Este miércoles ABC reveló que Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’ se refugia en Andoain (Guipúzcoa) e incumple las condiciones legales para poder disfrutar de salidas diarias de la prisión de Zubieta autorizadas por el Gobierno vasco. Aún en segundo grado (régimen cerrado), el Ejecutivo autonómico dio la luz verde en febrero a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para el antiguo jefe de ETA, que le permite «flexibilizar» el cumplimiento de su pena y salir de la cárcel para trabajar y realizar voluntariados. Tal y como informó este periódico, con ese objetivo, Txeroki está dado de alta en un herbolario de Andoain al que no acude. La noticia dada a conocer ayer provocó la reacción del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que tachan de «fraudulento» el sistema y piden revisar la concesión del 100.2 a los etarras. Algo que, en el caso particular de Txeroki, también ha reclamado el Partido Popular vasco en sede parlamentaria, lo que obligará al Gobierno liderado por el lendakari Imanol Pradales a dar una respuesta. Ayer, tras conocerse los hechos, el diputado del PP Santiago López Céspedes registró una solicitud de información ante la Mesa del Parlamento de Vitoria dirigida al Gobierno vasco. Concretamente, es el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por la socialista María Jesús San José, el responsable de la Administración Penitenciaria desde que en 2021 Pedro Sánchez transfirió la competencia al País Vasco. «Resulta necesario esclarecer qué comprobaciones realizó el Gobierno vasco antes de aprobar el programa, cómo verifica actualmente el cumplimiento efectivo de los horarios, el trabajo y el voluntariado autorizados, y qué actuaciones ha iniciado tras conocer estos hechos. Si la actividad laboral fuese meramente aparente, podría haberse incumplido una condición esencial del programa individualizado, lo que exige una respuesta inmediata y documentada de la Administración competente», dice la solicitud de información sobre la presunta autorización fraudulenta del 100.2 a Txeroki. De esta forma, los populares reclaman una batería de documentación que empieza por el acuerdo de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta por el que se propuso la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Bajando al detalle, piden al Gobierno vasco el programa específico e individualizado que fundamenta sus salidas, «con indicación de las actividades laborales, formativas o de voluntariado previstas, sus horarios, lugares de realización, responsables de supervisión y obligaciones de acreditación». A este respecto, también exigen documentación que acredite la oferta y posterior contratación laboral en el herbolario de Andoain (contrato, fecha de alta, categoría profesional, jornada, horario, centro de trabajo, funciones, retribución y duración prevista) y los informes o comprobaciones practicados antes de autorizar el artículo 100.2 sobre la existencia real del puesto, la capacidad del establecimiento para proporcionar el empleo ofrecido, la identidad y vinculación del empleador y la adecuación de las funciones asignadas.Además, los populares cuestionan cuáles son los mecanismos de control para comprobar si un preso cumple en este tipo de casos. Tal y como informó ABC, el propio Gobierno vasco reconoce que el seguimiento no está preconfigurado en ninguna orden ni protocolo y que este se hace «en la práctica». En ese sentido, el PP reclama los partes de asistencia, fichajes, certificados empresariales, comunicaciones con el empleador e informes de seguimiento recibidos desde febrero de 2026. La mayor parte de esta documentación debería figurar en el itinerario individualizado del preso que controla el equipo técnico de la prisión de Zubieta (San Sebastián), que fue inaugurada el pasado mes de junio en sustitución de la antigua de Martutene. Es al Centro de Inserción Social (CIS) de este presidio, un edificio dentro del complejo penitenciario destinado a los presos en régimen abierto o con aplicación del artículo 100.2 (hay otros seis módulos para los de régimen cerrado), a donde vuelve a dormir Txeroki. «Es como un hotel», comentan fuentes que conocen las instalaciones y su funcionamiento.De vuelta en el caso del no trabajo de Txeroki, el escrito registrado por Santiago López Céspedes inquiere al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco sobre si ha abierto una investigación y cuáles serían las consecuencias previstas si se confirma que el antiguo jefe de ETA no desempeña realmente el trabajo declarado. Una cuestión ya planteada por este periódico con anterioridad al publicar la primera información y a la que la consejería liderada por María Jesús San José respondió que podría suponer la revocación del artículo 100.2. También trató de despejar el mismo interrogante la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en mayo de este mismo año, cuando envió una carta al Gobierno vasco a raíz de conocerse por la prensa un caso similar al de Txeroki. La respuesta, remitida un mes después, fue similar: cabe la apertura de una investigación y la revisión de la aplicación del artículo 100.2. Que esto ocurra todavía está por ver. Este miércoles ABC reveló que Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’ se refugia en Andoain (Guipúzcoa) e incumple las condiciones legales para poder disfrutar de salidas diarias de la prisión de Zubieta autorizadas por el Gobierno vasco. Aún en segundo grado (régimen cerrado), el Ejecutivo autonómico dio la luz verde en febrero a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para el antiguo jefe de ETA, que le permite «flexibilizar» el cumplimiento de su pena y salir de la cárcel para trabajar y realizar voluntariados. Tal y como informó este periódico, con ese objetivo, Txeroki está dado de alta en un herbolario de Andoain al que no acude. La noticia dada a conocer ayer provocó la reacción del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que tachan de «fraudulento» el sistema y piden revisar la concesión del 100.2 a los etarras. Algo que, en el caso particular de Txeroki, también ha reclamado el Partido Popular vasco en sede parlamentaria, lo que obligará al Gobierno liderado por el lendakari Imanol Pradales a dar una respuesta. Ayer, tras conocerse los hechos, el diputado del PP Santiago López Céspedes registró una solicitud de información ante la Mesa del Parlamento de Vitoria dirigida al Gobierno vasco. Concretamente, es el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por la socialista María Jesús San José, el responsable de la Administración Penitenciaria desde que en 2021 Pedro Sánchez transfirió la competencia al País Vasco. «Resulta necesario esclarecer qué comprobaciones realizó el Gobierno vasco antes de aprobar el programa, cómo verifica actualmente el cumplimiento efectivo de los horarios, el trabajo y el voluntariado autorizados, y qué actuaciones ha iniciado tras conocer estos hechos. Si la actividad laboral fuese meramente aparente, podría haberse incumplido una condición esencial del programa individualizado, lo que exige una respuesta inmediata y documentada de la Administración competente», dice la solicitud de información sobre la presunta autorización fraudulenta del 100.2 a Txeroki. De esta forma, los populares reclaman una batería de documentación que empieza por el acuerdo de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta por el que se propuso la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Bajando al detalle, piden al Gobierno vasco el programa específico e individualizado que fundamenta sus salidas, «con indicación de las actividades laborales, formativas o de voluntariado previstas, sus horarios, lugares de realización, responsables de supervisión y obligaciones de acreditación». A este respecto, también exigen documentación que acredite la oferta y posterior contratación laboral en el herbolario de Andoain (contrato, fecha de alta, categoría profesional, jornada, horario, centro de trabajo, funciones, retribución y duración prevista) y los informes o comprobaciones practicados antes de autorizar el artículo 100.2 sobre la existencia real del puesto, la capacidad del establecimiento para proporcionar el empleo ofrecido, la identidad y vinculación del empleador y la adecuación de las funciones asignadas.Además, los populares cuestionan cuáles son los mecanismos de control para comprobar si un preso cumple en este tipo de casos. Tal y como informó ABC, el propio Gobierno vasco reconoce que el seguimiento no está preconfigurado en ninguna orden ni protocolo y que este se hace «en la práctica». En ese sentido, el PP reclama los partes de asistencia, fichajes, certificados empresariales, comunicaciones con el empleador e informes de seguimiento recibidos desde febrero de 2026. La mayor parte de esta documentación debería figurar en el itinerario individualizado del preso que controla el equipo técnico de la prisión de Zubieta (San Sebastián), que fue inaugurada el pasado mes de junio en sustitución de la antigua de Martutene. Es al Centro de Inserción Social (CIS) de este presidio, un edificio dentro del complejo penitenciario destinado a los presos en régimen abierto o con aplicación del artículo 100.2 (hay otros seis módulos para los de régimen cerrado), a donde vuelve a dormir Txeroki. «Es como un hotel», comentan fuentes que conocen las instalaciones y su funcionamiento.De vuelta en el caso del no trabajo de Txeroki, el escrito registrado por Santiago López Céspedes inquiere al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco sobre si ha abierto una investigación y cuáles serían las consecuencias previstas si se confirma que el antiguo jefe de ETA no desempeña realmente el trabajo declarado. Una cuestión ya planteada por este periódico con anterioridad al publicar la primera información y a la que la consejería liderada por María Jesús San José respondió que podría suponer la revocación del artículo 100.2. También trató de despejar el mismo interrogante la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en mayo de este mismo año, cuando envió una carta al Gobierno vasco a raíz de conocerse por la prensa un caso similar al de Txeroki. La respuesta, remitida un mes después, fue similar: cabe la apertura de una investigación y la revisión de la aplicación del artículo 100.2. Que esto ocurra todavía está por ver. Este miércoles ABC reveló que Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’ se refugia en Andoain (Guipúzcoa) e incumple las condiciones legales para poder disfrutar de salidas diarias de la prisión de Zubieta autorizadas por el Gobierno vasco. Aún en segundo grado (régimen cerrado), el Ejecutivo autonómico dio la luz verde en febrero a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para el antiguo jefe de ETA, que le permite «flexibilizar» el cumplimiento de su pena y salir de la cárcel para trabajar y realizar voluntariados. Tal y como informó este periódico, con ese objetivo, Txeroki está dado de alta en un herbolario de Andoain al que no acude. La noticia dada a conocer ayer provocó la reacción del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que tachan de «fraudulento» el sistema y piden revisar la concesión del 100.2 a los etarras. Algo que, en el caso particular de Txeroki, también ha reclamado el Partido Popular vasco en sede parlamentaria, lo que obligará al Gobierno liderado por el lendakari Imanol Pradales a dar una respuesta. Ayer, tras conocerse los hechos, el diputado del PP Santiago López Céspedes registró una solicitud de información ante la Mesa del Parlamento de Vitoria dirigida al Gobierno vasco. Concretamente, es el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por la socialista María Jesús San José, el responsable de la Administración Penitenciaria desde que en 2021 Pedro Sánchez transfirió la competencia al País Vasco. «Resulta necesario esclarecer qué comprobaciones realizó el Gobierno vasco antes de aprobar el programa, cómo verifica actualmente el cumplimiento efectivo de los horarios, el trabajo y el voluntariado autorizados, y qué actuaciones ha iniciado tras conocer estos hechos. Si la actividad laboral fuese meramente aparente, podría haberse incumplido una condición esencial del programa individualizado, lo que exige una respuesta inmediata y documentada de la Administración competente», dice la solicitud de información sobre la presunta autorización fraudulenta del 100.2 a Txeroki. De esta forma, los populares reclaman una batería de documentación que empieza por el acuerdo de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta por el que se propuso la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Bajando al detalle, piden al Gobierno vasco el programa específico e individualizado que fundamenta sus salidas, «con indicación de las actividades laborales, formativas o de voluntariado previstas, sus horarios, lugares de realización, responsables de supervisión y obligaciones de acreditación». A este respecto, también exigen documentación que acredite la oferta y posterior contratación laboral en el herbolario de Andoain (contrato, fecha de alta, categoría profesional, jornada, horario, centro de trabajo, funciones, retribución y duración prevista) y los informes o comprobaciones practicados antes de autorizar el artículo 100.2 sobre la existencia real del puesto, la capacidad del establecimiento para proporcionar el empleo ofrecido, la identidad y vinculación del empleador y la adecuación de las funciones asignadas.Además, los populares cuestionan cuáles son los mecanismos de control para comprobar si un preso cumple en este tipo de casos. Tal y como informó ABC, el propio Gobierno vasco reconoce que el seguimiento no está preconfigurado en ninguna orden ni protocolo y que este se hace «en la práctica». En ese sentido, el PP reclama los partes de asistencia, fichajes, certificados empresariales, comunicaciones con el empleador e informes de seguimiento recibidos desde febrero de 2026. La mayor parte de esta documentación debería figurar en el itinerario individualizado del preso que controla el equipo técnico de la prisión de Zubieta (San Sebastián), que fue inaugurada el pasado mes de junio en sustitución de la antigua de Martutene. Es al Centro de Inserción Social (CIS) de este presidio, un edificio dentro del complejo penitenciario destinado a los presos en régimen abierto o con aplicación del artículo 100.2 (hay otros seis módulos para los de régimen cerrado), a donde vuelve a dormir Txeroki. «Es como un hotel», comentan fuentes que conocen las instalaciones y su funcionamiento.De vuelta en el caso del no trabajo de Txeroki, el escrito registrado por Santiago López Céspedes inquiere al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco sobre si ha abierto una investigación y cuáles serían las consecuencias previstas si se confirma que el antiguo jefe de ETA no desempeña realmente el trabajo declarado. Una cuestión ya planteada por este periódico con anterioridad al publicar la primera información y a la que la consejería liderada por María Jesús San José respondió que podría suponer la revocación del artículo 100.2. También trató de despejar el mismo interrogante la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en mayo de este mismo año, cuando envió una carta al Gobierno vasco a raíz de conocerse por la prensa un caso similar al de Txeroki. La respuesta, remitida un mes después, fue similar: cabe la apertura de una investigación y la revisión de la aplicación del artículo 100.2. Que esto ocurra todavía está por ver. RSS de noticias de espana
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