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Lo que nadie se atreve a decir sobre la ‘ley de nietos’

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El mayor arma de destrucción masiva de que dispone el ciudadano es su voto. Puede que a título individual, conjugado en una pobre primera persona del singular, no se aprecien sus efectos. Pero cuando se agrupa alrededor de un colectivo lo suficientemente amplio como para ser determinante, si es capaz de alcanzar la transversalidad territorial y ser influyente en cualquier punto del país, entonces ríase usted de un escándalo mediático y sus consecuencias. Ahí tienen el ejemplo de los pensionistas, a los que nadie se atreve a contradecir en sus proclamas cuando no son sus jubilaciones las que están en riesgo, ni tampoco sus privilegios, sino los de quienes venimos por detrás. Ay del político que abra esa espita y ose ponerle el cascabel al gato. Saldrá magullado en las urnas.Algo de eso hay en todo este debate de los nietos de los emigrantes, su nacionalización y el reconocimiento de su derecho al sufragio. Se han mezclado en la coctelera demasiadas cosas, y el resultado es un cóctel que no hay quien se lo beba. Está por un lado si hay que conceder la nacionalidad o no a la tercera generación de españoles que se marcharon, y hay un consenso aparentemente favorable. ¿Y por qué? ¿En base a qué retórica historicista? Pudo tener una explicación con los hijos de los emigrantes, que se marcharon huyendo de la España de miseria y dictadura de la posguerra. Hoy no se sostiene, porque desde hace cincuenta años -como bien nos recordó el Gobierno con una de esas campañas de gasto absurdo- tenemos un sistema de libertades. ¿Qué les impidió volver? ¿Qué clase de sentimiento de arraigo hacia España tiene la nieta de un señor de Láncara que nació, creció y vive normalmente en Buenos Aires, Montevideo o el DF? Unos gramos de nostalgia, quizás, pero más por lo que eso representaba para su padre y su abuelo que para ella misma.En el caso gallego, el reconocimiento a los nietos es, en realidad, una vía para la repoblación de un territorio con un acusado declive demográfico. Puestos a recuperar vecinos, siempre mejor aquellos que hablen tu idioma y sepan dónde está Galicia en el mapa. Y si mantienen un vínculo, por diluido que pueda estar, siempre será un plus. De ahí las distintas políticas para el retorno, vinculadas casi siempre al emprendimiento empresarial -es decir, a la generación de riqueza- o a la mejora académica en el sistema público educativo. Puede entenderse.No se entiende, sin embargo, la concesión del derecho al voto a quien no vive aquí. Es un debate superado en el caso de las elecciones municipales y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, los partidos lo han dejado vigente en el caso de las generales y autonómicas. ¿Por qué? El derecho al voto forma parte de los elementos esenciales de la ciudadanía, es decir, de la pertenencia de un individuo a una comunidad de iguales, en la que vive, participa, tributa y cotiza. Por tanto, si yo pago impuestos tengo derecho a que alguien me represente. Fue la filosofía de los padres fundadores de Estados Unidos, que derivó en su independencia del Imperio Británico. Aquí, sin embargo, le negamos ese derecho a los migrantes con permiso de residencia (y de trabajo) y se lo concedemos al nieto del emigrante que no ha pisado nunca España. ¿Alguien le encuentra sentido, más allá de entregarle a quienes viven en una realidad ajena a la nuestra la capacidad de decidir aquello que no les afecta?Nadie abrirá este melón, porque los emigrantes pueden votar y resultar decisivos. Y porque, en la distancia, el mejor argumento a esgrimir es un «¿y usted qué me da a cambio de mi voto?». La respuesta solo muestra lo perverso del sistema. ¿Qué tal si acabamos con preguntas así? El mayor arma de destrucción masiva de que dispone el ciudadano es su voto. Puede que a título individual, conjugado en una pobre primera persona del singular, no se aprecien sus efectos. Pero cuando se agrupa alrededor de un colectivo lo suficientemente amplio como para ser determinante, si es capaz de alcanzar la transversalidad territorial y ser influyente en cualquier punto del país, entonces ríase usted de un escándalo mediático y sus consecuencias. Ahí tienen el ejemplo de los pensionistas, a los que nadie se atreve a contradecir en sus proclamas cuando no son sus jubilaciones las que están en riesgo, ni tampoco sus privilegios, sino los de quienes venimos por detrás. Ay del político que abra esa espita y ose ponerle el cascabel al gato. Saldrá magullado en las urnas.Algo de eso hay en todo este debate de los nietos de los emigrantes, su nacionalización y el reconocimiento de su derecho al sufragio. Se han mezclado en la coctelera demasiadas cosas, y el resultado es un cóctel que no hay quien se lo beba. Está por un lado si hay que conceder la nacionalidad o no a la tercera generación de españoles que se marcharon, y hay un consenso aparentemente favorable. ¿Y por qué? ¿En base a qué retórica historicista? Pudo tener una explicación con los hijos de los emigrantes, que se marcharon huyendo de la España de miseria y dictadura de la posguerra. Hoy no se sostiene, porque desde hace cincuenta años -como bien nos recordó el Gobierno con una de esas campañas de gasto absurdo- tenemos un sistema de libertades. ¿Qué les impidió volver? ¿Qué clase de sentimiento de arraigo hacia España tiene la nieta de un señor de Láncara que nació, creció y vive normalmente en Buenos Aires, Montevideo o el DF? Unos gramos de nostalgia, quizás, pero más por lo que eso representaba para su padre y su abuelo que para ella misma.En el caso gallego, el reconocimiento a los nietos es, en realidad, una vía para la repoblación de un territorio con un acusado declive demográfico. Puestos a recuperar vecinos, siempre mejor aquellos que hablen tu idioma y sepan dónde está Galicia en el mapa. Y si mantienen un vínculo, por diluido que pueda estar, siempre será un plus. De ahí las distintas políticas para el retorno, vinculadas casi siempre al emprendimiento empresarial -es decir, a la generación de riqueza- o a la mejora académica en el sistema público educativo. Puede entenderse.No se entiende, sin embargo, la concesión del derecho al voto a quien no vive aquí. Es un debate superado en el caso de las elecciones municipales y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, los partidos lo han dejado vigente en el caso de las generales y autonómicas. ¿Por qué? El derecho al voto forma parte de los elementos esenciales de la ciudadanía, es decir, de la pertenencia de un individuo a una comunidad de iguales, en la que vive, participa, tributa y cotiza. Por tanto, si yo pago impuestos tengo derecho a que alguien me represente. Fue la filosofía de los padres fundadores de Estados Unidos, que derivó en su independencia del Imperio Británico. Aquí, sin embargo, le negamos ese derecho a los migrantes con permiso de residencia (y de trabajo) y se lo concedemos al nieto del emigrante que no ha pisado nunca España. ¿Alguien le encuentra sentido, más allá de entregarle a quienes viven en una realidad ajena a la nuestra la capacidad de decidir aquello que no les afecta?Nadie abrirá este melón, porque los emigrantes pueden votar y resultar decisivos. Y porque, en la distancia, el mejor argumento a esgrimir es un «¿y usted qué me da a cambio de mi voto?». La respuesta solo muestra lo perverso del sistema. ¿Qué tal si acabamos con preguntas así?  El mayor arma de destrucción masiva de que dispone el ciudadano es su voto. Puede que a título individual, conjugado en una pobre primera persona del singular, no se aprecien sus efectos. Pero cuando se agrupa alrededor de un colectivo lo suficientemente amplio como para ser determinante, si es capaz de alcanzar la transversalidad territorial y ser influyente en cualquier punto del país, entonces ríase usted de un escándalo mediático y sus consecuencias. Ahí tienen el ejemplo de los pensionistas, a los que nadie se atreve a contradecir en sus proclamas cuando no son sus jubilaciones las que están en riesgo, ni tampoco sus privilegios, sino los de quienes venimos por detrás. Ay del político que abra esa espita y ose ponerle el cascabel al gato. Saldrá magullado en las urnas.Algo de eso hay en todo este debate de los nietos de los emigrantes, su nacionalización y el reconocimiento de su derecho al sufragio. Se han mezclado en la coctelera demasiadas cosas, y el resultado es un cóctel que no hay quien se lo beba. Está por un lado si hay que conceder la nacionalidad o no a la tercera generación de españoles que se marcharon, y hay un consenso aparentemente favorable. ¿Y por qué? ¿En base a qué retórica historicista? Pudo tener una explicación con los hijos de los emigrantes, que se marcharon huyendo de la España de miseria y dictadura de la posguerra. Hoy no se sostiene, porque desde hace cincuenta años -como bien nos recordó el Gobierno con una de esas campañas de gasto absurdo- tenemos un sistema de libertades. ¿Qué les impidió volver? ¿Qué clase de sentimiento de arraigo hacia España tiene la nieta de un señor de Láncara que nació, creció y vive normalmente en Buenos Aires, Montevideo o el DF? Unos gramos de nostalgia, quizás, pero más por lo que eso representaba para su padre y su abuelo que para ella misma.En el caso gallego, el reconocimiento a los nietos es, en realidad, una vía para la repoblación de un territorio con un acusado declive demográfico. Puestos a recuperar vecinos, siempre mejor aquellos que hablen tu idioma y sepan dónde está Galicia en el mapa. Y si mantienen un vínculo, por diluido que pueda estar, siempre será un plus. De ahí las distintas políticas para el retorno, vinculadas casi siempre al emprendimiento empresarial -es decir, a la generación de riqueza- o a la mejora académica en el sistema público educativo. Puede entenderse.No se entiende, sin embargo, la concesión del derecho al voto a quien no vive aquí. Es un debate superado en el caso de las elecciones municipales y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, los partidos lo han dejado vigente en el caso de las generales y autonómicas. ¿Por qué? El derecho al voto forma parte de los elementos esenciales de la ciudadanía, es decir, de la pertenencia de un individuo a una comunidad de iguales, en la que vive, participa, tributa y cotiza. Por tanto, si yo pago impuestos tengo derecho a que alguien me represente. Fue la filosofía de los padres fundadores de Estados Unidos, que derivó en su independencia del Imperio Británico. Aquí, sin embargo, le negamos ese derecho a los migrantes con permiso de residencia (y de trabajo) y se lo concedemos al nieto del emigrante que no ha pisado nunca España. ¿Alguien le encuentra sentido, más allá de entregarle a quienes viven en una realidad ajena a la nuestra la capacidad de decidir aquello que no les afecta?Nadie abrirá este melón, porque los emigrantes pueden votar y resultar decisivos. Y porque, en la distancia, el mejor argumento a esgrimir es un «¿y usted qué me da a cambio de mi voto?». 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