Casi como un quiebro del destino. La legislatura que arrancó con la amnistía culmina con su aplicación efectiva. Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez apretara el botón del adelanto electoral por la falta de apoyo de Junts al decreto sobre vivienda, el Tribunal Supremo levantaba la orden de detención de Carles Puigdemont , allanando su regreso a España. Un retorno que supone el aval judicial a la amnistía, pero que no llegará a tiempo para su despliegue político completo. El presidente del Gobierno ha confirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no habrá reunión con el líder posconvergente como se había comprometido en numerosas ocasiones. En la carrera hacia las urnas, la foto no es oportuna.Sánchez adujo el «tiempo electoral» y que «los candidatos estamos defendiendo nuestras opciones políticas» para asegurar que «no contempla» reunirse con ningún candidato político de un partido u otro y que mantendrá la interlocución que su cargo le «habilita a tener» por cuestiones institucionales. «Nada más allá de eso», dijo, para justificar su rechazo a una cita que en Moncloa se defendió en otro tiempo como el broche para cerrar un pacto importante con Junts. Siempre se pensó en que sería tras unos presupuestos que garantizaran la viabilidad de la legislatura. Ahora que esta está ya sentenciada, Sánchez no hará ningún gesto, nada que pueda desmovilizar a un solo votante socialista y, entre sus bases, Puigdemont generar demasiados anticuerpos. Tienen un efecto corrosivo.Sin embargo, mientras se reniega del líder de Junts, el presidente evita entrar a la carga contra su partido, responsable de haber hecho decaer los dos decretos de vivienda que han desembocado en la convocatoria electoral. Sánchez trató de desvincular la aprobación de la amnistía de un apoyo que no ha sido tal durante estos tres años de mandato y se limitó a encuadrar el boicot sistemático de los posconvergentes en el Congreso a diferencias ideológicas. Sin embargo, otros portavoces socialistas sí cargan las tintas sobre Junts, a quien integran en las «derechas buitres» que «han dado la espalda a la ciudadanía en el Parlamento».Por garantizarse su apoyo en la investidura, Sánchez adoptó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera política y la que más impacto electoral -perjudicial- ha tenido para el PSOE en algunos territorios. El presidente ha reivindicado la decisión -después de que finalmente Puigdemont vaya a poder volver a España- como un movimiento que «no hacíamos pensando en un partido político, sino en los catalanes». Para el Ejecutivo ha supuesto un respiro que otras instancias judiciales superiores, sobre todo la europea, avalaran un perdón que el Tribunal Supremo se ha resistido hasta el último momento a aplicar.Sánchez ha defendido su apuesta por los indultos y la amnistía como una respuesta «a un problema político que teníamos que resolver desde la política». «Lo importante es el mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes. Estamos defendiendo la cohesión de España que se puso en riesgo en el año 2017 por la impericia de quienes gobernaban este país», ha señalado el presidente, para calificar de «trascendente» el paso judicial que se ha dado este martes y que llega después de 10 años. «Tenemos que respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar que con ello también ayudamos a la sociedad catalana», ha insistido el presidente. En el Gobierno y en el PSOE creen que esta decisión avala su apuesta por la normalización de Cataluña, aunque no se adoptó por esta cuestión, sino por la necesidad de los siete votos de Junts para conseguir la investidura. Sin embargo, a nivel catalán, al PSC y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le beneficia que Puigdemont regrese para desactivar el sentimiento victimista de los posconvergentes y para poder «avanzar». En Moncloa siempre han defendido la amnistía como «el hito» de 2026 y este hito se ha conseguido al filo del mandato. Casi como un quiebro del destino. La legislatura que arrancó con la amnistía culmina con su aplicación efectiva. Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez apretara el botón del adelanto electoral por la falta de apoyo de Junts al decreto sobre vivienda, el Tribunal Supremo levantaba la orden de detención de Carles Puigdemont , allanando su regreso a España. Un retorno que supone el aval judicial a la amnistía, pero que no llegará a tiempo para su despliegue político completo. El presidente del Gobierno ha confirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no habrá reunión con el líder posconvergente como se había comprometido en numerosas ocasiones. En la carrera hacia las urnas, la foto no es oportuna.Sánchez adujo el «tiempo electoral» y que «los candidatos estamos defendiendo nuestras opciones políticas» para asegurar que «no contempla» reunirse con ningún candidato político de un partido u otro y que mantendrá la interlocución que su cargo le «habilita a tener» por cuestiones institucionales. «Nada más allá de eso», dijo, para justificar su rechazo a una cita que en Moncloa se defendió en otro tiempo como el broche para cerrar un pacto importante con Junts. Siempre se pensó en que sería tras unos presupuestos que garantizaran la viabilidad de la legislatura. Ahora que esta está ya sentenciada, Sánchez no hará ningún gesto, nada que pueda desmovilizar a un solo votante socialista y, entre sus bases, Puigdemont generar demasiados anticuerpos. Tienen un efecto corrosivo.Sin embargo, mientras se reniega del líder de Junts, el presidente evita entrar a la carga contra su partido, responsable de haber hecho decaer los dos decretos de vivienda que han desembocado en la convocatoria electoral. Sánchez trató de desvincular la aprobación de la amnistía de un apoyo que no ha sido tal durante estos tres años de mandato y se limitó a encuadrar el boicot sistemático de los posconvergentes en el Congreso a diferencias ideológicas. Sin embargo, otros portavoces socialistas sí cargan las tintas sobre Junts, a quien integran en las «derechas buitres» que «han dado la espalda a la ciudadanía en el Parlamento».Por garantizarse su apoyo en la investidura, Sánchez adoptó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera política y la que más impacto electoral -perjudicial- ha tenido para el PSOE en algunos territorios. El presidente ha reivindicado la decisión -después de que finalmente Puigdemont vaya a poder volver a España- como un movimiento que «no hacíamos pensando en un partido político, sino en los catalanes». Para el Ejecutivo ha supuesto un respiro que otras instancias judiciales superiores, sobre todo la europea, avalaran un perdón que el Tribunal Supremo se ha resistido hasta el último momento a aplicar.Sánchez ha defendido su apuesta por los indultos y la amnistía como una respuesta «a un problema político que teníamos que resolver desde la política». «Lo importante es el mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes. Estamos defendiendo la cohesión de España que se puso en riesgo en el año 2017 por la impericia de quienes gobernaban este país», ha señalado el presidente, para calificar de «trascendente» el paso judicial que se ha dado este martes y que llega después de 10 años. «Tenemos que respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar que con ello también ayudamos a la sociedad catalana», ha insistido el presidente. En el Gobierno y en el PSOE creen que esta decisión avala su apuesta por la normalización de Cataluña, aunque no se adoptó por esta cuestión, sino por la necesidad de los siete votos de Junts para conseguir la investidura. Sin embargo, a nivel catalán, al PSC y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le beneficia que Puigdemont regrese para desactivar el sentimiento victimista de los posconvergentes y para poder «avanzar». En Moncloa siempre han defendido la amnistía como «el hito» de 2026 y este hito se ha conseguido al filo del mandato. Casi como un quiebro del destino. La legislatura que arrancó con la amnistía culmina con su aplicación efectiva. Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez apretara el botón del adelanto electoral por la falta de apoyo de Junts al decreto sobre vivienda, el Tribunal Supremo levantaba la orden de detención de Carles Puigdemont , allanando su regreso a España. Un retorno que supone el aval judicial a la amnistía, pero que no llegará a tiempo para su despliegue político completo. El presidente del Gobierno ha confirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no habrá reunión con el líder posconvergente como se había comprometido en numerosas ocasiones. En la carrera hacia las urnas, la foto no es oportuna.Sánchez adujo el «tiempo electoral» y que «los candidatos estamos defendiendo nuestras opciones políticas» para asegurar que «no contempla» reunirse con ningún candidato político de un partido u otro y que mantendrá la interlocución que su cargo le «habilita a tener» por cuestiones institucionales. «Nada más allá de eso», dijo, para justificar su rechazo a una cita que en Moncloa se defendió en otro tiempo como el broche para cerrar un pacto importante con Junts. Siempre se pensó en que sería tras unos presupuestos que garantizaran la viabilidad de la legislatura. Ahora que esta está ya sentenciada, Sánchez no hará ningún gesto, nada que pueda desmovilizar a un solo votante socialista y, entre sus bases, Puigdemont generar demasiados anticuerpos. Tienen un efecto corrosivo.Sin embargo, mientras se reniega del líder de Junts, el presidente evita entrar a la carga contra su partido, responsable de haber hecho decaer los dos decretos de vivienda que han desembocado en la convocatoria electoral. Sánchez trató de desvincular la aprobación de la amnistía de un apoyo que no ha sido tal durante estos tres años de mandato y se limitó a encuadrar el boicot sistemático de los posconvergentes en el Congreso a diferencias ideológicas. Sin embargo, otros portavoces socialistas sí cargan las tintas sobre Junts, a quien integran en las «derechas buitres» que «han dado la espalda a la ciudadanía en el Parlamento».Por garantizarse su apoyo en la investidura, Sánchez adoptó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera política y la que más impacto electoral -perjudicial- ha tenido para el PSOE en algunos territorios. El presidente ha reivindicado la decisión -después de que finalmente Puigdemont vaya a poder volver a España- como un movimiento que «no hacíamos pensando en un partido político, sino en los catalanes». Para el Ejecutivo ha supuesto un respiro que otras instancias judiciales superiores, sobre todo la europea, avalaran un perdón que el Tribunal Supremo se ha resistido hasta el último momento a aplicar.Sánchez ha defendido su apuesta por los indultos y la amnistía como una respuesta «a un problema político que teníamos que resolver desde la política». «Lo importante es el mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes. Estamos defendiendo la cohesión de España que se puso en riesgo en el año 2017 por la impericia de quienes gobernaban este país», ha señalado el presidente, para calificar de «trascendente» el paso judicial que se ha dado este martes y que llega después de 10 años. «Tenemos que respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar que con ello también ayudamos a la sociedad catalana», ha insistido el presidente. En el Gobierno y en el PSOE creen que esta decisión avala su apuesta por la normalización de Cataluña, aunque no se adoptó por esta cuestión, sino por la necesidad de los siete votos de Junts para conseguir la investidura. Sin embargo, a nivel catalán, al PSC y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le beneficia que Puigdemont regrese para desactivar el sentimiento victimista de los posconvergentes y para poder «avanzar». En Moncloa siempre han defendido la amnistía como «el hito» de 2026 y este hito se ha conseguido al filo del mandato. 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