Iñaki Subijana (San Sebastián, 1963) comenzó a ejercer el 5 de marzo de 1990 en Azpeitia (Guipúzcoa): «Era un contexto complicado. Existía ETA y nosotros representábamos al Estado. Esa situación derivó en el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón en el año 2001». Desde entonces tuvo que llevar escolta pues, tras un breve paso por Cádiz, decidió continuar su carrera en el País Vasco hasta que en 2021 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV). Mañana revalida el cargo para los próximos cinco años en un momento donde los frentes judiciales se multiplican y el nacionalismo vasco ha fijado su diana en los tribunales y magistrados de la región, a quienes acusan de «’euskarófobos’», para exaltar su pulsión identitaria. —El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido la cuestión de constitucionalidad que elevó su tribunal sobre la exigencia del euskera en la Ley de Empleo Vasca. —El TC tenía dos opciones: considerar que las dudas no eran tales y que el asunto volvierse al procedimiento originario o que hubiera dictado una sentencia diciendo si la norma es o no es constitucional. Estamos en el primer escenario; entonces, ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV tendrá que resolver. Noticia relacionada general No No El Tribunal Constitucional rechaza revisar la imposición del euskera en el acceso al empleo público en el País Vasco Gerard Bono—¿Lo normal sería que admitiera el recurso de Vox o le está dando un toque el TC para que no lo haga? El auto que elevó la cuestión de constitucionalidad decía que la exigencia generalizada de euskera tenía un «efecto disuasorio» sobre los castellanohablantes que quieren acceder a la función pública.—No le da ningún toque. Lo que le dice es que esas dudas de constitucionalidad no son tales. A partir de ese momento queda la plena jurisdicción del tribunal para resolver la cuestión de fondo. —Se puede dar la situación de que se acepte un recurso contra una ley que todavía no se ha puesto en funcionamiento porque acaba de ser reformada.—El precepto concreto que motivó la cuestión (artículo 187.5 de la Ley de Empleo Vasca) no ha sido modificado. Y en aquellos casos en los cuales hay una modificación sobrevenida de un precepto el tribunal tiene que valorar si esa pérdida de vigencia tiene o no influencia en su procedimiento.—La polémica por el euskera también afecta a la suspensión de los ceros en los exámenes de la PAU. Usted ya ha dicho que no existe una «ofensiva judicial». ¿Está usando el nacionalismo la lengua como arma política? —Yo lo que puedo decir y reiterar es que no hay ofensiva judicial contra el euskera, que lo que hacen los jueces y tribunales en Euskadi es resolver los recursos que los ciudadanos o los colectivos de ciudadanos plantean en sede jurisdiccional conforme a la normativa aplicable.—Ya no es solo la izquierda aberzale. Hay ministros del Gobierno de España que afirman que existe el ‘lawfare’. —Insisto en discernir claramente la legitimidad de los jueces de la legitimidad de la crítica a las decisiones que adoptan.—Carlos Lesmes (expresidente del Tribunal Supremo) le definió en su toma de posesión como un ferviente defensor de su tierra. ¿Cómo vive el verse retratado por sectores de la sociedad vasca como un enemigo de su propia identidad?—Con dolor. Con pesar y con dolor. Nací en el País Vasco, mis padres, mis aitonas (abuelos, en euskera), mis entornos… son del País Vasco.«Todavía es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA» Iñaki Subijana Presidente del TSJPV—En su último discurso de apertura del año judicial dijo que la independencia judicial no admite injerencias ni internas ni externas. ¿Se refería a alguna en concreto?—No. Era una lectura estrictamente constitucional y si quiere usted supranacional respecto a la posición del Poder Judicial. —También dijo que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 debía hacerse sin prisa y sin pausa. ¿Está siendo así?—En Euskadi ha sido así porque hemos intentado aquilatar la constitución de las oficinas del Tribunal de Instancia a las exigencias de acoplamiento de funcionarios, adaptación de edificios, adaptación también del sistema de justicia digital en la línea de permitir que cuando se implementen estén en las mejores condiciones para su desarrollo sabiendo que el cambio es radical. —Entonces hizo una crítica al ratio de jueces por habitante en el País Vasco. ¿Se ha sentido discriminado en su jurisdicción?—La ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes en el Estado es de 10,2. Y aquí 10,1. En Europa la media son 17. Creo que en general en España hay un problema de déficit de planta judicial. Ahí no he visto una discriminación. —Se describe una situación de asfixia en algunos juzgados, pero repasando la memoria judicial de 2025 el ingreso de asuntos cae un 10,4% y la tasa de resolución es mayor que la media española.—Yo nunca he hablado de asfixia del sistema judicial, he hablado de puntos de tensión dentro del sistema judicial fundamentalmente en el área civil y en la sección Social aquí en Bilbao. —La memoria incluye uno de sus proyectos bandera: la promoción de juicios en euskera. También acredita que los ciudadanos prefieren relacionarse con la Justicia en castellano. ¿Es necesario forzar la maquinaria?—Es un proyecto que descansa en la aplicación del 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la libertad de elección de las personas. A partir de ahí no es más que una aplicación de la normativa, así que no se fuerza absolutamente nada.—Usted viene participando en los foros de debate para el desarrollo de la Estrategia de Justicia Restaurativa, con la que el Gobierno vasco justifica la autorización de terceros grados y beneficios penitenciarios a etarras. —El modelo de justicia restaurativa está pensado fundamentalmente para la investigación y el enjuiciamiento penal y que luego puede tener aplicación en la ejecución penal y dentro de ella en la ejecución penitenciaria. Es un modelo, insisto, que tiene su base en la legislación estatal y supraestatal.—Mediáticamente sólo trasciende su aplicación en la Política Penitenciaria vasca. —La ejecución penitenciaria no radica en el sistema de Justicia. Lo hace en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y en el ministerio del Interior. La primera decisión respecto a esa cuestión se produce en el ámbito administrativo y esas decisiones están sujetas a una revisión judicial. —La Audiencia Nacional ha echado para atrás esas resoluciones administrativas como en el caso de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. ¿Coincide en que se están dando de una forma precipitada?—Ha habido decisiones judiciales que han considerado que el 100.2 no procedía porque no había un plan de ejecución y coincido que en otras ocasiones eso no ha sido así y la autoridad judicial ha considerado que se cumplían las premisas del 100.2.—Las asociaciones de víctimas critican la cuestión como un mecanismo que debilita el el valor punitivo de las sentencias. ¿Qué mensaje les da?—Soy el primero en reconocer su grave sufrimiento y el valor del compromiso que siempre han tenido con el estado democrático. A partir de ahí, tendría que decir que comparto que en términos de Justicia para las víctimas es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA. Ahí todavía tenemos camino por recorrer social e institucionalmente. También, aunque sea doloroso, es cierto y en mi opinión positivo que el marco constitucional fija la reinserción social como un objetivo prioritario en la ejecución de las penas privativas de libertad. Eso es algo que, en muchas ocasiones, individual y colectivamente genera desazón.—Sobre esa falta de deslegitimación de ETA, ¿por qué no hay consecuencias cuando se exhibe como un héroe la cara de un asesino en el País Vasco?—Para mí es muy importante la deslegitimación de la existencia de ETA. A partir de ese momento, el por qué se producen o se dejan de producir determinadas situaciones sale de mi esfera de actuación.—¿Debe el legislativo crear un régimen sancionador para estos actos como existe con el franquismo?—Sinceramente, soy el primero que intenta respetar las competencias de otros poderes como a mí me gusta que respeten las competencias del Poder Judicial. El legislativo tiene mecanismos suficientes como para hacer esa valoración y plantearse si procede o no procede. —El último tema es el de las colonias de Bernedo. ¿Cómo se explica que ante denuncias tan graves los tribunales no hayan aplicado medidas cautelares o que hayan suspendido la prohibición de la asociación?—La adopción o no adopción de medidas cautelares es algo que responde a la existencia de peticiones por parte de la acusación. A partir de ese momento el juez dice si concurren los supuestos que justifican la adopción de medidas. ¿Qué quiere decir con cautelares? Son excepcionales. ¿Por qué? El principio general es la presunción de inocencia de quién se presume inocente hasta que un juez no declare la culpabilidad. En lo contencioso administrativo, que es la otra cuestión, corresponde al juez valorar si efectivamente se pueden generar efectos irreversibles en el caso de que se ejecute inmediatamente la decisión administrativa. —Las madres de los niños señalan abandono institucional. Después de que el caso quedara en un «limbo» parecía que iba a acelerarse la instrucción. ¿Conoce a la magistrada Marta Escudero que instruye la causa en Vitoria? —Conozco a Marta Escudero como conozco todos los jueces y juezas de la comunidad autónoma. Lo único que puedo decir es que llegó a esta plaza judicial en febrero de este año. No estuvo en el inicio del procedimiento y una persona cuando llega se encuentra con todos los casos incoados y no desarrollados y va tomando pulso al juzgado para tomar las decisiones lo más rápidamente posible. Yo confío y espero que las decisiones sean inmediatas y entiendo que a las denunciantes la espera judicial les genere inquietud e incluso sensación de soledad institucional. Mi compromiso es intentar que esa situación dure lo menos posible y que el procedimiento siga su andadura y se tomen las decisiones que en el plano jurisdiccional se tengan que tomar. Iñaki Subijana (San Sebastián, 1963) comenzó a ejercer el 5 de marzo de 1990 en Azpeitia (Guipúzcoa): «Era un contexto complicado. Existía ETA y nosotros representábamos al Estado. Esa situación derivó en el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón en el año 2001». Desde entonces tuvo que llevar escolta pues, tras un breve paso por Cádiz, decidió continuar su carrera en el País Vasco hasta que en 2021 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV). Mañana revalida el cargo para los próximos cinco años en un momento donde los frentes judiciales se multiplican y el nacionalismo vasco ha fijado su diana en los tribunales y magistrados de la región, a quienes acusan de «’euskarófobos’», para exaltar su pulsión identitaria. —El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido la cuestión de constitucionalidad que elevó su tribunal sobre la exigencia del euskera en la Ley de Empleo Vasca. —El TC tenía dos opciones: considerar que las dudas no eran tales y que el asunto volvierse al procedimiento originario o que hubiera dictado una sentencia diciendo si la norma es o no es constitucional. Estamos en el primer escenario; entonces, ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV tendrá que resolver. Noticia relacionada general No No El Tribunal Constitucional rechaza revisar la imposición del euskera en el acceso al empleo público en el País Vasco Gerard Bono—¿Lo normal sería que admitiera el recurso de Vox o le está dando un toque el TC para que no lo haga? El auto que elevó la cuestión de constitucionalidad decía que la exigencia generalizada de euskera tenía un «efecto disuasorio» sobre los castellanohablantes que quieren acceder a la función pública.—No le da ningún toque. Lo que le dice es que esas dudas de constitucionalidad no son tales. A partir de ese momento queda la plena jurisdicción del tribunal para resolver la cuestión de fondo. —Se puede dar la situación de que se acepte un recurso contra una ley que todavía no se ha puesto en funcionamiento porque acaba de ser reformada.—El precepto concreto que motivó la cuestión (artículo 187.5 de la Ley de Empleo Vasca) no ha sido modificado. Y en aquellos casos en los cuales hay una modificación sobrevenida de un precepto el tribunal tiene que valorar si esa pérdida de vigencia tiene o no influencia en su procedimiento.—La polémica por el euskera también afecta a la suspensión de los ceros en los exámenes de la PAU. Usted ya ha dicho que no existe una «ofensiva judicial». ¿Está usando el nacionalismo la lengua como arma política? —Yo lo que puedo decir y reiterar es que no hay ofensiva judicial contra el euskera, que lo que hacen los jueces y tribunales en Euskadi es resolver los recursos que los ciudadanos o los colectivos de ciudadanos plantean en sede jurisdiccional conforme a la normativa aplicable.—Ya no es solo la izquierda aberzale. Hay ministros del Gobierno de España que afirman que existe el ‘lawfare’. —Insisto en discernir claramente la legitimidad de los jueces de la legitimidad de la crítica a las decisiones que adoptan.—Carlos Lesmes (expresidente del Tribunal Supremo) le definió en su toma de posesión como un ferviente defensor de su tierra. ¿Cómo vive el verse retratado por sectores de la sociedad vasca como un enemigo de su propia identidad?—Con dolor. Con pesar y con dolor. Nací en el País Vasco, mis padres, mis aitonas (abuelos, en euskera), mis entornos… son del País Vasco.«Todavía es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA» Iñaki Subijana Presidente del TSJPV—En su último discurso de apertura del año judicial dijo que la independencia judicial no admite injerencias ni internas ni externas. ¿Se refería a alguna en concreto?—No. Era una lectura estrictamente constitucional y si quiere usted supranacional respecto a la posición del Poder Judicial. —También dijo que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 debía hacerse sin prisa y sin pausa. ¿Está siendo así?—En Euskadi ha sido así porque hemos intentado aquilatar la constitución de las oficinas del Tribunal de Instancia a las exigencias de acoplamiento de funcionarios, adaptación de edificios, adaptación también del sistema de justicia digital en la línea de permitir que cuando se implementen estén en las mejores condiciones para su desarrollo sabiendo que el cambio es radical. —Entonces hizo una crítica al ratio de jueces por habitante en el País Vasco. ¿Se ha sentido discriminado en su jurisdicción?—La ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes en el Estado es de 10,2. Y aquí 10,1. En Europa la media son 17. Creo que en general en España hay un problema de déficit de planta judicial. Ahí no he visto una discriminación. —Se describe una situación de asfixia en algunos juzgados, pero repasando la memoria judicial de 2025 el ingreso de asuntos cae un 10,4% y la tasa de resolución es mayor que la media española.—Yo nunca he hablado de asfixia del sistema judicial, he hablado de puntos de tensión dentro del sistema judicial fundamentalmente en el área civil y en la sección Social aquí en Bilbao. —La memoria incluye uno de sus proyectos bandera: la promoción de juicios en euskera. También acredita que los ciudadanos prefieren relacionarse con la Justicia en castellano. ¿Es necesario forzar la maquinaria?—Es un proyecto que descansa en la aplicación del 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la libertad de elección de las personas. A partir de ahí no es más que una aplicación de la normativa, así que no se fuerza absolutamente nada.—Usted viene participando en los foros de debate para el desarrollo de la Estrategia de Justicia Restaurativa, con la que el Gobierno vasco justifica la autorización de terceros grados y beneficios penitenciarios a etarras. —El modelo de justicia restaurativa está pensado fundamentalmente para la investigación y el enjuiciamiento penal y que luego puede tener aplicación en la ejecución penal y dentro de ella en la ejecución penitenciaria. Es un modelo, insisto, que tiene su base en la legislación estatal y supraestatal.—Mediáticamente sólo trasciende su aplicación en la Política Penitenciaria vasca. —La ejecución penitenciaria no radica en el sistema de Justicia. Lo hace en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y en el ministerio del Interior. La primera decisión respecto a esa cuestión se produce en el ámbito administrativo y esas decisiones están sujetas a una revisión judicial. —La Audiencia Nacional ha echado para atrás esas resoluciones administrativas como en el caso de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. ¿Coincide en que se están dando de una forma precipitada?—Ha habido decisiones judiciales que han considerado que el 100.2 no procedía porque no había un plan de ejecución y coincido que en otras ocasiones eso no ha sido así y la autoridad judicial ha considerado que se cumplían las premisas del 100.2.—Las asociaciones de víctimas critican la cuestión como un mecanismo que debilita el el valor punitivo de las sentencias. ¿Qué mensaje les da?—Soy el primero en reconocer su grave sufrimiento y el valor del compromiso que siempre han tenido con el estado democrático. A partir de ahí, tendría que decir que comparto que en términos de Justicia para las víctimas es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA. Ahí todavía tenemos camino por recorrer social e institucionalmente. También, aunque sea doloroso, es cierto y en mi opinión positivo que el marco constitucional fija la reinserción social como un objetivo prioritario en la ejecución de las penas privativas de libertad. Eso es algo que, en muchas ocasiones, individual y colectivamente genera desazón.—Sobre esa falta de deslegitimación de ETA, ¿por qué no hay consecuencias cuando se exhibe como un héroe la cara de un asesino en el País Vasco?—Para mí es muy importante la deslegitimación de la existencia de ETA. A partir de ese momento, el por qué se producen o se dejan de producir determinadas situaciones sale de mi esfera de actuación.—¿Debe el legislativo crear un régimen sancionador para estos actos como existe con el franquismo?—Sinceramente, soy el primero que intenta respetar las competencias de otros poderes como a mí me gusta que respeten las competencias del Poder Judicial. El legislativo tiene mecanismos suficientes como para hacer esa valoración y plantearse si procede o no procede. —El último tema es el de las colonias de Bernedo. ¿Cómo se explica que ante denuncias tan graves los tribunales no hayan aplicado medidas cautelares o que hayan suspendido la prohibición de la asociación?—La adopción o no adopción de medidas cautelares es algo que responde a la existencia de peticiones por parte de la acusación. A partir de ese momento el juez dice si concurren los supuestos que justifican la adopción de medidas. ¿Qué quiere decir con cautelares? Son excepcionales. ¿Por qué? El principio general es la presunción de inocencia de quién se presume inocente hasta que un juez no declare la culpabilidad. En lo contencioso administrativo, que es la otra cuestión, corresponde al juez valorar si efectivamente se pueden generar efectos irreversibles en el caso de que se ejecute inmediatamente la decisión administrativa. —Las madres de los niños señalan abandono institucional. Después de que el caso quedara en un «limbo» parecía que iba a acelerarse la instrucción. ¿Conoce a la magistrada Marta Escudero que instruye la causa en Vitoria? —Conozco a Marta Escudero como conozco todos los jueces y juezas de la comunidad autónoma. Lo único que puedo decir es que llegó a esta plaza judicial en febrero de este año. No estuvo en el inicio del procedimiento y una persona cuando llega se encuentra con todos los casos incoados y no desarrollados y va tomando pulso al juzgado para tomar las decisiones lo más rápidamente posible. Yo confío y espero que las decisiones sean inmediatas y entiendo que a las denunciantes la espera judicial les genere inquietud e incluso sensación de soledad institucional. Mi compromiso es intentar que esa situación dure lo menos posible y que el procedimiento siga su andadura y se tomen las decisiones que en el plano jurisdiccional se tengan que tomar. Iñaki Subijana (San Sebastián, 1963) comenzó a ejercer el 5 de marzo de 1990 en Azpeitia (Guipúzcoa): «Era un contexto complicado. Existía ETA y nosotros representábamos al Estado. Esa situación derivó en el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón en el año 2001». Desde entonces tuvo que llevar escolta pues, tras un breve paso por Cádiz, decidió continuar su carrera en el País Vasco hasta que en 2021 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV). Mañana revalida el cargo para los próximos cinco años en un momento donde los frentes judiciales se multiplican y el nacionalismo vasco ha fijado su diana en los tribunales y magistrados de la región, a quienes acusan de «’euskarófobos’», para exaltar su pulsión identitaria. —El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido la cuestión de constitucionalidad que elevó su tribunal sobre la exigencia del euskera en la Ley de Empleo Vasca. —El TC tenía dos opciones: considerar que las dudas no eran tales y que el asunto volvierse al procedimiento originario o que hubiera dictado una sentencia diciendo si la norma es o no es constitucional. Estamos en el primer escenario; entonces, ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV tendrá que resolver. Noticia relacionada general No No El Tribunal Constitucional rechaza revisar la imposición del euskera en el acceso al empleo público en el País Vasco Gerard Bono—¿Lo normal sería que admitiera el recurso de Vox o le está dando un toque el TC para que no lo haga? El auto que elevó la cuestión de constitucionalidad decía que la exigencia generalizada de euskera tenía un «efecto disuasorio» sobre los castellanohablantes que quieren acceder a la función pública.—No le da ningún toque. Lo que le dice es que esas dudas de constitucionalidad no son tales. A partir de ese momento queda la plena jurisdicción del tribunal para resolver la cuestión de fondo. —Se puede dar la situación de que se acepte un recurso contra una ley que todavía no se ha puesto en funcionamiento porque acaba de ser reformada.—El precepto concreto que motivó la cuestión (artículo 187.5 de la Ley de Empleo Vasca) no ha sido modificado. Y en aquellos casos en los cuales hay una modificación sobrevenida de un precepto el tribunal tiene que valorar si esa pérdida de vigencia tiene o no influencia en su procedimiento.—La polémica por el euskera también afecta a la suspensión de los ceros en los exámenes de la PAU. Usted ya ha dicho que no existe una «ofensiva judicial». ¿Está usando el nacionalismo la lengua como arma política? —Yo lo que puedo decir y reiterar es que no hay ofensiva judicial contra el euskera, que lo que hacen los jueces y tribunales en Euskadi es resolver los recursos que los ciudadanos o los colectivos de ciudadanos plantean en sede jurisdiccional conforme a la normativa aplicable.—Ya no es solo la izquierda aberzale. Hay ministros del Gobierno de España que afirman que existe el ‘lawfare’. —Insisto en discernir claramente la legitimidad de los jueces de la legitimidad de la crítica a las decisiones que adoptan.—Carlos Lesmes (expresidente del Tribunal Supremo) le definió en su toma de posesión como un ferviente defensor de su tierra. ¿Cómo vive el verse retratado por sectores de la sociedad vasca como un enemigo de su propia identidad?—Con dolor. Con pesar y con dolor. Nací en el País Vasco, mis padres, mis aitonas (abuelos, en euskera), mis entornos… son del País Vasco.«Todavía es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA» Iñaki Subijana Presidente del TSJPV—En su último discurso de apertura del año judicial dijo que la independencia judicial no admite injerencias ni internas ni externas. ¿Se refería a alguna en concreto?—No. Era una lectura estrictamente constitucional y si quiere usted supranacional respecto a la posición del Poder Judicial. —También dijo que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 debía hacerse sin prisa y sin pausa. ¿Está siendo así?—En Euskadi ha sido así porque hemos intentado aquilatar la constitución de las oficinas del Tribunal de Instancia a las exigencias de acoplamiento de funcionarios, adaptación de edificios, adaptación también del sistema de justicia digital en la línea de permitir que cuando se implementen estén en las mejores condiciones para su desarrollo sabiendo que el cambio es radical. —Entonces hizo una crítica al ratio de jueces por habitante en el País Vasco. ¿Se ha sentido discriminado en su jurisdicción?—La ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes en el Estado es de 10,2. Y aquí 10,1. En Europa la media son 17. Creo que en general en España hay un problema de déficit de planta judicial. Ahí no he visto una discriminación. —Se describe una situación de asfixia en algunos juzgados, pero repasando la memoria judicial de 2025 el ingreso de asuntos cae un 10,4% y la tasa de resolución es mayor que la media española.—Yo nunca he hablado de asfixia del sistema judicial, he hablado de puntos de tensión dentro del sistema judicial fundamentalmente en el área civil y en la sección Social aquí en Bilbao. —La memoria incluye uno de sus proyectos bandera: la promoción de juicios en euskera. También acredita que los ciudadanos prefieren relacionarse con la Justicia en castellano. ¿Es necesario forzar la maquinaria?—Es un proyecto que descansa en la aplicación del 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la libertad de elección de las personas. A partir de ahí no es más que una aplicación de la normativa, así que no se fuerza absolutamente nada.—Usted viene participando en los foros de debate para el desarrollo de la Estrategia de Justicia Restaurativa, con la que el Gobierno vasco justifica la autorización de terceros grados y beneficios penitenciarios a etarras. —El modelo de justicia restaurativa está pensado fundamentalmente para la investigación y el enjuiciamiento penal y que luego puede tener aplicación en la ejecución penal y dentro de ella en la ejecución penitenciaria. Es un modelo, insisto, que tiene su base en la legislación estatal y supraestatal.—Mediáticamente sólo trasciende su aplicación en la Política Penitenciaria vasca. —La ejecución penitenciaria no radica en el sistema de Justicia. Lo hace en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y en el ministerio del Interior. La primera decisión respecto a esa cuestión se produce en el ámbito administrativo y esas decisiones están sujetas a una revisión judicial. —La Audiencia Nacional ha echado para atrás esas resoluciones administrativas como en el caso de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. ¿Coincide en que se están dando de una forma precipitada?—Ha habido decisiones judiciales que han considerado que el 100.2 no procedía porque no había un plan de ejecución y coincido que en otras ocasiones eso no ha sido así y la autoridad judicial ha considerado que se cumplían las premisas del 100.2.—Las asociaciones de víctimas critican la cuestión como un mecanismo que debilita el el valor punitivo de las sentencias. ¿Qué mensaje les da?—Soy el primero en reconocer su grave sufrimiento y el valor del compromiso que siempre han tenido con el estado democrático. A partir de ahí, tendría que decir que comparto que en términos de Justicia para las víctimas es necesaria una deslegitimación del discurso que justificó la existencia de ETA. Ahí todavía tenemos camino por recorrer social e institucionalmente. También, aunque sea doloroso, es cierto y en mi opinión positivo que el marco constitucional fija la reinserción social como un objetivo prioritario en la ejecución de las penas privativas de libertad. Eso es algo que, en muchas ocasiones, individual y colectivamente genera desazón.—Sobre esa falta de deslegitimación de ETA, ¿por qué no hay consecuencias cuando se exhibe como un héroe la cara de un asesino en el País Vasco?—Para mí es muy importante la deslegitimación de la existencia de ETA. A partir de ese momento, el por qué se producen o se dejan de producir determinadas situaciones sale de mi esfera de actuación.—¿Debe el legislativo crear un régimen sancionador para estos actos como existe con el franquismo?—Sinceramente, soy el primero que intenta respetar las competencias de otros poderes como a mí me gusta que respeten las competencias del Poder Judicial. El legislativo tiene mecanismos suficientes como para hacer esa valoración y plantearse si procede o no procede. —El último tema es el de las colonias de Bernedo. ¿Cómo se explica que ante denuncias tan graves los tribunales no hayan aplicado medidas cautelares o que hayan suspendido la prohibición de la asociación?—La adopción o no adopción de medidas cautelares es algo que responde a la existencia de peticiones por parte de la acusación. A partir de ese momento el juez dice si concurren los supuestos que justifican la adopción de medidas. ¿Qué quiere decir con cautelares? Son excepcionales. ¿Por qué? El principio general es la presunción de inocencia de quién se presume inocente hasta que un juez no declare la culpabilidad. En lo contencioso administrativo, que es la otra cuestión, corresponde al juez valorar si efectivamente se pueden generar efectos irreversibles en el caso de que se ejecute inmediatamente la decisión administrativa. —Las madres de los niños señalan abandono institucional. Después de que el caso quedara en un «limbo» parecía que iba a acelerarse la instrucción. ¿Conoce a la magistrada Marta Escudero que instruye la causa en Vitoria? —Conozco a Marta Escudero como conozco todos los jueces y juezas de la comunidad autónoma. Lo único que puedo decir es que llegó a esta plaza judicial en febrero de este año. No estuvo en el inicio del procedimiento y una persona cuando llega se encuentra con todos los casos incoados y no desarrollados y va tomando pulso al juzgado para tomar las decisiones lo más rápidamente posible. Yo confío y espero que las decisiones sean inmediatas y entiendo que a las denunciantes la espera judicial les genere inquietud e incluso sensación de soledad institucional. Mi compromiso es intentar que esa situación dure lo menos posible y que el procedimiento siga su andadura y se tomen las decisiones que en el plano jurisdiccional se tengan que tomar. RSS de noticias de espana
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