Cuatro de las siete exmonjas de Belorado que todavía perseveran en el cisma han declarado este lunes ante el juzgado de Briviesca en relación a las causas que investigan la venta de obras de arte y bienes del monasterio catalogados, la venta de casullas y ornamentos litúrgicos a través de una tienda online y el uso presuntamente ilegítimo de los coches de la comunidad. En unas declaraciones a la entrada del juzgado, dos de las exreligiosas, lejos de explicar el fondo de las acusaciones por las que han sido citadas, han vuelto a cargar contra el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, del que dicen ser víctimas y al que han calificado de «vil» y «ambicioso». Según su versión, las acusaciones que les han llevado al juzgado son «rastreras».En sus declaraciones, las exreligiosas han insistido en que «tenían todo el derecho a hacerlo», en referencia a la venta de objetos de arte en 2023, cuando todavía no habían proclamado el cisma ni habían sido excomulgadas, por lo que pertenecían a la Iglesia católica y la representación del monasterio recaía en la comunidad, representada por la abadesa.«Sólo había que pedir permiso al capítulo conventual y al discretorio, que son los órganos de gobierno de la comunidad, y se hizo, con voto unánime», ha explicado la exreligiosa conocida como sor Paloma, quien también ha señalado que sólo tenían que pedir autorización al arzobispo si la venta superaba los 750.000 euros, una cifra que no se alcanzó «ni por asomo». Por su parte, sor Sión ha querido quitar hierro a la venta al afirmar que «es una cosa que hacen los monasterios; cuando tienen que restaurar otros bienes venden cosas que no están inventariadas ni catalogadas».Sin embargo, lo que han obviado ambas es que la razón que llevó a la Guardia Civil a iniciar la investigación –e incluso a la detención, el 27 de noviembre de 2025, de la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad y un anticuario de León– fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento y que incluso tenían algún nivel de protección. Al menos una de estas piezas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.De esta forma, las exreligiosas fundamentan su defensa en que en 2023, cuando realizaron esas ventas, eran las legítimas administradoras del monasterio, pero ese argumento deja sin dar respuesta a todas las actuaciones posteriores al cisma, cuando ya no ostentaban la representación legal.Además, en el registro que los agentes realizaron en noviembre de 2025 en busca de más obras de arte, detectaron que la mayor parte del patrimonio mueble del monasterio de Belorado (Burgos) había sido trasladado al de Orduña (Vizcaya) ante la inminencia del desahucio, que finalmente se produjo el pasado marzo. Los agentes comprobaron que gran parte de estas piezas se encontraban embaladas, sin poder precisar si ello obedecía al propio traslado o a que estuvieran preparadas para una futura venta, extremo que las exreligiosas niegan.Sin embargo, lo que sí es evidente es que los bienes trasladados a Orduña pertenecen a la comunidad monástica de Belorado y fueron trasladados sin autorización de su representante legal, el comisario pontificio. Además, una vez que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa, las exmonjas tampoco pertenecían a la comunidad, por lo que el traslado de las obras de arte resultaría irregular. Por esa razón, la Guardia Civil se incautó de los bienes, que posteriormente entregó al arzobispado de Burgos para su custodia hasta que se aclare la situación. Sobre estas cuestiones, que constituyen el núcleo de la investigación, las exreligiosas no han dado ninguna explicación a las puertas del juzgado.Venta de casullas y donaciones para la danaA esta causa se ha unido también una investigación por apropiación indebida por la venta de cuatro casullas, a través de Wallapop, en 2024, por un valor de «menos de mil euros», según ha reconocido sor Paloma, quien también ha asegurado que no tenían ningún valor y que otras iguales permanecen en el convento. Por su parte, sor Sión ha explicado que eran suyas y que «como abrazamos la liturgia antigua, en la que se usan otros ornamentos, los vendimos para comprar otros apropiados para esa liturgia». Sin embargo, aunque el importe es muy inferior, el problema es el mismo que con las obras de arte, pues la propiedad de las casullas era de la comunidad monástica, a la que, en el momento de la venta, ya no pertenecían las exreligiosas que las vendieron.Igual ocurre con la tercera causa agrupada en el procedimiento, la relativa al uso de los coches propiedad de la comunidad y a la donación de uno de ellos a los afectados por la dana. En los días posteriores a las inundaciones que azotaron Valencia en 2024, y cuando ya se había consumado el cisma, las exreligiosas entregaron un Audi matriculado en abril de 2002 al influencer y mecánico Ángel Gaitán. Además, las exreligiosas han seguido disfrutando del resto de vehículos de la comunidad monástica, tanto de los que eran de su propiedad como de los que estaban en régimen de renting, pese a que los gastos los asumía la oficina del comisario pontificio. Las exreligiosas se han escudado en el carácter solidario para justificar la donación a los afectados por la dana, pero no han explicado la razón por la que seguían utilizando unos vehículos que no eran de su propiedad y sobre los que ni siquiera asumían los gastos. Cuatro de las siete exmonjas de Belorado que todavía perseveran en el cisma han declarado este lunes ante el juzgado de Briviesca en relación a las causas que investigan la venta de obras de arte y bienes del monasterio catalogados, la venta de casullas y ornamentos litúrgicos a través de una tienda online y el uso presuntamente ilegítimo de los coches de la comunidad. En unas declaraciones a la entrada del juzgado, dos de las exreligiosas, lejos de explicar el fondo de las acusaciones por las que han sido citadas, han vuelto a cargar contra el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, del que dicen ser víctimas y al que han calificado de «vil» y «ambicioso». Según su versión, las acusaciones que les han llevado al juzgado son «rastreras».En sus declaraciones, las exreligiosas han insistido en que «tenían todo el derecho a hacerlo», en referencia a la venta de objetos de arte en 2023, cuando todavía no habían proclamado el cisma ni habían sido excomulgadas, por lo que pertenecían a la Iglesia católica y la representación del monasterio recaía en la comunidad, representada por la abadesa.«Sólo había que pedir permiso al capítulo conventual y al discretorio, que son los órganos de gobierno de la comunidad, y se hizo, con voto unánime», ha explicado la exreligiosa conocida como sor Paloma, quien también ha señalado que sólo tenían que pedir autorización al arzobispo si la venta superaba los 750.000 euros, una cifra que no se alcanzó «ni por asomo». Por su parte, sor Sión ha querido quitar hierro a la venta al afirmar que «es una cosa que hacen los monasterios; cuando tienen que restaurar otros bienes venden cosas que no están inventariadas ni catalogadas».Sin embargo, lo que han obviado ambas es que la razón que llevó a la Guardia Civil a iniciar la investigación –e incluso a la detención, el 27 de noviembre de 2025, de la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad y un anticuario de León– fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento y que incluso tenían algún nivel de protección. Al menos una de estas piezas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.De esta forma, las exreligiosas fundamentan su defensa en que en 2023, cuando realizaron esas ventas, eran las legítimas administradoras del monasterio, pero ese argumento deja sin dar respuesta a todas las actuaciones posteriores al cisma, cuando ya no ostentaban la representación legal.Además, en el registro que los agentes realizaron en noviembre de 2025 en busca de más obras de arte, detectaron que la mayor parte del patrimonio mueble del monasterio de Belorado (Burgos) había sido trasladado al de Orduña (Vizcaya) ante la inminencia del desahucio, que finalmente se produjo el pasado marzo. Los agentes comprobaron que gran parte de estas piezas se encontraban embaladas, sin poder precisar si ello obedecía al propio traslado o a que estuvieran preparadas para una futura venta, extremo que las exreligiosas niegan.Sin embargo, lo que sí es evidente es que los bienes trasladados a Orduña pertenecen a la comunidad monástica de Belorado y fueron trasladados sin autorización de su representante legal, el comisario pontificio. Además, una vez que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa, las exmonjas tampoco pertenecían a la comunidad, por lo que el traslado de las obras de arte resultaría irregular. Por esa razón, la Guardia Civil se incautó de los bienes, que posteriormente entregó al arzobispado de Burgos para su custodia hasta que se aclare la situación. Sobre estas cuestiones, que constituyen el núcleo de la investigación, las exreligiosas no han dado ninguna explicación a las puertas del juzgado.Venta de casullas y donaciones para la danaA esta causa se ha unido también una investigación por apropiación indebida por la venta de cuatro casullas, a través de Wallapop, en 2024, por un valor de «menos de mil euros», según ha reconocido sor Paloma, quien también ha asegurado que no tenían ningún valor y que otras iguales permanecen en el convento. Por su parte, sor Sión ha explicado que eran suyas y que «como abrazamos la liturgia antigua, en la que se usan otros ornamentos, los vendimos para comprar otros apropiados para esa liturgia». Sin embargo, aunque el importe es muy inferior, el problema es el mismo que con las obras de arte, pues la propiedad de las casullas era de la comunidad monástica, a la que, en el momento de la venta, ya no pertenecían las exreligiosas que las vendieron.Igual ocurre con la tercera causa agrupada en el procedimiento, la relativa al uso de los coches propiedad de la comunidad y a la donación de uno de ellos a los afectados por la dana. En los días posteriores a las inundaciones que azotaron Valencia en 2024, y cuando ya se había consumado el cisma, las exreligiosas entregaron un Audi matriculado en abril de 2002 al influencer y mecánico Ángel Gaitán. Además, las exreligiosas han seguido disfrutando del resto de vehículos de la comunidad monástica, tanto de los que eran de su propiedad como de los que estaban en régimen de renting, pese a que los gastos los asumía la oficina del comisario pontificio. Las exreligiosas se han escudado en el carácter solidario para justificar la donación a los afectados por la dana, pero no han explicado la razón por la que seguían utilizando unos vehículos que no eran de su propiedad y sobre los que ni siquiera asumían los gastos. Cuatro de las siete exmonjas de Belorado que todavía perseveran en el cisma han declarado este lunes ante el juzgado de Briviesca en relación a las causas que investigan la venta de obras de arte y bienes del monasterio catalogados, la venta de casullas y ornamentos litúrgicos a través de una tienda online y el uso presuntamente ilegítimo de los coches de la comunidad. En unas declaraciones a la entrada del juzgado, dos de las exreligiosas, lejos de explicar el fondo de las acusaciones por las que han sido citadas, han vuelto a cargar contra el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, del que dicen ser víctimas y al que han calificado de «vil» y «ambicioso». Según su versión, las acusaciones que les han llevado al juzgado son «rastreras».En sus declaraciones, las exreligiosas han insistido en que «tenían todo el derecho a hacerlo», en referencia a la venta de objetos de arte en 2023, cuando todavía no habían proclamado el cisma ni habían sido excomulgadas, por lo que pertenecían a la Iglesia católica y la representación del monasterio recaía en la comunidad, representada por la abadesa.«Sólo había que pedir permiso al capítulo conventual y al discretorio, que son los órganos de gobierno de la comunidad, y se hizo, con voto unánime», ha explicado la exreligiosa conocida como sor Paloma, quien también ha señalado que sólo tenían que pedir autorización al arzobispo si la venta superaba los 750.000 euros, una cifra que no se alcanzó «ni por asomo». Por su parte, sor Sión ha querido quitar hierro a la venta al afirmar que «es una cosa que hacen los monasterios; cuando tienen que restaurar otros bienes venden cosas que no están inventariadas ni catalogadas».Sin embargo, lo que han obviado ambas es que la razón que llevó a la Guardia Civil a iniciar la investigación –e incluso a la detención, el 27 de noviembre de 2025, de la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad y un anticuario de León– fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento y que incluso tenían algún nivel de protección. Al menos una de estas piezas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.De esta forma, las exreligiosas fundamentan su defensa en que en 2023, cuando realizaron esas ventas, eran las legítimas administradoras del monasterio, pero ese argumento deja sin dar respuesta a todas las actuaciones posteriores al cisma, cuando ya no ostentaban la representación legal.Además, en el registro que los agentes realizaron en noviembre de 2025 en busca de más obras de arte, detectaron que la mayor parte del patrimonio mueble del monasterio de Belorado (Burgos) había sido trasladado al de Orduña (Vizcaya) ante la inminencia del desahucio, que finalmente se produjo el pasado marzo. Los agentes comprobaron que gran parte de estas piezas se encontraban embaladas, sin poder precisar si ello obedecía al propio traslado o a que estuvieran preparadas para una futura venta, extremo que las exreligiosas niegan.Sin embargo, lo que sí es evidente es que los bienes trasladados a Orduña pertenecen a la comunidad monástica de Belorado y fueron trasladados sin autorización de su representante legal, el comisario pontificio. Además, una vez que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa, las exmonjas tampoco pertenecían a la comunidad, por lo que el traslado de las obras de arte resultaría irregular. Por esa razón, la Guardia Civil se incautó de los bienes, que posteriormente entregó al arzobispado de Burgos para su custodia hasta que se aclare la situación. Sobre estas cuestiones, que constituyen el núcleo de la investigación, las exreligiosas no han dado ninguna explicación a las puertas del juzgado.Venta de casullas y donaciones para la danaA esta causa se ha unido también una investigación por apropiación indebida por la venta de cuatro casullas, a través de Wallapop, en 2024, por un valor de «menos de mil euros», según ha reconocido sor Paloma, quien también ha asegurado que no tenían ningún valor y que otras iguales permanecen en el convento. Por su parte, sor Sión ha explicado que eran suyas y que «como abrazamos la liturgia antigua, en la que se usan otros ornamentos, los vendimos para comprar otros apropiados para esa liturgia». Sin embargo, aunque el importe es muy inferior, el problema es el mismo que con las obras de arte, pues la propiedad de las casullas era de la comunidad monástica, a la que, en el momento de la venta, ya no pertenecían las exreligiosas que las vendieron.Igual ocurre con la tercera causa agrupada en el procedimiento, la relativa al uso de los coches propiedad de la comunidad y a la donación de uno de ellos a los afectados por la dana. En los días posteriores a las inundaciones que azotaron Valencia en 2024, y cuando ya se había consumado el cisma, las exreligiosas entregaron un Audi matriculado en abril de 2002 al influencer y mecánico Ángel Gaitán. Además, las exreligiosas han seguido disfrutando del resto de vehículos de la comunidad monástica, tanto de los que eran de su propiedad como de los que estaban en régimen de renting, pese a que los gastos los asumía la oficina del comisario pontificio. Las exreligiosas se han escudado en el carácter solidario para justificar la donación a los afectados por la dana, pero no han explicado la razón por la que seguían utilizando unos vehículos que no eran de su propiedad y sobre los que ni siquiera asumían los gastos. RSS de noticias de sociedad
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