediente son pruebas de parte, sin ninguna documentación. Por ejemplo, una declaración ante notario de las hijas de uno de los protagonistas diciendo que sus padres se pasaron el dinero de uno a otro para comprar el palacete. ¿Qué prueba eso? Otra prueba es el antiguo lehendakari Jesús María Leizaola declarando ante notario que el palacete se compró con dinero del PNV. Son pruebas de parte, sin ninguna documentación.— ¿Se sustituyó entonces la exigencia jurídica por el criterio político?— Más que por un criterio político, yo diría que por un criterio histórico-político. El secretario de Estado de Memoria Democrática hizo un informe basado en lo que dijeron dos historiadores y en bibliografía nacionalista. Nosotros ese informe lo desmontamos de arriba abajo en el libro.«Hay libros de contabilidad donde aparecen los movimientos de dinero. Y, sobre todo, cartas en las que cuentan lo que pasó»— ¿Cuál es el aspecto decisivo de ese desmontaje?— El PNV siempre dice que ese palacete se compró con dinero de un nacionalista que vivía en México. Nosotros demostramos que eso es falso y lo demostramos con documentación. Incluso demostramos adónde fue a parar ese dinero porque hay libros de contabilidad donde aparecen los datos y los movimientos de dinero. Y, sobre todo, hay testimonios entre ellos, como cartas en las que se van contando lo que pasó. Ahí se deduce perfectamente que es una compra que se hace por parte del Gobierno vasco con dinero que había recibido de la Segunda República.— Con estos nuevos documentos, ¿podría revertirse jurídicamente la transmisión del palacete?— El hecho de que un bien del Estado, un bien público, pase a manos privadas de una manera fraudulenta es un delito que no prescribe. Yo no soy especialista en transmisiones patrimoniales, pero confiamos en la capacidad del Estado para revertirlo.— ¿Cómo definiría este caso en una frase? — Un fraude al patrimonio del Estado. Un desfalco por parte tanto del Gobierno del Estado como del Partido Nacionalista Vasco. Es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo ha dado, como del que lo ha recibido. ¿Fue en algún momento el PNV dueño legítimo del palacete, sede del Cervantes en París, que el Gobierno le cedió por decreto-ley en diciembre de 2024 ? Pedro Chacón, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, y Carlos Olazábal, economista e historiador, sostienen que no. Su investigación verá la luz el próximo otoño en el libro ‘El palacete vasco de París. Una historia de codicia y corrupción’, e incluirá documentos con los que aseguran poder demostrar que el inmueble no fue comprado con dinero del Partido Nacionalista Vasco . —Tras su investigación, ¿de quién concluyen que era realmente el palacete de la Avenue Marceau: del PNV, del Gobierno vasco o de la República?—Es una propiedad del Estado español a través, si quiere, del Gobierno vasco, como nosotros vamos a demostrar de una manera fehaciente y completa, sin ninguna duda. Ese palacete se compró con el dinero de la Segunda República. Esta es la segunda vez que intentan hacerse con el palacete. La primera fue en 1998 con Aznar, pero no hubo forma. Llegaron hasta el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que dictaminó en contra en 2003, concluyendo que era mucho más fácil demostrar la propiedad del Gobierno vasco que la del PNV. Este ha sido el segundo intento y se inicia en 2023 para el palacete de París y para dos edificios de refugiados en Francia. Son dos expedientes diferenciados y se tramitaron en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General del Patrimonio del Estado. Esos dos expedientes concluyeron mayo de 2024 con su archivo. Después se aprueba el decreto. «Vamos a demostrar, sin ninguna duda, que el palacete era del Estado español a través del Gobierno vasco»—El PNV sigue sosteniendo que las sociedades que figuraban como propietarias actuaban como instrumentos fiduciarios suyos. ¿Hay pruebas directas de esa relación?—No, ninguna. Ellos han inventado esta historia y, como no ha habido nadie que se la rebata documentalmente, vienen contándola desde los primeros años ochenta. Pero eso no quiere decir que esa película sea cierta. Esos testaferros existen y esas sociedades existieron, pero no fueron creados ni utilizados por el Partido Nacionalista Vasco, sino por el Gobierno vasco. Eran personas con cargos en el Gobierno vasco, como el consejero de Hacienda, Heliodoro de la Torre.—¿Puede sostenerse entonces que el inmueble pertenecía al Gobierno vasco, y no al PNV?— Sí, al Gobierno vasco, y se ha pasado una propiedad del Estado a una entidad privada como es un partido. Esa es la diferencia que la gente quizás no vea. La gente confunde o piensa que es lo mismo un partido, el PNV, que el Gobierno vasco. No es lo mismo. El primero es una entidad privada y el segundo, una entidad pública que depende del Estado, integrada en él Estado. Han pagado al PNV varias veces la tasación de los collares de Zapatero. El palacete se ha tasado, según la prensa, en 15 millones, pero es una tasación ideal, sin contrastar con el precio de mercado, con el que probablemente su valor subiría sustancialmente. En el caso de los dos edificios de refugiados, el Gobierno aprobó una compensación en metálico de 3,7 millones. Es una pérdida sustancial para el patrimonio de España que, en el caso de Zapatero, se está mirando con lupa y, en el caso del PNV, no trasciende por ningún lado. «Este caso es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo da, como del que lo recibe» — El Consejo de Ministros archivó el expediente en mayo de 2024 siguiendo el criterio de Hacienda para luego entregar el palacete por decreto siete meses después. ¿Qué cambió?— La vía para conceder la propiedad. Hacienda cierra la puerta, y el Gobierno de España y el PNV van a la secretaría de Estado de Memoria Democrática.— ¿No apareció alguna prueba nueva que acreditara la propiedad?— No hay forma. Las pruebas que presentan en el último expediente son pruebas de parte, sin ninguna documentación. Por ejemplo, una declaración ante notario de las hijas de uno de los protagonistas diciendo que sus padres se pasaron el dinero de uno a otro para comprar el palacete. ¿Qué prueba eso? Otra prueba es el antiguo lehendakari Jesús María Leizaola declarando ante notario que el palacete se compró con dinero del PNV. Son pruebas de parte, sin ninguna documentación.— ¿Se sustituyó entonces la exigencia jurídica por el criterio político?— Más que por un criterio político, yo diría que por un criterio histórico-político. El secretario de Estado de Memoria Democrática hizo un informe basado en lo que dijeron dos historiadores y en bibliografía nacionalista. Nosotros ese informe lo desmontamos de arriba abajo en el libro.«Hay libros de contabilidad donde aparecen los movimientos de dinero. Y, sobre todo, cartas en las que cuentan lo que pasó»— ¿Cuál es el aspecto decisivo de ese desmontaje?— El PNV siempre dice que ese palacete se compró con dinero de un nacionalista que vivía en México. Nosotros demostramos que eso es falso y lo demostramos con documentación. Incluso demostramos adónde fue a parar ese dinero porque hay libros de contabilidad donde aparecen los datos y los movimientos de dinero. Y, sobre todo, hay testimonios entre ellos, como cartas en las que se van contando lo que pasó. Ahí se deduce perfectamente que es una compra que se hace por parte del Gobierno vasco con dinero que había recibido de la Segunda República.— Con estos nuevos documentos, ¿podría revertirse jurídicamente la transmisión del palacete?— El hecho de que un bien del Estado, un bien público, pase a manos privadas de una manera fraudulenta es un delito que no prescribe. Yo no soy especialista en transmisiones patrimoniales, pero confiamos en la capacidad del Estado para revertirlo.— ¿Cómo definiría este caso en una frase? — Un fraude al patrimonio del Estado. Un desfalco por parte tanto del Gobierno del Estado como del Partido Nacionalista Vasco. Es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo ha dado, como del que lo ha recibido. ¿Fue en algún momento el PNV dueño legítimo del palacete, sede del Cervantes en París, que el Gobierno le cedió por decreto-ley en diciembre de 2024 ? Pedro Chacón, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, y Carlos Olazábal, economista e historiador, sostienen que no. Su investigación verá la luz el próximo otoño en el libro ‘El palacete vasco de París. Una historia de codicia y corrupción’, e incluirá documentos con los que aseguran poder demostrar que el inmueble no fue comprado con dinero del Partido Nacionalista Vasco . —Tras su investigación, ¿de quién concluyen que era realmente el palacete de la Avenue Marceau: del PNV, del Gobierno vasco o de la República?—Es una propiedad del Estado español a través, si quiere, del Gobierno vasco, como nosotros vamos a demostrar de una manera fehaciente y completa, sin ninguna duda. Ese palacete se compró con el dinero de la Segunda República. Esta es la segunda vez que intentan hacerse con el palacete. La primera fue en 1998 con Aznar, pero no hubo forma. Llegaron hasta el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que dictaminó en contra en 2003, concluyendo que era mucho más fácil demostrar la propiedad del Gobierno vasco que la del PNV. Este ha sido el segundo intento y se inicia en 2023 para el palacete de París y para dos edificios de refugiados en Francia. Son dos expedientes diferenciados y se tramitaron en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General del Patrimonio del Estado. Esos dos expedientes concluyeron mayo de 2024 con su archivo. Después se aprueba el decreto. «Vamos a demostrar, sin ninguna duda, que el palacete era del Estado español a través del Gobierno vasco»—El PNV sigue sosteniendo que las sociedades que figuraban como propietarias actuaban como instrumentos fiduciarios suyos. ¿Hay pruebas directas de esa relación?—No, ninguna. Ellos han inventado esta historia y, como no ha habido nadie que se la rebata documentalmente, vienen contándola desde los primeros años ochenta. Pero eso no quiere decir que esa película sea cierta. Esos testaferros existen y esas sociedades existieron, pero no fueron creados ni utilizados por el Partido Nacionalista Vasco, sino por el Gobierno vasco. Eran personas con cargos en el Gobierno vasco, como el consejero de Hacienda, Heliodoro de la Torre.—¿Puede sostenerse entonces que el inmueble pertenecía al Gobierno vasco, y no al PNV?— Sí, al Gobierno vasco, y se ha pasado una propiedad del Estado a una entidad privada como es un partido. Esa es la diferencia que la gente quizás no vea. La gente confunde o piensa que es lo mismo un partido, el PNV, que el Gobierno vasco. No es lo mismo. El primero es una entidad privada y el segundo, una entidad pública que depende del Estado, integrada en él Estado. Han pagado al PNV varias veces la tasación de los collares de Zapatero. El palacete se ha tasado, según la prensa, en 15 millones, pero es una tasación ideal, sin contrastar con el precio de mercado, con el que probablemente su valor subiría sustancialmente. En el caso de los dos edificios de refugiados, el Gobierno aprobó una compensación en metálico de 3,7 millones. Es una pérdida sustancial para el patrimonio de España que, en el caso de Zapatero, se está mirando con lupa y, en el caso del PNV, no trasciende por ningún lado. «Este caso es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo da, como del que lo recibe» — El Consejo de Ministros archivó el expediente en mayo de 2024 siguiendo el criterio de Hacienda para luego entregar el palacete por decreto siete meses después. ¿Qué cambió?— La vía para conceder la propiedad. Hacienda cierra la puerta, y el Gobierno de España y el PNV van a la secretaría de Estado de Memoria Democrática.— ¿No apareció alguna prueba nueva que acreditara la propiedad?— No hay forma. Las pruebas que presentan en el último expediente son pruebas de parte, sin ninguna documentación. Por ejemplo, una declaración ante notario de las hijas de uno de los protagonistas diciendo que sus padres se pasaron el dinero de uno a otro para comprar el palacete. ¿Qué prueba eso? Otra prueba es el antiguo lehendakari Jesús María Leizaola declarando ante notario que el palacete se compró con dinero del PNV. Son pruebas de parte, sin ninguna documentación.— ¿Se sustituyó entonces la exigencia jurídica por el criterio político?— Más que por un criterio político, yo diría que por un criterio histórico-político. El secretario de Estado de Memoria Democrática hizo un informe basado en lo que dijeron dos historiadores y en bibliografía nacionalista. Nosotros ese informe lo desmontamos de arriba abajo en el libro.«Hay libros de contabilidad donde aparecen los movimientos de dinero. Y, sobre todo, cartas en las que cuentan lo que pasó»— ¿Cuál es el aspecto decisivo de ese desmontaje?— El PNV siempre dice que ese palacete se compró con dinero de un nacionalista que vivía en México. Nosotros demostramos que eso es falso y lo demostramos con documentación. Incluso demostramos adónde fue a parar ese dinero porque hay libros de contabilidad donde aparecen los datos y los movimientos de dinero. Y, sobre todo, hay testimonios entre ellos, como cartas en las que se van contando lo que pasó. Ahí se deduce perfectamente que es una compra que se hace por parte del Gobierno vasco con dinero que había recibido de la Segunda República.— Con estos nuevos documentos, ¿podría revertirse jurídicamente la transmisión del palacete?— El hecho de que un bien del Estado, un bien público, pase a manos privadas de una manera fraudulenta es un delito que no prescribe. Yo no soy especialista en transmisiones patrimoniales, pero confiamos en la capacidad del Estado para revertirlo.— ¿Cómo definiría este caso en una frase? — Un fraude al patrimonio del Estado. Un desfalco por parte tanto del Gobierno del Estado como del Partido Nacionalista Vasco. Es un ejemplo paradigmático de corrupción: tanto por parte del que lo ha dado, como del que lo ha recibido. 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