El Gobierno reservó para el último Consejo de Ministros antes del descanso estival una cascada de cinco indultos parciales entre los que destaca el de Laura Borràs , expresidenta del Parlamento de Cataluña y dirigente independentista de Junts. La decisión estuvo rodeada de un halo de opacidad en la gestión de los tiempos y la comunicación de la misma. Pese a comparecer casi dos horas desde el Palacio de la Moncloa, en la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, Pedro Sánchez no hizo ninguna referencia al mismo y la única publicidad que se dio a la medida se limitó a una escueta nota del Ministerio de Justicia, distribuida de manera desigual y con fallos en su redacción. En ella se refería que la pena de Borràs —de cuatro años, seis meses y un día de prisión— quedaba conmutada por otra de dos años, lo cual le permitirá esquivar la cárcel. No obstante, el perdón no abarca la pena de inhabilitación de 13 años que pesa sobre la dirigente catalana y que se mantiene.En su argumentación, el Ejecutivo se aferra a que la vía del indulto ya la señaló el propio tribunal sentenciador, dado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llevaba aparejado la calificación de la condena como «desproporcionada y excesiva». Pese a contar con el aval judicial, la decisión es una prerrogativa exclusiva del Gobierno y esto ha generado un profundo malestar en el seno del PSOE. En concreto, dirigentes socialistas consultados cuestionan la idoneidad de la medida de gracia en este momento —de alta sensibilidad, por los múltiples frentes judiciales asociados a la corrupción— y en el concreto caso de Borràs. La dirigente de Junts fue condenada en marzo de 2023 por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esto es, por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, en favor de un conocido.Meses después, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el ‘procés’, por lo que quedaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Varios son los cargos del PSOE que critican que se haya tomado la decisión. En el fondo, porque ver a políticos indultando a políticos por delitos de corrupción mina gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Más, en un momento tan delicado para el Gobierno y el partido, después de la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos. Y en la forma, por haberlo hecho «de tapadillo». Casi todos los cargos consultados muestran su disconformidad en privado y alguno también lo hace en público. El más explícito ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha , Emiliano García-Page, que —en una entrevista en la Cadena Ser— censuró la «agosticidad» del indulto parcial. «¿De verdad ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción?», se preguntó.Page insistió en la incoherencia que supone para el PSOE incurrir en aquello que durante años ha defendido que no se debía hacer. «Hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido», recordó, para preguntarse: «¿Es posible que hoy nos crea más gente después de que a última hora de la jornada de ayer —por el martes— hayamos indultado por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca?». Además del de Borràs, el Gobierno también aprobó la medida de gracia para el exdirector de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, condenado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios, y para el exalcalde de Linares, Juan Fernández, condenado por malversación de caudales públicos. Ambos vinculados al PSOE. «La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen de tapadillo y sin quererlo contar, evidentemente ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso», sentenció.Gesto a JuntsTanto Page como otros dirigentes consultados por este diario ven en la iniciativa un nuevo gesto hacia el independentismo en vísperas de que se pueda culminar la aplicación efectiva de la amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Rechazan, además, el argumentario que está distribuyendo Moncloa, tratando de vincular el perdón penal con la mejora de la convivencia en Cataluña. «Es una incoherencia. Esto no tiene nada que ver con la normalización, esto es por delitos de corrupción», se revuelve un dirigente. Además de calificarlo como un nuevo «chantaje», en el PSOE no entienden el encuadre estratégico de la decisión. En los minutos de la basura de la legislatura, desde el propio Ejecutivo reconocen que no cuentan con Junts para alumbrar ningún proyecto de calado; el principal, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El convencimiento es tal que han perdido la esperanza de que el eventual regreso de Carles Puigdemont a España pueda acabar por desbloquear los asuntos más enquistados.En este contexto, la incomprensión es absoluta. Más si cabe, en puertas de un nuevo ciclo electoral —tanto territorial, con municipales y autonómicas, como a nivel nacional—. En el partido recuerdan el perjuicio mayúsculo que les genera cualquier gesto hacia el independentismo en otras partes del país y reclaman que se marquen distancias cuanto antes con unos socios que —en la práctica— no lo son, porque no contribuyen al fluido devenir de la legislatura, y que solo complican el horizonte en las urnas, allí donde el agravio con Cataluña tiene especial permeabilidad. En Moncloa, sin embargo, siguen tratando de sostener la relación con Junts, aunque no encuentren receptividad por la otra parte.Por su parte, el propio Sánchez se pronunció sobre esta decisión, tras participar en el tradicional despacho de verano con el Rey en Palma. El presidente justificó la medida de gracia «como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)» que en la propia sentencia ya establecía «que la pena era excesiva». «La opinión del TSJC es que se mantuviera la inhabilitación y no la pena de prisión», señaló, justificando que se le haya concedido el perdón para «dar cumplimento a la sentencia». El presidente quiso desvincular este movimiento de cualquier gesto al independentismo o al partido de Carles Puigdemont en plena estrategia de reconstrucción de puentes: «No tiene nada que ver con los Presupuestos ni con la política, eso, por favor, ténganlo absolutamente claro». El Gobierno reservó para el último Consejo de Ministros antes del descanso estival una cascada de cinco indultos parciales entre los que destaca el de Laura Borràs , expresidenta del Parlamento de Cataluña y dirigente independentista de Junts. La decisión estuvo rodeada de un halo de opacidad en la gestión de los tiempos y la comunicación de la misma. Pese a comparecer casi dos horas desde el Palacio de la Moncloa, en la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, Pedro Sánchez no hizo ninguna referencia al mismo y la única publicidad que se dio a la medida se limitó a una escueta nota del Ministerio de Justicia, distribuida de manera desigual y con fallos en su redacción. En ella se refería que la pena de Borràs —de cuatro años, seis meses y un día de prisión— quedaba conmutada por otra de dos años, lo cual le permitirá esquivar la cárcel. No obstante, el perdón no abarca la pena de inhabilitación de 13 años que pesa sobre la dirigente catalana y que se mantiene.En su argumentación, el Ejecutivo se aferra a que la vía del indulto ya la señaló el propio tribunal sentenciador, dado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llevaba aparejado la calificación de la condena como «desproporcionada y excesiva». Pese a contar con el aval judicial, la decisión es una prerrogativa exclusiva del Gobierno y esto ha generado un profundo malestar en el seno del PSOE. En concreto, dirigentes socialistas consultados cuestionan la idoneidad de la medida de gracia en este momento —de alta sensibilidad, por los múltiples frentes judiciales asociados a la corrupción— y en el concreto caso de Borràs. La dirigente de Junts fue condenada en marzo de 2023 por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esto es, por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, en favor de un conocido.Meses después, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el ‘procés’, por lo que quedaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Varios son los cargos del PSOE que critican que se haya tomado la decisión. En el fondo, porque ver a políticos indultando a políticos por delitos de corrupción mina gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Más, en un momento tan delicado para el Gobierno y el partido, después de la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos. Y en la forma, por haberlo hecho «de tapadillo». Casi todos los cargos consultados muestran su disconformidad en privado y alguno también lo hace en público. El más explícito ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha , Emiliano García-Page, que —en una entrevista en la Cadena Ser— censuró la «agosticidad» del indulto parcial. «¿De verdad ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción?», se preguntó.Page insistió en la incoherencia que supone para el PSOE incurrir en aquello que durante años ha defendido que no se debía hacer. «Hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido», recordó, para preguntarse: «¿Es posible que hoy nos crea más gente después de que a última hora de la jornada de ayer —por el martes— hayamos indultado por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca?». Además del de Borràs, el Gobierno también aprobó la medida de gracia para el exdirector de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, condenado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios, y para el exalcalde de Linares, Juan Fernández, condenado por malversación de caudales públicos. Ambos vinculados al PSOE. «La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen de tapadillo y sin quererlo contar, evidentemente ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso», sentenció.Gesto a JuntsTanto Page como otros dirigentes consultados por este diario ven en la iniciativa un nuevo gesto hacia el independentismo en vísperas de que se pueda culminar la aplicación efectiva de la amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Rechazan, además, el argumentario que está distribuyendo Moncloa, tratando de vincular el perdón penal con la mejora de la convivencia en Cataluña. «Es una incoherencia. Esto no tiene nada que ver con la normalización, esto es por delitos de corrupción», se revuelve un dirigente. Además de calificarlo como un nuevo «chantaje», en el PSOE no entienden el encuadre estratégico de la decisión. En los minutos de la basura de la legislatura, desde el propio Ejecutivo reconocen que no cuentan con Junts para alumbrar ningún proyecto de calado; el principal, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El convencimiento es tal que han perdido la esperanza de que el eventual regreso de Carles Puigdemont a España pueda acabar por desbloquear los asuntos más enquistados.En este contexto, la incomprensión es absoluta. Más si cabe, en puertas de un nuevo ciclo electoral —tanto territorial, con municipales y autonómicas, como a nivel nacional—. En el partido recuerdan el perjuicio mayúsculo que les genera cualquier gesto hacia el independentismo en otras partes del país y reclaman que se marquen distancias cuanto antes con unos socios que —en la práctica— no lo son, porque no contribuyen al fluido devenir de la legislatura, y que solo complican el horizonte en las urnas, allí donde el agravio con Cataluña tiene especial permeabilidad. En Moncloa, sin embargo, siguen tratando de sostener la relación con Junts, aunque no encuentren receptividad por la otra parte.Por su parte, el propio Sánchez se pronunció sobre esta decisión, tras participar en el tradicional despacho de verano con el Rey en Palma. El presidente justificó la medida de gracia «como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)» que en la propia sentencia ya establecía «que la pena era excesiva». «La opinión del TSJC es que se mantuviera la inhabilitación y no la pena de prisión», señaló, justificando que se le haya concedido el perdón para «dar cumplimento a la sentencia». El presidente quiso desvincular este movimiento de cualquier gesto al independentismo o al partido de Carles Puigdemont en plena estrategia de reconstrucción de puentes: «No tiene nada que ver con los Presupuestos ni con la política, eso, por favor, ténganlo absolutamente claro». El Gobierno reservó para el último Consejo de Ministros antes del descanso estival una cascada de cinco indultos parciales entre los que destaca el de Laura Borràs , expresidenta del Parlamento de Cataluña y dirigente independentista de Junts. La decisión estuvo rodeada de un halo de opacidad en la gestión de los tiempos y la comunicación de la misma. Pese a comparecer casi dos horas desde el Palacio de la Moncloa, en la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, Pedro Sánchez no hizo ninguna referencia al mismo y la única publicidad que se dio a la medida se limitó a una escueta nota del Ministerio de Justicia, distribuida de manera desigual y con fallos en su redacción. En ella se refería que la pena de Borràs —de cuatro años, seis meses y un día de prisión— quedaba conmutada por otra de dos años, lo cual le permitirá esquivar la cárcel. No obstante, el perdón no abarca la pena de inhabilitación de 13 años que pesa sobre la dirigente catalana y que se mantiene.En su argumentación, el Ejecutivo se aferra a que la vía del indulto ya la señaló el propio tribunal sentenciador, dado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llevaba aparejado la calificación de la condena como «desproporcionada y excesiva». Pese a contar con el aval judicial, la decisión es una prerrogativa exclusiva del Gobierno y esto ha generado un profundo malestar en el seno del PSOE. En concreto, dirigentes socialistas consultados cuestionan la idoneidad de la medida de gracia en este momento —de alta sensibilidad, por los múltiples frentes judiciales asociados a la corrupción— y en el concreto caso de Borràs. La dirigente de Junts fue condenada en marzo de 2023 por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Esto es, por adjudicar contratos a dedo y fraccionarlos, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, en favor de un conocido.Meses después, el Tribunal Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la ley de amnistía, ya que los delitos de corrupción que se le imputaron no tenían relación con el ‘procés’, por lo que quedaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Varios son los cargos del PSOE que critican que se haya tomado la decisión. En el fondo, porque ver a políticos indultando a políticos por delitos de corrupción mina gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Más, en un momento tan delicado para el Gobierno y el partido, después de la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos. Y en la forma, por haberlo hecho «de tapadillo». Casi todos los cargos consultados muestran su disconformidad en privado y alguno también lo hace en público. El más explícito ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha , Emiliano García-Page, que —en una entrevista en la Cadena Ser— censuró la «agosticidad» del indulto parcial. «¿De verdad ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción?», se preguntó.Page insistió en la incoherencia que supone para el PSOE incurrir en aquello que durante años ha defendido que no se debía hacer. «Hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido», recordó, para preguntarse: «¿Es posible que hoy nos crea más gente después de que a última hora de la jornada de ayer —por el martes— hayamos indultado por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca?». Además del de Borràs, el Gobierno también aprobó la medida de gracia para el exdirector de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, condenado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios, y para el exalcalde de Linares, Juan Fernández, condenado por malversación de caudales públicos. Ambos vinculados al PSOE. «La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen de tapadillo y sin quererlo contar, evidentemente ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso», sentenció.Gesto a JuntsTanto Page como otros dirigentes consultados por este diario ven en la iniciativa un nuevo gesto hacia el independentismo en vísperas de que se pueda culminar la aplicación efectiva de la amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Rechazan, además, el argumentario que está distribuyendo Moncloa, tratando de vincular el perdón penal con la mejora de la convivencia en Cataluña. «Es una incoherencia. Esto no tiene nada que ver con la normalización, esto es por delitos de corrupción», se revuelve un dirigente. Además de calificarlo como un nuevo «chantaje», en el PSOE no entienden el encuadre estratégico de la decisión. En los minutos de la basura de la legislatura, desde el propio Ejecutivo reconocen que no cuentan con Junts para alumbrar ningún proyecto de calado; el principal, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El convencimiento es tal que han perdido la esperanza de que el eventual regreso de Carles Puigdemont a España pueda acabar por desbloquear los asuntos más enquistados.En este contexto, la incomprensión es absoluta. Más si cabe, en puertas de un nuevo ciclo electoral —tanto territorial, con municipales y autonómicas, como a nivel nacional—. En el partido recuerdan el perjuicio mayúsculo que les genera cualquier gesto hacia el independentismo en otras partes del país y reclaman que se marquen distancias cuanto antes con unos socios que —en la práctica— no lo son, porque no contribuyen al fluido devenir de la legislatura, y que solo complican el horizonte en las urnas, allí donde el agravio con Cataluña tiene especial permeabilidad. En Moncloa, sin embargo, siguen tratando de sostener la relación con Junts, aunque no encuentren receptividad por la otra parte.Por su parte, el propio Sánchez se pronunció sobre esta decisión, tras participar en el tradicional despacho de verano con el Rey en Palma. El presidente justificó la medida de gracia «como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)» que en la propia sentencia ya establecía «que la pena era excesiva». «La opinión del TSJC es que se mantuviera la inhabilitación y no la pena de prisión», señaló, justificando que se le haya concedido el perdón para «dar cumplimento a la sentencia». El presidente quiso desvincular este movimiento de cualquier gesto al independentismo o al partido de Carles Puigdemont en plena estrategia de reconstrucción de puentes: «No tiene nada que ver con los Presupuestos ni con la política, eso, por favor, ténganlo absolutamente claro». RSS de noticias de espana
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