En un momento en el que el Gobierno se encuentra nuevamente cercado por la acción de la justicia —con Begoña Gómez a las puertas del banquillo, la inminente sentencia del hermano de Sánchez, la imputación de la directora general de la Guardia Civil o el cerco ahora a quien fuera jefe de Gabinete de Sánchez, entre otros—, la maquinaria demoscópica oficial y medios afines a Moncloa han coincidido esta semana en poner el foco en la percepción que el ciudadano tiene de la justicia.Para la carrera judicial la ‘coincidencia’ demoscópica no es casual sino que responde a una estrategia «perfectamente orquestada» para apuntalar el relato del ‘ lawfare ‘, una maniobra de deslegitimación que comenzó con los acuerdos parlamentarios con Junts, se recrudeció tras la inédita imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y regresa ahora con fuerza como «escudo» político frente a la corrupción.Para calibrar el sentir de la magistratura ante esta ofensiva judicial, ABC ha pulsado la opinión de distintas fuentes judiciales en activo. Bajo la condición de mantener un anonimato que preserve su obligada neutralidad, jueces de instrucción, de tribunales superiores y voces autorizadas del propio Tribunal Supremo dibujan un panorama desolador sobre el Estado de derecho, pero también una firme voluntad de resistencia. El veredicto es unánime: no estamos ante una crítica legítima a las resoluciones judiciales, sino ante un ataque frontal al corazón de la democracia.Noticia relacionada general No No La UCO implica al exjefe de Gabinete de Sánchez en las dos ramas de la presunta organización criminal de Leire Díez Carmen Lucas-TorresDesde la cúspide del Poder Judicial, un magistrado del Tribunal Supremo analiza el origen y los objetivos de esta campaña mediática con serenidad y, a la vez, preocupación. Al ser preguntado por la avalancha de encuestas dirigidas a medir el crédito de la justicia, la fuente evita entrar en la provocación, pero desenmascara el relato gubernamental utilizando un símil de plena actualidad. La estrategia es clara: «Nosotros jugamos muy bien, pero perdemos por el árbitro (la justicia); es el árbitro el que nos está condenando». «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica: no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’»Para este magistrado, el Ejecutivo no busca desmontar las pruebas de los sumarios que le ahogan, sino desacreditar la autoridad de quien sostiene la balanza. «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica», de forma que «no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’».Romper el proceso Esta fuente del Alto Tribunal recuerda que esta forma de defenderse atacando la legitimidad del sistema no es nueva, aunque hasta ahora estaba reservada a otro tipo de delincuencia. «Cuando alguien no tiene razón va a romper el proceso. ¿Cómo? Pues pidiendo la nulidad de las pruebas; que no se ha investigado correctamente, que las pruebas son nulas, que son ilícitas… En vez de hacer una defensa sobre lo que es la consistencia misma de la imputación delictiva. Eso lo empezaron a hacer muy bien los narcotraficantes. Cuando les cogían en un velero y llevaban 1.000 kilos de cocaína, había que decir que el abordaje era nulo o no había quien defendiera eso. El problema es que aquí el misil se está poniendo desde el Gobierno a la justicia y esto es más grave», señala este magistrado.Lo que más enerva en las salas del Supremo es el empeño sistemático en clasificar a los jueces según su supuesta afinidad política, una maniobra que busca viciar de sospecha cualquier resolución futura. «El etiquetado de los jueces es lo peor que se puede hacer, porque es como etiquetar a los árbitros, etiquetar a cualquiera que tenga que decidir. Ya estás poniendo sobre la mesa la sospecha de que va a resolver en un sentido determinado, y eso lo que hace es desestabilizar el sistema judicial», dice.Sin embargo, el magistrado recuerda la base de la legitimidad de los jueces no depende de los vaivenes de la opinión pública ni de las mayorías parlamentarias de turno: «Nosotros no tenemos una legitimación que proceda de las urnas, sino que procede de la Constitución y las leyes. Solo puede ser independiente un Poder Judicial si tiene esta legitimación, porque si no la tiene no hay diferencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».Mensajes deslegitimadoresSi descendemos a los juzgados de instrucción y de lo penal, donde el contacto con la realidad del justiciable es diario, el análisis es todavía más combativo. Otro de los magistrados consultados por ABC desmonta de manera rotunda el valor de la ofensiva demoscópica calificándola de mero artificio propagandístico. «Cuando se habla de que la ciudadanía tiene una percepción de que los jueces no son imparciales, que hay ‘lawfare’ y que se actúa al dictado de ideologías políticas no hay que olvidar la variable de la ecuación: están lanzando constantemente mensajes deslegitimadores del Poder Judicial. Es de absurdo pensar que todo ese trabajo propagandístico no cala en la ciudadanía, en una ciudadanía que por otro lado no sabe ni conoce de los asuntos de los que está opinando». «Es como preguntarle a personas que no han visto nunca un partido de fútbol ni conocen las reglas qué tal juegan los jugadores españoles… No puede sustituir una estadística por una realidad , sobre todo cuando la estadística se basa en gente que no ha visto esa realidad».Frente a la estadística, la fuente opone los datos reales de organismos internacionales como la OCDE, donde la confianza de los españoles en sus tribunales es superior a la que profesan hacia sus gobiernos y políticos. Además, recuerda un hecho incontestable que arrojan las propias estadísticas internas del Consejo General del Poder Judicial: «Las personas que han pasado por un juzgado tienen siempre una opinión mucho más favorable de los jueces que las que no han pasado».Una perversión conceptualSeñala este magistrado que al dejarse arrastrar por los mensajes del poder político se produce una «desprotección autoinducida». «Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder le dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder… Estamos dejando de confiar en las personas que me van a proteger frente a los poderosos por lo que nos cuentan los poderosos. Es brutal».«Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder les dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder»Recuerda esta fuente que «el concepto de ‘lawfare’ no es un concepto que haya surgido de la ciudadanía hacia arriba para señalar a los poderosos. Ha surgido del poder… Es un invento político que se ha inoculado a la sociedad. No ha surgido en ella como una reacción espontánea».Lejos de amedrentarse, la judicatura reta al Ejecutivo y a sus socios parlamentarios a abandonar la cobardía de las descalificaciones genéricas y a acudir a los tribunales si verdaderamente creen lo que pregonan en sus mítines y televisiones: «Aquí en España tenemos un delito muy importante, que es el delito de prevaricación judicial, con lo cual, ¿por qué te vas a esconder tras generalidades de que ocurre en España cuando tienes un delito concreto para poder llegar al juez concreto que piensas que está haciendo mal su trabajo? Si piensas que hay resoluciones concretas que han sido dictadas no por criterio jurídico sino por criterio político y, por tanto, son injustas a sabiendas, vete al juzgado y denúnciale por prevaricación».Frente a esta agresión, el magistrado receta dos vías de actuación: a nivel individual, «contra la propaganda, pues el trabajo bien hecho», dictando miles de resoluciones diarias ajenas a los focos de la política; a nivel institucional, reclama al CGPJ campañas educativas de transparencia, abriendo las puertas de los juzgados a los adultos para neutralizar el relato de la sospecha.Maniobra de distracciónEl tercero de los testimonios recabados por este diario —un magistrado de amplia trayectoria— coincide plenamente en el diagnóstico de que nos encontramos ante una maniobra de distracción perfectamente planificada ante el avance de las causas penales que acorralan al entorno del presidente. «Hay una guerra judicial y una guerra mediática promovida por los partidos que están ahora mismo afectados por estos casos de corrupción, que evidentemente lo que intentan hacer es debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba».«Se trata de debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba»Este juez recuerda que, históricamente, todos los partidos políticos han reaccionado «de forma censurable» cuando la corrupción llamaba a sus puertas. Evoca las maniobras del Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel, cuando escenificaron cierres de filas negando la corrupción y presentándose como víctimas de una causa general. Sin embargo, advierte « un salto cualitativo inédito y extraordinariamente peligroso» en la campaña desplegada por el actual Ejecutivo de coalición: «Lo que yo nunca he visto es la capacidad y la campaña mediática tan intensa que se produce desde que toma posesión el nuevo gobierno, que fue con el apoyo de Junts… Quienes tienen que estar preocupados realmente son los justiciables, porque los políticos en la actualidad, o en este caso el gobierno y sus socios, lo que hacen es debilitar la confianza de los justiciables en las personas que por la Constitución tienen que encargarse de resolver sus problemas».Este magistrado se muestra profundamente pesimista sobre la capacidad de recuperación del sistema democrático tras años de demolición controlada del prestigio judicial. «Estamos en una situación de trincheras en la que la justicia es la pelota en la que se están pasando de una trinchera a otra y el desprestigio es muy importante. Y sinceramente, no creo que sea recuperable con el cambio de gobierno, sino que esto ha venido para quedarse… Está tan metido en el ADN en los últimos años de un sector de nuestra sociedad que hay una campaña y un movimiento de los jueces que cuando ese cambio de produzca, ese rencor va a seguir latiendo y es inevitable».La única solución viable, aunque confiesa albergar serias dudas de que la clase política tenga la altura de miras necesaria para ejecutarla, pasa por un blindaje absoluto de la independencia que arrebate a los partidos el control del órgano de gobierno de los jueces: «Pasa ineludiblemente porque los jueces puedan elegir a los 12 vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial», apunta.«Escudo» frente a la corrupciónEn esta misma línea otra de las fuentes judiciales consultadas rechaza de plano la existencia de una «operación coordinada» de los jueces para derribar al Ejecutivo, pero alerta del «uso perverso» que se hace de ciertas causas para crear un «escudo» frente a la corrupción. Este magistrado distingue claramente entre investigaciones que pueden ser jurídicamente complejas u «opinables» de otras en las que existen indicios «claramente delictivos». A su juicio, el Gobierno utiliza las dudas de las primeras como una «maniobra de pantalla» para extender la mancha del ‘lawfare’ a las tramas de corrupción irrefutables. «Cuando hay casos claros, se intentan tapar y esconder para buscar blindajes», denuncia este magistrado, lamentando que, «en lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial».«En lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial»Esta actitud, recuerda, no pasa desapercibida en Europa. Los últimos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea recogen reproches contra España precisamente porque «este tipo de ataques contra el Poder Judicial desde el Gobierno lo que hacen es reducir la calidad democrática y aumentar el descrédito en el sistema institucional». Una línea roja que separa la crítica legítima a una resolución concreta de la afirmación generalizada de que «todo es prevaricación y una campaña contra el Gobierno».El imperio de la leyFrente al anonimato de las fuentes que sufren la presión en la trinchera, no hay día en el que la sombra de la estrategia de acoso del Ejecutivo planee sobre los discursos de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. El último, el pasado martes, en la inauguración de un curso de verano en el pazo de Mariñán (La Coruña). Allí aseguró que «todo poder público está sometido al imperio de la ley». Perelló ha remarcado que los miembros de la carrera judicial ejercen sus competencias de forma «honesta, discreta y vocacional, alejados del ruido político y desde la más absoluta profesionalidad y rigor técnico». En un momento en el que el Gobierno se encuentra nuevamente cercado por la acción de la justicia —con Begoña Gómez a las puertas del banquillo, la inminente sentencia del hermano de Sánchez, la imputación de la directora general de la Guardia Civil o el cerco ahora a quien fuera jefe de Gabinete de Sánchez, entre otros—, la maquinaria demoscópica oficial y medios afines a Moncloa han coincidido esta semana en poner el foco en la percepción que el ciudadano tiene de la justicia.Para la carrera judicial la ‘coincidencia’ demoscópica no es casual sino que responde a una estrategia «perfectamente orquestada» para apuntalar el relato del ‘ lawfare ‘, una maniobra de deslegitimación que comenzó con los acuerdos parlamentarios con Junts, se recrudeció tras la inédita imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y regresa ahora con fuerza como «escudo» político frente a la corrupción.Para calibrar el sentir de la magistratura ante esta ofensiva judicial, ABC ha pulsado la opinión de distintas fuentes judiciales en activo. Bajo la condición de mantener un anonimato que preserve su obligada neutralidad, jueces de instrucción, de tribunales superiores y voces autorizadas del propio Tribunal Supremo dibujan un panorama desolador sobre el Estado de derecho, pero también una firme voluntad de resistencia. El veredicto es unánime: no estamos ante una crítica legítima a las resoluciones judiciales, sino ante un ataque frontal al corazón de la democracia.Noticia relacionada general No No La UCO implica al exjefe de Gabinete de Sánchez en las dos ramas de la presunta organización criminal de Leire Díez Carmen Lucas-TorresDesde la cúspide del Poder Judicial, un magistrado del Tribunal Supremo analiza el origen y los objetivos de esta campaña mediática con serenidad y, a la vez, preocupación. Al ser preguntado por la avalancha de encuestas dirigidas a medir el crédito de la justicia, la fuente evita entrar en la provocación, pero desenmascara el relato gubernamental utilizando un símil de plena actualidad. La estrategia es clara: «Nosotros jugamos muy bien, pero perdemos por el árbitro (la justicia); es el árbitro el que nos está condenando». «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica: no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’»Para este magistrado, el Ejecutivo no busca desmontar las pruebas de los sumarios que le ahogan, sino desacreditar la autoridad de quien sostiene la balanza. «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica», de forma que «no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’».Romper el proceso Esta fuente del Alto Tribunal recuerda que esta forma de defenderse atacando la legitimidad del sistema no es nueva, aunque hasta ahora estaba reservada a otro tipo de delincuencia. «Cuando alguien no tiene razón va a romper el proceso. ¿Cómo? Pues pidiendo la nulidad de las pruebas; que no se ha investigado correctamente, que las pruebas son nulas, que son ilícitas… En vez de hacer una defensa sobre lo que es la consistencia misma de la imputación delictiva. Eso lo empezaron a hacer muy bien los narcotraficantes. Cuando les cogían en un velero y llevaban 1.000 kilos de cocaína, había que decir que el abordaje era nulo o no había quien defendiera eso. El problema es que aquí el misil se está poniendo desde el Gobierno a la justicia y esto es más grave», señala este magistrado.Lo que más enerva en las salas del Supremo es el empeño sistemático en clasificar a los jueces según su supuesta afinidad política, una maniobra que busca viciar de sospecha cualquier resolución futura. «El etiquetado de los jueces es lo peor que se puede hacer, porque es como etiquetar a los árbitros, etiquetar a cualquiera que tenga que decidir. Ya estás poniendo sobre la mesa la sospecha de que va a resolver en un sentido determinado, y eso lo que hace es desestabilizar el sistema judicial», dice.Sin embargo, el magistrado recuerda la base de la legitimidad de los jueces no depende de los vaivenes de la opinión pública ni de las mayorías parlamentarias de turno: «Nosotros no tenemos una legitimación que proceda de las urnas, sino que procede de la Constitución y las leyes. Solo puede ser independiente un Poder Judicial si tiene esta legitimación, porque si no la tiene no hay diferencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».Mensajes deslegitimadoresSi descendemos a los juzgados de instrucción y de lo penal, donde el contacto con la realidad del justiciable es diario, el análisis es todavía más combativo. Otro de los magistrados consultados por ABC desmonta de manera rotunda el valor de la ofensiva demoscópica calificándola de mero artificio propagandístico. «Cuando se habla de que la ciudadanía tiene una percepción de que los jueces no son imparciales, que hay ‘lawfare’ y que se actúa al dictado de ideologías políticas no hay que olvidar la variable de la ecuación: están lanzando constantemente mensajes deslegitimadores del Poder Judicial. Es de absurdo pensar que todo ese trabajo propagandístico no cala en la ciudadanía, en una ciudadanía que por otro lado no sabe ni conoce de los asuntos de los que está opinando». «Es como preguntarle a personas que no han visto nunca un partido de fútbol ni conocen las reglas qué tal juegan los jugadores españoles… No puede sustituir una estadística por una realidad , sobre todo cuando la estadística se basa en gente que no ha visto esa realidad».Frente a la estadística, la fuente opone los datos reales de organismos internacionales como la OCDE, donde la confianza de los españoles en sus tribunales es superior a la que profesan hacia sus gobiernos y políticos. Además, recuerda un hecho incontestable que arrojan las propias estadísticas internas del Consejo General del Poder Judicial: «Las personas que han pasado por un juzgado tienen siempre una opinión mucho más favorable de los jueces que las que no han pasado».Una perversión conceptualSeñala este magistrado que al dejarse arrastrar por los mensajes del poder político se produce una «desprotección autoinducida». «Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder le dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder… Estamos dejando de confiar en las personas que me van a proteger frente a los poderosos por lo que nos cuentan los poderosos. Es brutal».«Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder les dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder»Recuerda esta fuente que «el concepto de ‘lawfare’ no es un concepto que haya surgido de la ciudadanía hacia arriba para señalar a los poderosos. Ha surgido del poder… Es un invento político que se ha inoculado a la sociedad. No ha surgido en ella como una reacción espontánea».Lejos de amedrentarse, la judicatura reta al Ejecutivo y a sus socios parlamentarios a abandonar la cobardía de las descalificaciones genéricas y a acudir a los tribunales si verdaderamente creen lo que pregonan en sus mítines y televisiones: «Aquí en España tenemos un delito muy importante, que es el delito de prevaricación judicial, con lo cual, ¿por qué te vas a esconder tras generalidades de que ocurre en España cuando tienes un delito concreto para poder llegar al juez concreto que piensas que está haciendo mal su trabajo? Si piensas que hay resoluciones concretas que han sido dictadas no por criterio jurídico sino por criterio político y, por tanto, son injustas a sabiendas, vete al juzgado y denúnciale por prevaricación».Frente a esta agresión, el magistrado receta dos vías de actuación: a nivel individual, «contra la propaganda, pues el trabajo bien hecho», dictando miles de resoluciones diarias ajenas a los focos de la política; a nivel institucional, reclama al CGPJ campañas educativas de transparencia, abriendo las puertas de los juzgados a los adultos para neutralizar el relato de la sospecha.Maniobra de distracciónEl tercero de los testimonios recabados por este diario —un magistrado de amplia trayectoria— coincide plenamente en el diagnóstico de que nos encontramos ante una maniobra de distracción perfectamente planificada ante el avance de las causas penales que acorralan al entorno del presidente. «Hay una guerra judicial y una guerra mediática promovida por los partidos que están ahora mismo afectados por estos casos de corrupción, que evidentemente lo que intentan hacer es debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba».«Se trata de debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba»Este juez recuerda que, históricamente, todos los partidos políticos han reaccionado «de forma censurable» cuando la corrupción llamaba a sus puertas. Evoca las maniobras del Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel, cuando escenificaron cierres de filas negando la corrupción y presentándose como víctimas de una causa general. Sin embargo, advierte « un salto cualitativo inédito y extraordinariamente peligroso» en la campaña desplegada por el actual Ejecutivo de coalición: «Lo que yo nunca he visto es la capacidad y la campaña mediática tan intensa que se produce desde que toma posesión el nuevo gobierno, que fue con el apoyo de Junts… Quienes tienen que estar preocupados realmente son los justiciables, porque los políticos en la actualidad, o en este caso el gobierno y sus socios, lo que hacen es debilitar la confianza de los justiciables en las personas que por la Constitución tienen que encargarse de resolver sus problemas».Este magistrado se muestra profundamente pesimista sobre la capacidad de recuperación del sistema democrático tras años de demolición controlada del prestigio judicial. «Estamos en una situación de trincheras en la que la justicia es la pelota en la que se están pasando de una trinchera a otra y el desprestigio es muy importante. Y sinceramente, no creo que sea recuperable con el cambio de gobierno, sino que esto ha venido para quedarse… Está tan metido en el ADN en los últimos años de un sector de nuestra sociedad que hay una campaña y un movimiento de los jueces que cuando ese cambio de produzca, ese rencor va a seguir latiendo y es inevitable».La única solución viable, aunque confiesa albergar serias dudas de que la clase política tenga la altura de miras necesaria para ejecutarla, pasa por un blindaje absoluto de la independencia que arrebate a los partidos el control del órgano de gobierno de los jueces: «Pasa ineludiblemente porque los jueces puedan elegir a los 12 vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial», apunta.«Escudo» frente a la corrupciónEn esta misma línea otra de las fuentes judiciales consultadas rechaza de plano la existencia de una «operación coordinada» de los jueces para derribar al Ejecutivo, pero alerta del «uso perverso» que se hace de ciertas causas para crear un «escudo» frente a la corrupción. Este magistrado distingue claramente entre investigaciones que pueden ser jurídicamente complejas u «opinables» de otras en las que existen indicios «claramente delictivos». A su juicio, el Gobierno utiliza las dudas de las primeras como una «maniobra de pantalla» para extender la mancha del ‘lawfare’ a las tramas de corrupción irrefutables. «Cuando hay casos claros, se intentan tapar y esconder para buscar blindajes», denuncia este magistrado, lamentando que, «en lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial».«En lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial»Esta actitud, recuerda, no pasa desapercibida en Europa. Los últimos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea recogen reproches contra España precisamente porque «este tipo de ataques contra el Poder Judicial desde el Gobierno lo que hacen es reducir la calidad democrática y aumentar el descrédito en el sistema institucional». Una línea roja que separa la crítica legítima a una resolución concreta de la afirmación generalizada de que «todo es prevaricación y una campaña contra el Gobierno».El imperio de la leyFrente al anonimato de las fuentes que sufren la presión en la trinchera, no hay día en el que la sombra de la estrategia de acoso del Ejecutivo planee sobre los discursos de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. El último, el pasado martes, en la inauguración de un curso de verano en el pazo de Mariñán (La Coruña). Allí aseguró que «todo poder público está sometido al imperio de la ley». Perelló ha remarcado que los miembros de la carrera judicial ejercen sus competencias de forma «honesta, discreta y vocacional, alejados del ruido político y desde la más absoluta profesionalidad y rigor técnico». En un momento en el que el Gobierno se encuentra nuevamente cercado por la acción de la justicia —con Begoña Gómez a las puertas del banquillo, la inminente sentencia del hermano de Sánchez, la imputación de la directora general de la Guardia Civil o el cerco ahora a quien fuera jefe de Gabinete de Sánchez, entre otros—, la maquinaria demoscópica oficial y medios afines a Moncloa han coincidido esta semana en poner el foco en la percepción que el ciudadano tiene de la justicia.Para la carrera judicial la ‘coincidencia’ demoscópica no es casual sino que responde a una estrategia «perfectamente orquestada» para apuntalar el relato del ‘ lawfare ‘, una maniobra de deslegitimación que comenzó con los acuerdos parlamentarios con Junts, se recrudeció tras la inédita imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y regresa ahora con fuerza como «escudo» político frente a la corrupción.Para calibrar el sentir de la magistratura ante esta ofensiva judicial, ABC ha pulsado la opinión de distintas fuentes judiciales en activo. Bajo la condición de mantener un anonimato que preserve su obligada neutralidad, jueces de instrucción, de tribunales superiores y voces autorizadas del propio Tribunal Supremo dibujan un panorama desolador sobre el Estado de derecho, pero también una firme voluntad de resistencia. El veredicto es unánime: no estamos ante una crítica legítima a las resoluciones judiciales, sino ante un ataque frontal al corazón de la democracia.Noticia relacionada general No No La UCO implica al exjefe de Gabinete de Sánchez en las dos ramas de la presunta organización criminal de Leire Díez Carmen Lucas-TorresDesde la cúspide del Poder Judicial, un magistrado del Tribunal Supremo analiza el origen y los objetivos de esta campaña mediática con serenidad y, a la vez, preocupación. Al ser preguntado por la avalancha de encuestas dirigidas a medir el crédito de la justicia, la fuente evita entrar en la provocación, pero desenmascara el relato gubernamental utilizando un símil de plena actualidad. La estrategia es clara: «Nosotros jugamos muy bien, pero perdemos por el árbitro (la justicia); es el árbitro el que nos está condenando». «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica: no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’»Para este magistrado, el Ejecutivo no busca desmontar las pruebas de los sumarios que le ahogan, sino desacreditar la autoridad de quien sostiene la balanza. «Se transmuta la responsabilidad penal en una persecución ideológica», de forma que «no es que haya una comisión de un delito, sino que todo es consecuencia de que el juez hace ‘lawfare’».Romper el proceso Esta fuente del Alto Tribunal recuerda que esta forma de defenderse atacando la legitimidad del sistema no es nueva, aunque hasta ahora estaba reservada a otro tipo de delincuencia. «Cuando alguien no tiene razón va a romper el proceso. ¿Cómo? Pues pidiendo la nulidad de las pruebas; que no se ha investigado correctamente, que las pruebas son nulas, que son ilícitas… En vez de hacer una defensa sobre lo que es la consistencia misma de la imputación delictiva. Eso lo empezaron a hacer muy bien los narcotraficantes. Cuando les cogían en un velero y llevaban 1.000 kilos de cocaína, había que decir que el abordaje era nulo o no había quien defendiera eso. El problema es que aquí el misil se está poniendo desde el Gobierno a la justicia y esto es más grave», señala este magistrado.Lo que más enerva en las salas del Supremo es el empeño sistemático en clasificar a los jueces según su supuesta afinidad política, una maniobra que busca viciar de sospecha cualquier resolución futura. «El etiquetado de los jueces es lo peor que se puede hacer, porque es como etiquetar a los árbitros, etiquetar a cualquiera que tenga que decidir. Ya estás poniendo sobre la mesa la sospecha de que va a resolver en un sentido determinado, y eso lo que hace es desestabilizar el sistema judicial», dice.Sin embargo, el magistrado recuerda la base de la legitimidad de los jueces no depende de los vaivenes de la opinión pública ni de las mayorías parlamentarias de turno: «Nosotros no tenemos una legitimación que proceda de las urnas, sino que procede de la Constitución y las leyes. Solo puede ser independiente un Poder Judicial si tiene esta legitimación, porque si no la tiene no hay diferencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».Mensajes deslegitimadoresSi descendemos a los juzgados de instrucción y de lo penal, donde el contacto con la realidad del justiciable es diario, el análisis es todavía más combativo. Otro de los magistrados consultados por ABC desmonta de manera rotunda el valor de la ofensiva demoscópica calificándola de mero artificio propagandístico. «Cuando se habla de que la ciudadanía tiene una percepción de que los jueces no son imparciales, que hay ‘lawfare’ y que se actúa al dictado de ideologías políticas no hay que olvidar la variable de la ecuación: están lanzando constantemente mensajes deslegitimadores del Poder Judicial. Es de absurdo pensar que todo ese trabajo propagandístico no cala en la ciudadanía, en una ciudadanía que por otro lado no sabe ni conoce de los asuntos de los que está opinando». «Es como preguntarle a personas que no han visto nunca un partido de fútbol ni conocen las reglas qué tal juegan los jugadores españoles… No puede sustituir una estadística por una realidad , sobre todo cuando la estadística se basa en gente que no ha visto esa realidad».Frente a la estadística, la fuente opone los datos reales de organismos internacionales como la OCDE, donde la confianza de los españoles en sus tribunales es superior a la que profesan hacia sus gobiernos y políticos. Además, recuerda un hecho incontestable que arrojan las propias estadísticas internas del Consejo General del Poder Judicial: «Las personas que han pasado por un juzgado tienen siempre una opinión mucho más favorable de los jueces que las que no han pasado».Una perversión conceptualSeñala este magistrado que al dejarse arrastrar por los mensajes del poder político se produce una «desprotección autoinducida». «Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder le dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder… Estamos dejando de confiar en las personas que me van a proteger frente a los poderosos por lo que nos cuentan los poderosos. Es brutal».«Nosotros estamos aquí para proteger a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedad del poder. Si desde el poder les dicen que no confíen en esos jueces, los ciudadanos quedan más indefensos frente a ese poder»Recuerda esta fuente que «el concepto de ‘lawfare’ no es un concepto que haya surgido de la ciudadanía hacia arriba para señalar a los poderosos. Ha surgido del poder… Es un invento político que se ha inoculado a la sociedad. No ha surgido en ella como una reacción espontánea».Lejos de amedrentarse, la judicatura reta al Ejecutivo y a sus socios parlamentarios a abandonar la cobardía de las descalificaciones genéricas y a acudir a los tribunales si verdaderamente creen lo que pregonan en sus mítines y televisiones: «Aquí en España tenemos un delito muy importante, que es el delito de prevaricación judicial, con lo cual, ¿por qué te vas a esconder tras generalidades de que ocurre en España cuando tienes un delito concreto para poder llegar al juez concreto que piensas que está haciendo mal su trabajo? Si piensas que hay resoluciones concretas que han sido dictadas no por criterio jurídico sino por criterio político y, por tanto, son injustas a sabiendas, vete al juzgado y denúnciale por prevaricación».Frente a esta agresión, el magistrado receta dos vías de actuación: a nivel individual, «contra la propaganda, pues el trabajo bien hecho», dictando miles de resoluciones diarias ajenas a los focos de la política; a nivel institucional, reclama al CGPJ campañas educativas de transparencia, abriendo las puertas de los juzgados a los adultos para neutralizar el relato de la sospecha.Maniobra de distracciónEl tercero de los testimonios recabados por este diario —un magistrado de amplia trayectoria— coincide plenamente en el diagnóstico de que nos encontramos ante una maniobra de distracción perfectamente planificada ante el avance de las causas penales que acorralan al entorno del presidente. «Hay una guerra judicial y una guerra mediática promovida por los partidos que están ahora mismo afectados por estos casos de corrupción, que evidentemente lo que intentan hacer es debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba».«Se trata de debilitar esa confianza en la justicia para, en caso de resoluciones que les perjudiquen, poder seguir gobernando diciendo que todo es un ataque que se ha realizado contra ellos sin ninguna prueba»Este juez recuerda que, históricamente, todos los partidos políticos han reaccionado «de forma censurable» cuando la corrupción llamaba a sus puertas. Evoca las maniobras del Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel, cuando escenificaron cierres de filas negando la corrupción y presentándose como víctimas de una causa general. Sin embargo, advierte « un salto cualitativo inédito y extraordinariamente peligroso» en la campaña desplegada por el actual Ejecutivo de coalición: «Lo que yo nunca he visto es la capacidad y la campaña mediática tan intensa que se produce desde que toma posesión el nuevo gobierno, que fue con el apoyo de Junts… Quienes tienen que estar preocupados realmente son los justiciables, porque los políticos en la actualidad, o en este caso el gobierno y sus socios, lo que hacen es debilitar la confianza de los justiciables en las personas que por la Constitución tienen que encargarse de resolver sus problemas».Este magistrado se muestra profundamente pesimista sobre la capacidad de recuperación del sistema democrático tras años de demolición controlada del prestigio judicial. «Estamos en una situación de trincheras en la que la justicia es la pelota en la que se están pasando de una trinchera a otra y el desprestigio es muy importante. Y sinceramente, no creo que sea recuperable con el cambio de gobierno, sino que esto ha venido para quedarse… Está tan metido en el ADN en los últimos años de un sector de nuestra sociedad que hay una campaña y un movimiento de los jueces que cuando ese cambio de produzca, ese rencor va a seguir latiendo y es inevitable».La única solución viable, aunque confiesa albergar serias dudas de que la clase política tenga la altura de miras necesaria para ejecutarla, pasa por un blindaje absoluto de la independencia que arrebate a los partidos el control del órgano de gobierno de los jueces: «Pasa ineludiblemente porque los jueces puedan elegir a los 12 vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial», apunta.«Escudo» frente a la corrupciónEn esta misma línea otra de las fuentes judiciales consultadas rechaza de plano la existencia de una «operación coordinada» de los jueces para derribar al Ejecutivo, pero alerta del «uso perverso» que se hace de ciertas causas para crear un «escudo» frente a la corrupción. Este magistrado distingue claramente entre investigaciones que pueden ser jurídicamente complejas u «opinables» de otras en las que existen indicios «claramente delictivos». A su juicio, el Gobierno utiliza las dudas de las primeras como una «maniobra de pantalla» para extender la mancha del ‘lawfare’ a las tramas de corrupción irrefutables. «Cuando hay casos claros, se intentan tapar y esconder para buscar blindajes», denuncia este magistrado, lamentando que, «en lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial».«En lugar de exigir transparencia institucional o abrir investigaciones internas, la respuesta oficial es ensuciar de manera generalizada y gratuita la imagen del Poder Judicial»Esta actitud, recuerda, no pasa desapercibida en Europa. Los últimos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea recogen reproches contra España precisamente porque «este tipo de ataques contra el Poder Judicial desde el Gobierno lo que hacen es reducir la calidad democrática y aumentar el descrédito en el sistema institucional». Una línea roja que separa la crítica legítima a una resolución concreta de la afirmación generalizada de que «todo es prevaricación y una campaña contra el Gobierno».El imperio de la leyFrente al anonimato de las fuentes que sufren la presión en la trinchera, no hay día en el que la sombra de la estrategia de acoso del Ejecutivo planee sobre los discursos de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. El último, el pasado martes, en la inauguración de un curso de verano en el pazo de Mariñán (La Coruña). Allí aseguró que «todo poder público está sometido al imperio de la ley». Perelló ha remarcado que los miembros de la carrera judicial ejercen sus competencias de forma «honesta, discreta y vocacional, alejados del ruido político y desde la más absoluta profesionalidad y rigor técnico». RSS de noticias de espana
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