«Hay que privar al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos», decía el PSOE en 2015 en el Congreso, cuando elevó una proposición de ley para prohibir tajantemente cualquier indulto a cargos públicos condenados por delitos de corrupción que hubieran beneficiado económicamente a terceros o a sí mismos. Tan solo unos años antes, había estallado el caso de los ERE en Andalucía, una trama de corrupción política en la Junta de Andalucía —gobernada por el PSOE— apoyado en un «sistema fraudulento» de subvenciones por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros durante más de diez años.La reforma no salió adelante porque el Grupo Popular, entonces presidido por Mariano Rajoy y con mayoría absoluta, decidió tumbarla. Sin embargo, se impulsó la misma iniciativa en 2017 y ahí los populares sí la apoyaron, pero, tras decaer la tramitación parlamentaria del texto por el adelanto electoral de 2019, el Ejecutivo dejó esta limitación en pausa, donde continúa a día de hoy. Años más tarde, en 2022, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó descartar un posible indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por corrupción.«Nadie está por encima de la ley». Fue otra de las frases más repetidas por Sánchez durante el convulso otoño de 2019, en plena campaña para las elecciones generales del 10 de noviembre y apenas unos días después de que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia del ‘procés’. Ante el electorado, el presidente del Gobierno exhibía un discurso tajante: «Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir», aseveraba con rotundidad, descartando cualquier atajo político o medida de gracia para los doce dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación.Para el líder socialista, la firmeza judicial no admitía matices. «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento», remarcaba de forma reiterada en entrevistas y mítines electorales, buscando transmitir tranquilidad a la sociedad y garantizando que el Estado de derecho no cedería ante la presión del separatismo catalán.Esta posición no era una postura aislada del presidente, sino una consigna de todo el núcleo duro de la Moncloa y del Partido Socialista. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a afirmar que el cumplimiento de la condena debía ser «íntegro» para garantizar el respeto a las instituciones. En la misma línea se pronunciaba la antigua ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien rechazaba de manera firme cualquier especulación sobre un posible perdón a los dirigentes encarcelados.El giro en junio de 2021No obstante, el compromiso de que las penas se iban a cumplir íntegramente duró exactamente lo que tardaron en cambiar las mayorías parlamentarias. Solo dos años después de aquellas promesas electorales, en junio de 2021, Pedro Sánchez consumaba el giro en su discurso y aprobaba en el Consejo de Ministros la medida de gracia.Bajo la justificación de la «utilidad pública» y la necesidad de restaurar la «convivencia» en Cataluña, el Gobierno perdonó las penas de prisión a los nueve líderes independentistas que se encontraban entre rejas: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ejecutivo borraba así de un plumazo las condenas de cárcel dictadas por el Tribunal Supremo, contradiciendo cada una de las garantías que el propio Sánchez había prometido a la ciudadanía en 2019.Lejos de cerrarse con los dirigentes del 1-O, la controversia en torno a la prerrogativa del indulto y el uso político de la medida de gracia por parte del Ejecutivo ha vuelto a abrirse de par en par. La propuesta para conceder un indulto parcial a Laura Borràs —condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas— ha reavivado las críticas de la oposición y ha puesto de nuevo contra el espejo la fragilidad de los compromisos de la Moncloa en materia judicial.El caso de la expresidenta del Parlamento catalán no es una excepción en el tablero de la gracia gubernamental, donde también han cobrado protagonismo en la agenda política otros expedientes de calado social, como los conocidos casos de las seis de la Suiza en Gijón, la situación del exalcalde de Linares Juan Fernández Gutiérrez o la del exdirector del Centro Niemeyer Natalio Grueso.Ahora, cada nueva solicitud de indulto reabre el debate público sobre el uso de esta medida de gracia. Estos expedientes mantienen en el centro de la discusión política el contraste entre las decisiones actuales del Consejo de Ministros y la postura oficial que defendía el Ejecutivo en 2019 respecto a la firmeza de las resoluciones judiciales y el cumplimiento íntegro de las condenas. «Hay que privar al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos», decía el PSOE en 2015 en el Congreso, cuando elevó una proposición de ley para prohibir tajantemente cualquier indulto a cargos públicos condenados por delitos de corrupción que hubieran beneficiado económicamente a terceros o a sí mismos. Tan solo unos años antes, había estallado el caso de los ERE en Andalucía, una trama de corrupción política en la Junta de Andalucía —gobernada por el PSOE— apoyado en un «sistema fraudulento» de subvenciones por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros durante más de diez años.La reforma no salió adelante porque el Grupo Popular, entonces presidido por Mariano Rajoy y con mayoría absoluta, decidió tumbarla. Sin embargo, se impulsó la misma iniciativa en 2017 y ahí los populares sí la apoyaron, pero, tras decaer la tramitación parlamentaria del texto por el adelanto electoral de 2019, el Ejecutivo dejó esta limitación en pausa, donde continúa a día de hoy. Años más tarde, en 2022, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó descartar un posible indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por corrupción.«Nadie está por encima de la ley». Fue otra de las frases más repetidas por Sánchez durante el convulso otoño de 2019, en plena campaña para las elecciones generales del 10 de noviembre y apenas unos días después de que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia del ‘procés’. Ante el electorado, el presidente del Gobierno exhibía un discurso tajante: «Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir», aseveraba con rotundidad, descartando cualquier atajo político o medida de gracia para los doce dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación.Para el líder socialista, la firmeza judicial no admitía matices. «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento», remarcaba de forma reiterada en entrevistas y mítines electorales, buscando transmitir tranquilidad a la sociedad y garantizando que el Estado de derecho no cedería ante la presión del separatismo catalán.Esta posición no era una postura aislada del presidente, sino una consigna de todo el núcleo duro de la Moncloa y del Partido Socialista. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a afirmar que el cumplimiento de la condena debía ser «íntegro» para garantizar el respeto a las instituciones. En la misma línea se pronunciaba la antigua ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien rechazaba de manera firme cualquier especulación sobre un posible perdón a los dirigentes encarcelados.El giro en junio de 2021No obstante, el compromiso de que las penas se iban a cumplir íntegramente duró exactamente lo que tardaron en cambiar las mayorías parlamentarias. Solo dos años después de aquellas promesas electorales, en junio de 2021, Pedro Sánchez consumaba el giro en su discurso y aprobaba en el Consejo de Ministros la medida de gracia.Bajo la justificación de la «utilidad pública» y la necesidad de restaurar la «convivencia» en Cataluña, el Gobierno perdonó las penas de prisión a los nueve líderes independentistas que se encontraban entre rejas: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ejecutivo borraba así de un plumazo las condenas de cárcel dictadas por el Tribunal Supremo, contradiciendo cada una de las garantías que el propio Sánchez había prometido a la ciudadanía en 2019.Lejos de cerrarse con los dirigentes del 1-O, la controversia en torno a la prerrogativa del indulto y el uso político de la medida de gracia por parte del Ejecutivo ha vuelto a abrirse de par en par. La propuesta para conceder un indulto parcial a Laura Borràs —condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas— ha reavivado las críticas de la oposición y ha puesto de nuevo contra el espejo la fragilidad de los compromisos de la Moncloa en materia judicial.El caso de la expresidenta del Parlamento catalán no es una excepción en el tablero de la gracia gubernamental, donde también han cobrado protagonismo en la agenda política otros expedientes de calado social, como los conocidos casos de las seis de la Suiza en Gijón, la situación del exalcalde de Linares Juan Fernández Gutiérrez o la del exdirector del Centro Niemeyer Natalio Grueso.Ahora, cada nueva solicitud de indulto reabre el debate público sobre el uso de esta medida de gracia. Estos expedientes mantienen en el centro de la discusión política el contraste entre las decisiones actuales del Consejo de Ministros y la postura oficial que defendía el Ejecutivo en 2019 respecto a la firmeza de las resoluciones judiciales y el cumplimiento íntegro de las condenas. «Hay que privar al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos», decía el PSOE en 2015 en el Congreso, cuando elevó una proposición de ley para prohibir tajantemente cualquier indulto a cargos públicos condenados por delitos de corrupción que hubieran beneficiado económicamente a terceros o a sí mismos. Tan solo unos años antes, había estallado el caso de los ERE en Andalucía, una trama de corrupción política en la Junta de Andalucía —gobernada por el PSOE— apoyado en un «sistema fraudulento» de subvenciones por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros durante más de diez años.La reforma no salió adelante porque el Grupo Popular, entonces presidido por Mariano Rajoy y con mayoría absoluta, decidió tumbarla. Sin embargo, se impulsó la misma iniciativa en 2017 y ahí los populares sí la apoyaron, pero, tras decaer la tramitación parlamentaria del texto por el adelanto electoral de 2019, el Ejecutivo dejó esta limitación en pausa, donde continúa a día de hoy. Años más tarde, en 2022, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó descartar un posible indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por corrupción.«Nadie está por encima de la ley». Fue otra de las frases más repetidas por Sánchez durante el convulso otoño de 2019, en plena campaña para las elecciones generales del 10 de noviembre y apenas unos días después de que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia del ‘procés’. Ante el electorado, el presidente del Gobierno exhibía un discurso tajante: «Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir», aseveraba con rotundidad, descartando cualquier atajo político o medida de gracia para los doce dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación.Para el líder socialista, la firmeza judicial no admitía matices. «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento», remarcaba de forma reiterada en entrevistas y mítines electorales, buscando transmitir tranquilidad a la sociedad y garantizando que el Estado de derecho no cedería ante la presión del separatismo catalán.Esta posición no era una postura aislada del presidente, sino una consigna de todo el núcleo duro de la Moncloa y del Partido Socialista. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a afirmar que el cumplimiento de la condena debía ser «íntegro» para garantizar el respeto a las instituciones. En la misma línea se pronunciaba la antigua ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien rechazaba de manera firme cualquier especulación sobre un posible perdón a los dirigentes encarcelados.El giro en junio de 2021No obstante, el compromiso de que las penas se iban a cumplir íntegramente duró exactamente lo que tardaron en cambiar las mayorías parlamentarias. Solo dos años después de aquellas promesas electorales, en junio de 2021, Pedro Sánchez consumaba el giro en su discurso y aprobaba en el Consejo de Ministros la medida de gracia.Bajo la justificación de la «utilidad pública» y la necesidad de restaurar la «convivencia» en Cataluña, el Gobierno perdonó las penas de prisión a los nueve líderes independentistas que se encontraban entre rejas: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ejecutivo borraba así de un plumazo las condenas de cárcel dictadas por el Tribunal Supremo, contradiciendo cada una de las garantías que el propio Sánchez había prometido a la ciudadanía en 2019.Lejos de cerrarse con los dirigentes del 1-O, la controversia en torno a la prerrogativa del indulto y el uso político de la medida de gracia por parte del Ejecutivo ha vuelto a abrirse de par en par. La propuesta para conceder un indulto parcial a Laura Borràs —condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas— ha reavivado las críticas de la oposición y ha puesto de nuevo contra el espejo la fragilidad de los compromisos de la Moncloa en materia judicial.El caso de la expresidenta del Parlamento catalán no es una excepción en el tablero de la gracia gubernamental, donde también han cobrado protagonismo en la agenda política otros expedientes de calado social, como los conocidos casos de las seis de la Suiza en Gijón, la situación del exalcalde de Linares Juan Fernández Gutiérrez o la del exdirector del Centro Niemeyer Natalio Grueso.Ahora, cada nueva solicitud de indulto reabre el debate público sobre el uso de esta medida de gracia. Estos expedientes mantienen en el centro de la discusión política el contraste entre las decisiones actuales del Consejo de Ministros y la postura oficial que defendía el Ejecutivo en 2019 respecto a la firmeza de las resoluciones judiciales y el cumplimiento íntegro de las condenas. RSS de noticias de espana
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