El sistema de la dependencia en Andalucía es un gigante al que se le saltan las costuras y las vestiduras se mantienen hecha jirones. El volumen poblacional de esta comunidad, envejecida en gran parte por la inversión de la pirámide y la pobreza histórica de la región han derivado en un problema estructural, en el cual por mucho que se avance siempre se va con la rémora de décadas de atraso. Atiende a más de 352.000 personas e incluye 551.800 prestaciones, cifras desorbitadas a las que no se da abasto ni por capacidad humana ni por supuesto financiera.Pese a la gravedad del asunto, en los últimos tiempos ha sido terreno abonado para la lucha política. En la pasada legislatura comenzaron a recogerse los buenos frutos del cambio de sistema, que buscaba una mayor agilidad administrativa recortando plazos, trámites y unificando los movimientos.Un andaluz tarda en recibir la ayuda unos 435 días de media, una barbaridad, a la cola nacional sólo por detrás de la Región de Murcia; pero se han recortado 145 días en dos años y dista mucho de los más de tres años y medio del pico alcanzado por el Gobierno socialista. Se haga lo que se haga, nunca va a ser suficiente.Temor a una asfixia futuraLa diferencia de color en los gobiernos de España y Andalucía desencadena batallas de manera regular, y el penúltimo encontronazo se ha producido justo después de la contienda electoral. La comunidad lleva más de un año reclamando al Ejecutivo que cumpla con la ley y aporte el 50% de la inversión anual en dependencia. En los presupuestos de 2026, la partida es de 2.610 millones, el 71% frente al 29% estatal.El Ministerio de Derechos Sociales ha escuchado estas peticiones (también las similares de otros territorios) y ha aprobado la transferencia de 954 millones entre 2026 y 2027 . Una operación efectuado a través de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).En sus cálculos, permitirá «reducir en un 45%» las listas de espera. En solo un año y medio la Junta podría conseguir que 15.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, aseguran desde Moncloa.Falta de confianzaDesde la consejería agradecen esta inyección financiera pero no confían en el movimiento gubernamental a un año de los comicios locales. Califican la medida de «parche coyuntural» y no una solución definitiva, y temen que agrave el problema en 2028. La Junta critica que la aportación estatal se realice a través de decretos, con un crédito extraordinario, y que quede a expensas de los presupuestos futuros, con la inseguridad que generan tres años de cuentas congeladas y la parálisis parlamentaria actual.«Se trata de un crédito extraordinario limitado al ejercicio en curso, cuya continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias», apuntaba la consejera en funciones, Loles López, en la misma sintonía que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.Los dirigentes andaluces no comprenden como el ministro, Pablo Bustinduy , se ha negado en numerosas ocasiones a incrementar la financiación por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, y ahora encuentre ese margen en un contexto preelectoral, a un año de las municipales y muy cerca también de las nacionales.Andalucía reclama el mismo blindaje para la dependencia que María Jesús Montero concedió al País Vasco como ministra de Hacienda. Entonces se rubricó un pacto que recoge textualmente el compromiso de abonar anualmente a las administraciones vascas el 50% del gasto certificado. La consejería exige un acuerdo similar, con idénticas garantías jurídicas y económicas, que no quede a expensas de las cuentas nacionales. Además, insisten en demandar el pago de los casi 6.000 millones de euros que no se han abonado en estos siete años por la infrafinanciación del sistema.La indignación de MonteroMontero señala que desde el Ejecutivo autonómico «o no conocen cómo se administran los recursos de Dependencia, o simplemente están lanzando bulos y mentiras ». Porque «lo que se modifica en la propuesta del Gobierno de España sobre la financiación al 50% de los dependientes es el nivel mínimo, lo que se paga por cada dependiente reconocido por la administración autonómica».«Estructuralmente se ha modificado lo que se paga por dependiente. Si la tesis fuera que es por un año, se hubiera hecho una transferencia sin más por ese importe», asegura. «Pero el nivel mínimo cuando se toca queda permanente a lo largo de los sucesivos años. Y cuando se tocan los presupuestos, siempre es al alza». Curiosamente, pone una excepción que, aunque sea una crítica a Juanma Moreno, es prueba de esa desconfianza reflejada por la Junta. «Cuando Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Dependencia, se tocó el nivel a la baja . Es el único recuerdo que tengo de tocarlo a la baja». Si bien, «esto es para siempre. Las sucesivas leyes de presupuestos deben ir actualizando los precios».La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) rebaja las expectativas del Ministerio La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha cuestionado las previsiones del Gobierno central sobre el impacto que tendrá el incremento de la financiación estatal para la dependencia en Andalucía. La organización sostiene que la reducción real de la lista de espera será del 27%, y no del 47% anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales, al considerar que este último deja fuera de sus cálculos a miles de personas pendientes de valoración. FOAM valora esos 954 millones de euros aprobados por el Ejecutivo para reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el periodo 2026-2027. No obstante, considera necesario «precisar el alcance real» de la disminución de las listas de espera y asegura que el Ministerio excluye del cálculo a 110.108 personas pendientes de valoración, a las que define como «el principal atasco del sistema». Por ello, la federación ha reclamado la publicación del estudio técnico en el que el Gobierno basa sus estimaciones. La entidad recuerda además que Andalucía continúa registrando un tiempo medio de tramitación de 446 días, muy por encima del plazo de seis meses que establece la Ley de Dependencia, y lamenta que la comunidad presente la aportación autonómica por persona con derecho reconocido más baja de España, una circunstancia que, a su juicio, dificulta la reducción de los tiempos de espera. FOAM insiste en que el incremento de la financiación estatal constituye una «oportunidad» para mejorar la atención a las personas dependientes, pero considera imprescindible que el análisis de sus efectos se realice sobre el conjunto de personas que esperan una respuesta del sistema y no únicamente sobre quienes ya tienen reconocido el derecho a una prestación. De este modo, la federación pide una mayor transparencia en la metodología empleada por el Ministerio para sustentar sus previsiones.«La dependencia no necesita anuncios puntuales ni soluciones provisionales; necesita un modelo de financiación estable, suficiente y sostenible que ofrezca seguridad», como en Euskadi, solicitaba la propia López a Montero. La secretaria general del PSOE-A distingue que ese aumento de la inversión se pactó por un lado con el País Vasco y por otro con Sumar para la conjunto de España. «Se va a hacer para los dos».El dinero (los 954 millones) va a llegar y legalmente la aportación del Estado por dependiente ha subido. Sin embargo, al no haber un modelo de financiación autonómica reformado ni unos Presupuestos Generales estables en España, la dependencia se financia «a golpe de decreto». El problema estructural de fondo seguirá siendo un arma arrojadiza entre San Telmo y Moncloa. El sistema de la dependencia en Andalucía es un gigante al que se le saltan las costuras y las vestiduras se mantienen hecha jirones. El volumen poblacional de esta comunidad, envejecida en gran parte por la inversión de la pirámide y la pobreza histórica de la región han derivado en un problema estructural, en el cual por mucho que se avance siempre se va con la rémora de décadas de atraso. Atiende a más de 352.000 personas e incluye 551.800 prestaciones, cifras desorbitadas a las que no se da abasto ni por capacidad humana ni por supuesto financiera.Pese a la gravedad del asunto, en los últimos tiempos ha sido terreno abonado para la lucha política. En la pasada legislatura comenzaron a recogerse los buenos frutos del cambio de sistema, que buscaba una mayor agilidad administrativa recortando plazos, trámites y unificando los movimientos.Un andaluz tarda en recibir la ayuda unos 435 días de media, una barbaridad, a la cola nacional sólo por detrás de la Región de Murcia; pero se han recortado 145 días en dos años y dista mucho de los más de tres años y medio del pico alcanzado por el Gobierno socialista. Se haga lo que se haga, nunca va a ser suficiente.Temor a una asfixia futuraLa diferencia de color en los gobiernos de España y Andalucía desencadena batallas de manera regular, y el penúltimo encontronazo se ha producido justo después de la contienda electoral. La comunidad lleva más de un año reclamando al Ejecutivo que cumpla con la ley y aporte el 50% de la inversión anual en dependencia. En los presupuestos de 2026, la partida es de 2.610 millones, el 71% frente al 29% estatal.El Ministerio de Derechos Sociales ha escuchado estas peticiones (también las similares de otros territorios) y ha aprobado la transferencia de 954 millones entre 2026 y 2027 . Una operación efectuado a través de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).En sus cálculos, permitirá «reducir en un 45%» las listas de espera. En solo un año y medio la Junta podría conseguir que 15.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, aseguran desde Moncloa.Falta de confianzaDesde la consejería agradecen esta inyección financiera pero no confían en el movimiento gubernamental a un año de los comicios locales. Califican la medida de «parche coyuntural» y no una solución definitiva, y temen que agrave el problema en 2028. La Junta critica que la aportación estatal se realice a través de decretos, con un crédito extraordinario, y que quede a expensas de los presupuestos futuros, con la inseguridad que generan tres años de cuentas congeladas y la parálisis parlamentaria actual.«Se trata de un crédito extraordinario limitado al ejercicio en curso, cuya continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias», apuntaba la consejera en funciones, Loles López, en la misma sintonía que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.Los dirigentes andaluces no comprenden como el ministro, Pablo Bustinduy , se ha negado en numerosas ocasiones a incrementar la financiación por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, y ahora encuentre ese margen en un contexto preelectoral, a un año de las municipales y muy cerca también de las nacionales.Andalucía reclama el mismo blindaje para la dependencia que María Jesús Montero concedió al País Vasco como ministra de Hacienda. Entonces se rubricó un pacto que recoge textualmente el compromiso de abonar anualmente a las administraciones vascas el 50% del gasto certificado. La consejería exige un acuerdo similar, con idénticas garantías jurídicas y económicas, que no quede a expensas de las cuentas nacionales. Además, insisten en demandar el pago de los casi 6.000 millones de euros que no se han abonado en estos siete años por la infrafinanciación del sistema.La indignación de MonteroMontero señala que desde el Ejecutivo autonómico «o no conocen cómo se administran los recursos de Dependencia, o simplemente están lanzando bulos y mentiras ». Porque «lo que se modifica en la propuesta del Gobierno de España sobre la financiación al 50% de los dependientes es el nivel mínimo, lo que se paga por cada dependiente reconocido por la administración autonómica».«Estructuralmente se ha modificado lo que se paga por dependiente. Si la tesis fuera que es por un año, se hubiera hecho una transferencia sin más por ese importe», asegura. «Pero el nivel mínimo cuando se toca queda permanente a lo largo de los sucesivos años. Y cuando se tocan los presupuestos, siempre es al alza». Curiosamente, pone una excepción que, aunque sea una crítica a Juanma Moreno, es prueba de esa desconfianza reflejada por la Junta. «Cuando Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Dependencia, se tocó el nivel a la baja . Es el único recuerdo que tengo de tocarlo a la baja». Si bien, «esto es para siempre. Las sucesivas leyes de presupuestos deben ir actualizando los precios».La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) rebaja las expectativas del Ministerio La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha cuestionado las previsiones del Gobierno central sobre el impacto que tendrá el incremento de la financiación estatal para la dependencia en Andalucía. La organización sostiene que la reducción real de la lista de espera será del 27%, y no del 47% anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales, al considerar que este último deja fuera de sus cálculos a miles de personas pendientes de valoración. FOAM valora esos 954 millones de euros aprobados por el Ejecutivo para reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el periodo 2026-2027. No obstante, considera necesario «precisar el alcance real» de la disminución de las listas de espera y asegura que el Ministerio excluye del cálculo a 110.108 personas pendientes de valoración, a las que define como «el principal atasco del sistema». Por ello, la federación ha reclamado la publicación del estudio técnico en el que el Gobierno basa sus estimaciones. La entidad recuerda además que Andalucía continúa registrando un tiempo medio de tramitación de 446 días, muy por encima del plazo de seis meses que establece la Ley de Dependencia, y lamenta que la comunidad presente la aportación autonómica por persona con derecho reconocido más baja de España, una circunstancia que, a su juicio, dificulta la reducción de los tiempos de espera. FOAM insiste en que el incremento de la financiación estatal constituye una «oportunidad» para mejorar la atención a las personas dependientes, pero considera imprescindible que el análisis de sus efectos se realice sobre el conjunto de personas que esperan una respuesta del sistema y no únicamente sobre quienes ya tienen reconocido el derecho a una prestación. De este modo, la federación pide una mayor transparencia en la metodología empleada por el Ministerio para sustentar sus previsiones.«La dependencia no necesita anuncios puntuales ni soluciones provisionales; necesita un modelo de financiación estable, suficiente y sostenible que ofrezca seguridad», como en Euskadi, solicitaba la propia López a Montero. La secretaria general del PSOE-A distingue que ese aumento de la inversión se pactó por un lado con el País Vasco y por otro con Sumar para la conjunto de España. «Se va a hacer para los dos».El dinero (los 954 millones) va a llegar y legalmente la aportación del Estado por dependiente ha subido. Sin embargo, al no haber un modelo de financiación autonómica reformado ni unos Presupuestos Generales estables en España, la dependencia se financia «a golpe de decreto». El problema estructural de fondo seguirá siendo un arma arrojadiza entre San Telmo y Moncloa. El sistema de la dependencia en Andalucía es un gigante al que se le saltan las costuras y las vestiduras se mantienen hecha jirones. El volumen poblacional de esta comunidad, envejecida en gran parte por la inversión de la pirámide y la pobreza histórica de la región han derivado en un problema estructural, en el cual por mucho que se avance siempre se va con la rémora de décadas de atraso. Atiende a más de 352.000 personas e incluye 551.800 prestaciones, cifras desorbitadas a las que no se da abasto ni por capacidad humana ni por supuesto financiera.Pese a la gravedad del asunto, en los últimos tiempos ha sido terreno abonado para la lucha política. En la pasada legislatura comenzaron a recogerse los buenos frutos del cambio de sistema, que buscaba una mayor agilidad administrativa recortando plazos, trámites y unificando los movimientos.Un andaluz tarda en recibir la ayuda unos 435 días de media, una barbaridad, a la cola nacional sólo por detrás de la Región de Murcia; pero se han recortado 145 días en dos años y dista mucho de los más de tres años y medio del pico alcanzado por el Gobierno socialista. Se haga lo que se haga, nunca va a ser suficiente.Temor a una asfixia futuraLa diferencia de color en los gobiernos de España y Andalucía desencadena batallas de manera regular, y el penúltimo encontronazo se ha producido justo después de la contienda electoral. La comunidad lleva más de un año reclamando al Ejecutivo que cumpla con la ley y aporte el 50% de la inversión anual en dependencia. En los presupuestos de 2026, la partida es de 2.610 millones, el 71% frente al 29% estatal.El Ministerio de Derechos Sociales ha escuchado estas peticiones (también las similares de otros territorios) y ha aprobado la transferencia de 954 millones entre 2026 y 2027 . Una operación efectuado a través de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).En sus cálculos, permitirá «reducir en un 45%» las listas de espera. En solo un año y medio la Junta podría conseguir que 15.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, aseguran desde Moncloa.Falta de confianzaDesde la consejería agradecen esta inyección financiera pero no confían en el movimiento gubernamental a un año de los comicios locales. Califican la medida de «parche coyuntural» y no una solución definitiva, y temen que agrave el problema en 2028. La Junta critica que la aportación estatal se realice a través de decretos, con un crédito extraordinario, y que quede a expensas de los presupuestos futuros, con la inseguridad que generan tres años de cuentas congeladas y la parálisis parlamentaria actual.«Se trata de un crédito extraordinario limitado al ejercicio en curso, cuya continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias», apuntaba la consejera en funciones, Loles López, en la misma sintonía que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.Los dirigentes andaluces no comprenden como el ministro, Pablo Bustinduy , se ha negado en numerosas ocasiones a incrementar la financiación por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, y ahora encuentre ese margen en un contexto preelectoral, a un año de las municipales y muy cerca también de las nacionales.Andalucía reclama el mismo blindaje para la dependencia que María Jesús Montero concedió al País Vasco como ministra de Hacienda. Entonces se rubricó un pacto que recoge textualmente el compromiso de abonar anualmente a las administraciones vascas el 50% del gasto certificado. La consejería exige un acuerdo similar, con idénticas garantías jurídicas y económicas, que no quede a expensas de las cuentas nacionales. Además, insisten en demandar el pago de los casi 6.000 millones de euros que no se han abonado en estos siete años por la infrafinanciación del sistema.La indignación de MonteroMontero señala que desde el Ejecutivo autonómico «o no conocen cómo se administran los recursos de Dependencia, o simplemente están lanzando bulos y mentiras ». Porque «lo que se modifica en la propuesta del Gobierno de España sobre la financiación al 50% de los dependientes es el nivel mínimo, lo que se paga por cada dependiente reconocido por la administración autonómica».«Estructuralmente se ha modificado lo que se paga por dependiente. Si la tesis fuera que es por un año, se hubiera hecho una transferencia sin más por ese importe», asegura. «Pero el nivel mínimo cuando se toca queda permanente a lo largo de los sucesivos años. Y cuando se tocan los presupuestos, siempre es al alza». Curiosamente, pone una excepción que, aunque sea una crítica a Juanma Moreno, es prueba de esa desconfianza reflejada por la Junta. «Cuando Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Dependencia, se tocó el nivel a la baja . Es el único recuerdo que tengo de tocarlo a la baja». Si bien, «esto es para siempre. Las sucesivas leyes de presupuestos deben ir actualizando los precios».La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) rebaja las expectativas del Ministerio La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha cuestionado las previsiones del Gobierno central sobre el impacto que tendrá el incremento de la financiación estatal para la dependencia en Andalucía. La organización sostiene que la reducción real de la lista de espera será del 27%, y no del 47% anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales, al considerar que este último deja fuera de sus cálculos a miles de personas pendientes de valoración. FOAM valora esos 954 millones de euros aprobados por el Ejecutivo para reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el periodo 2026-2027. No obstante, considera necesario «precisar el alcance real» de la disminución de las listas de espera y asegura que el Ministerio excluye del cálculo a 110.108 personas pendientes de valoración, a las que define como «el principal atasco del sistema». Por ello, la federación ha reclamado la publicación del estudio técnico en el que el Gobierno basa sus estimaciones. La entidad recuerda además que Andalucía continúa registrando un tiempo medio de tramitación de 446 días, muy por encima del plazo de seis meses que establece la Ley de Dependencia, y lamenta que la comunidad presente la aportación autonómica por persona con derecho reconocido más baja de España, una circunstancia que, a su juicio, dificulta la reducción de los tiempos de espera. FOAM insiste en que el incremento de la financiación estatal constituye una «oportunidad» para mejorar la atención a las personas dependientes, pero considera imprescindible que el análisis de sus efectos se realice sobre el conjunto de personas que esperan una respuesta del sistema y no únicamente sobre quienes ya tienen reconocido el derecho a una prestación. De este modo, la federación pide una mayor transparencia en la metodología empleada por el Ministerio para sustentar sus previsiones.«La dependencia no necesita anuncios puntuales ni soluciones provisionales; necesita un modelo de financiación estable, suficiente y sostenible que ofrezca seguridad», como en Euskadi, solicitaba la propia López a Montero. La secretaria general del PSOE-A distingue que ese aumento de la inversión se pactó por un lado con el País Vasco y por otro con Sumar para la conjunto de España. «Se va a hacer para los dos».El dinero (los 954 millones) va a llegar y legalmente la aportación del Estado por dependiente ha subido. Sin embargo, al no haber un modelo de financiación autonómica reformado ni unos Presupuestos Generales estables en España, la dependencia se financia «a golpe de decreto». El problema estructural de fondo seguirá siendo un arma arrojadiza entre San Telmo y Moncloa. RSS de noticias de espana/andalucia
Noticias Similares
