La sacudida judicial del ‘caso Leire Díez’ forzó hace 40 días la dimisión del máximo responsable del órgano de control del dinero público en la Junta de Andalucía. El nuevo Gobierno andaluz del PP y Vox ha cubierto este miércoles la vacante con el nombramiento de Sofía Rull Rodríguez (Sevilla, 1977) como nueva interventora general. A propuesta de la consejera de Economía, Carolina España, Rull asume la fiscalización de las cuentas autonómicas con el reto de restaurar la normalidad institucional tras la renuncia de su predecesor, Miguel Ángel Figueroa.La nueva interventora general cuenta con un perfil eminentemente técnico. Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y actual estudiante del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED, es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía desde el año 2008. Ha pasado por el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta (en la especialidad de gestión financiera) y, actualmente, forma parte del Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Asimismo, Rull desempeñó responsabilidades como jefa de personal y miembro del departamento de Asuntos Económicos en el Consejo Económico y Social de España. Ahora, desde su nuevo despacho, será la máxima encargada de ejercer el control interno, la fiscalización previa del gasto público y la gestión de la contabilidad de la comunidad autónoma.Rull releva a Miguel Ángel Figueroa, quien ocupaba la Intervención General de la Junta desde enero de 2025. Veterano funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, Figueroa presentó su renuncia de forma fulminante hace unas semanas al trascender que su nombre figuraba en las libretas manuscritas de Leire Díez Castro, exdirectiva de Correos y presunta ‘fontanera’ del PSOE en una red dedicada al cobro de mordidas. Su dimisión se produjo dos semanas antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo citara como investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.Los hechos que incriminan a Figueroa no guardan relación con su gestión en las cuentas andaluzas, sino con su etapa previa en Madrid. Entre agosto de 2018 y agosto de 2022, el exinterventor ocupó la Dirección de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) . Accedió a esta posición de alta responsabilidad de la mano de Vicente Fernández, entonces presidente del ente estatal, quien fue detenido el pasado mes de diciembre bajo acusaciones de malversación y pertenencia a organización criminal.Supuesto informante de la trama de la SEPILa investigación judicial sitúa a Figueroa como un supuesto «informante» clave de la trama, dedicada presuntamente a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación de la SEPI. La prueba más incriminatoria se halla en las agendas incautadas por los investigadores en 2021 a Leire Díez. En una de sus anotaciones, la investigada dejaba por escrito el papel estratégico que jugaba el alto funcionario: «Preocupación MAF [Miguel Ángel Figueroa]. Él va a ser nuestros ojos en la SEPI. Relación empresas. Consejo Administración del Fondo del martes. Los directores de participadas tienen acceso a todo de todos».El relato de la Fiscalía Anticorrupción, que ha propiciado la imputación de 25 personas —incluida la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda—, detalla cómo operaba el flujo de información. Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que Gualda tenía la intención de «sacar» diversas operaciones estatales, entre ellas el polémico rescate a Tubos Reunidos.La compañía vasca recibió en 2021 una inyección estatal de 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento dependiente de la SEPI para oxigenar a firmas en apuros por la pandemia. Los investigadores sostienen que el entonces director de Participadas llegó a mandar a la trama un documento interno que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal» y que ya contaba con la aprobación de la presidenta de la corporación. La sacudida judicial del ‘caso Leire Díez’ forzó hace 40 días la dimisión del máximo responsable del órgano de control del dinero público en la Junta de Andalucía. El nuevo Gobierno andaluz del PP y Vox ha cubierto este miércoles la vacante con el nombramiento de Sofía Rull Rodríguez (Sevilla, 1977) como nueva interventora general. A propuesta de la consejera de Economía, Carolina España, Rull asume la fiscalización de las cuentas autonómicas con el reto de restaurar la normalidad institucional tras la renuncia de su predecesor, Miguel Ángel Figueroa.La nueva interventora general cuenta con un perfil eminentemente técnico. Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y actual estudiante del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED, es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía desde el año 2008. Ha pasado por el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta (en la especialidad de gestión financiera) y, actualmente, forma parte del Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Asimismo, Rull desempeñó responsabilidades como jefa de personal y miembro del departamento de Asuntos Económicos en el Consejo Económico y Social de España. Ahora, desde su nuevo despacho, será la máxima encargada de ejercer el control interno, la fiscalización previa del gasto público y la gestión de la contabilidad de la comunidad autónoma.Rull releva a Miguel Ángel Figueroa, quien ocupaba la Intervención General de la Junta desde enero de 2025. Veterano funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, Figueroa presentó su renuncia de forma fulminante hace unas semanas al trascender que su nombre figuraba en las libretas manuscritas de Leire Díez Castro, exdirectiva de Correos y presunta ‘fontanera’ del PSOE en una red dedicada al cobro de mordidas. Su dimisión se produjo dos semanas antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo citara como investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.Los hechos que incriminan a Figueroa no guardan relación con su gestión en las cuentas andaluzas, sino con su etapa previa en Madrid. Entre agosto de 2018 y agosto de 2022, el exinterventor ocupó la Dirección de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) . Accedió a esta posición de alta responsabilidad de la mano de Vicente Fernández, entonces presidente del ente estatal, quien fue detenido el pasado mes de diciembre bajo acusaciones de malversación y pertenencia a organización criminal.Supuesto informante de la trama de la SEPILa investigación judicial sitúa a Figueroa como un supuesto «informante» clave de la trama, dedicada presuntamente a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación de la SEPI. La prueba más incriminatoria se halla en las agendas incautadas por los investigadores en 2021 a Leire Díez. En una de sus anotaciones, la investigada dejaba por escrito el papel estratégico que jugaba el alto funcionario: «Preocupación MAF [Miguel Ángel Figueroa]. Él va a ser nuestros ojos en la SEPI. Relación empresas. Consejo Administración del Fondo del martes. Los directores de participadas tienen acceso a todo de todos».El relato de la Fiscalía Anticorrupción, que ha propiciado la imputación de 25 personas —incluida la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda—, detalla cómo operaba el flujo de información. Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que Gualda tenía la intención de «sacar» diversas operaciones estatales, entre ellas el polémico rescate a Tubos Reunidos.La compañía vasca recibió en 2021 una inyección estatal de 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento dependiente de la SEPI para oxigenar a firmas en apuros por la pandemia. Los investigadores sostienen que el entonces director de Participadas llegó a mandar a la trama un documento interno que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal» y que ya contaba con la aprobación de la presidenta de la corporación. La sacudida judicial del ‘caso Leire Díez’ forzó hace 40 días la dimisión del máximo responsable del órgano de control del dinero público en la Junta de Andalucía. El nuevo Gobierno andaluz del PP y Vox ha cubierto este miércoles la vacante con el nombramiento de Sofía Rull Rodríguez (Sevilla, 1977) como nueva interventora general. A propuesta de la consejera de Economía, Carolina España, Rull asume la fiscalización de las cuentas autonómicas con el reto de restaurar la normalidad institucional tras la renuncia de su predecesor, Miguel Ángel Figueroa.La nueva interventora general cuenta con un perfil eminentemente técnico. Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y actual estudiante del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED, es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía desde el año 2008. Ha pasado por el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta (en la especialidad de gestión financiera) y, actualmente, forma parte del Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Asimismo, Rull desempeñó responsabilidades como jefa de personal y miembro del departamento de Asuntos Económicos en el Consejo Económico y Social de España. Ahora, desde su nuevo despacho, será la máxima encargada de ejercer el control interno, la fiscalización previa del gasto público y la gestión de la contabilidad de la comunidad autónoma.Rull releva a Miguel Ángel Figueroa, quien ocupaba la Intervención General de la Junta desde enero de 2025. Veterano funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, Figueroa presentó su renuncia de forma fulminante hace unas semanas al trascender que su nombre figuraba en las libretas manuscritas de Leire Díez Castro, exdirectiva de Correos y presunta ‘fontanera’ del PSOE en una red dedicada al cobro de mordidas. Su dimisión se produjo dos semanas antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo citara como investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.Los hechos que incriminan a Figueroa no guardan relación con su gestión en las cuentas andaluzas, sino con su etapa previa en Madrid. Entre agosto de 2018 y agosto de 2022, el exinterventor ocupó la Dirección de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) . Accedió a esta posición de alta responsabilidad de la mano de Vicente Fernández, entonces presidente del ente estatal, quien fue detenido el pasado mes de diciembre bajo acusaciones de malversación y pertenencia a organización criminal.Supuesto informante de la trama de la SEPILa investigación judicial sitúa a Figueroa como un supuesto «informante» clave de la trama, dedicada presuntamente a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación de la SEPI. La prueba más incriminatoria se halla en las agendas incautadas por los investigadores en 2021 a Leire Díez. En una de sus anotaciones, la investigada dejaba por escrito el papel estratégico que jugaba el alto funcionario: «Preocupación MAF [Miguel Ángel Figueroa]. Él va a ser nuestros ojos en la SEPI. Relación empresas. Consejo Administración del Fondo del martes. Los directores de participadas tienen acceso a todo de todos».El relato de la Fiscalía Anticorrupción, que ha propiciado la imputación de 25 personas —incluida la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda—, detalla cómo operaba el flujo de información. Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que Gualda tenía la intención de «sacar» diversas operaciones estatales, entre ellas el polémico rescate a Tubos Reunidos.La compañía vasca recibió en 2021 una inyección estatal de 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento dependiente de la SEPI para oxigenar a firmas en apuros por la pandemia. Los investigadores sostienen que el entonces director de Participadas llegó a mandar a la trama un documento interno que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal» y que ya contaba con la aprobación de la presidenta de la corporación. 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