La maquinaria electoral ya está funcionando y los sindicatos han tomado posiciones de inmediato. Tras la inesperada convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada por el presidente Pedro Sánchez ante el colapso de la legislatura, los agentes sociales han lanzado los primeros dardos contra el bloque conservador . A través de un posicionamiento conjunto, CCOO-A, UGT-A y CSIF-A han exigido que los problemas sociales, con la vivienda y los salarios a la cabeza, ocupen el centro del debate, mientras los dos primeros deslizan críticas hacia la derecha por tumbar en el Congreso las medidas de emergencia sobre vivienda improvisadas tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, de 87 años, del piso donde estaba viviendo de alquiler en Madrid.El adelanto electoral llega nueve meses antes de lo previsto, empujado por la caída de dos decretos sobre vivienda que no lograron el respaldo de PP, Vox ni Junts (antiguo socio de investidura de Sánchez). Estas iniciativas buscaban apagar el incendio social que prendió tras la expulsión de Mari Carmen de la vivienda donde residió durante más de siete décadas. Aquel episodio desató una oleada de protestas y una acampada en la Puerta del Sol, un caldo de cultivo que forzó al Ejecutivo a sacar una respuesta legislativa, que fue rechazada el pasado viernes por el Congreso.En este contexto, la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha cerrado filas con el jefe del Ejecutivo. A través de unas declaraciones remitidas a los medios, López justifica la llamada a las urnas ante el «bloqueo sistemático que han hecho las fuerzas políticas de derecha en el Congreso de los Diputados para aprobar políticas en favor de la vida de la gente, la última, los dos decretos de vivienda». La líder sindical asume el marco fijado por Sánchez sobre «el lado correcto de la historia» y señala a las formaciones conservadoras por torpedear las medidas aplaudidas por los jóvenes acampados en Madrid.López exige poner a los trabajadores en el centro del debate y cuestiona el modelo económico del país. «Hay que hablar de cómo se reparte la mucha riqueza que se genera , que siempre se queda en las manos de los mismos, de los poderosos y de la élite», subraya la dirigente. Para CCOO, resulta vital abordar mejoras en los salarios y en los servicios públicos, además de atajar la crisis habitacional. En este sentido, López pide ir más allá de la construcción: «No solamente hablamos de construir más, que es necesario, sino de regular y de intervenir los precios». Su discurso traza una línea entre ricos y pobres, y alerta de la urgencia de aplicar políticas «para que la gente no sea pobre después de pagar el alquiler o la hipoteca».El hartazgo por el precio desorbitado de la vivienda ha llevado de hecho al Sindicato de Inquilinos, impulsor de las protestas, a iniciar contactos con CCOO y UGT para organizar una huelga general .Con un tono menos beligerante, pero en sintonía con los ejes de campaña del PSOE y Sumar, UGT Andalucía también valora la convocatoria a las urnas. El secretario general de la organización, Oskar Martín, espera que la carrera electoral sirva para centrar el debate público en el coste de la vida, el empleo y las condiciones laborales. Martín apuesta por el diálogo frente a la polarización y confía en que se mantenga el avance en derechos sociales. «Seguiremos defendiendo que, sea cual sea el escenario que salga de las urnas, las políticas públicas continúen avanzando en derechos, en cohesión social y en la mejora de la vida», indica el líder de UGT-A.CSIF reivindica los compromisos laboralesPor su parte, CSIF, el sindicato independiente con mayor representación en las administraciones públicas, adopta un perfil más reivindicativo ante el propio Gobierno. La central exige por carta a Sánchez que el fin precipitado del mandato no paralice los acuerdos firmados en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzados en noviembre de 2025.CSIF reclama convocar la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco, una hoja de ruta con compromisos hasta 2028 que abarca desde la planificación de recursos humanos hasta la mejora del mutualismo administrativo y la salud laboral. En el plano económico, la organización considera clave cumplir el calendario pactado, que incluye un alza salarial del 4,5 por ciento para 2027 y la garantía del incremento adicional del 0,5 por ciento para 2026, una subida que ven «muy relevante» tras el repunte de los precios hasta el 4,9 en septiembre.Además, desde esta central exigen aprovechar la precampaña para reclamar la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La retirada de las pagas extra supuso entonces una medida excepcional que, 16 años después, sigue vigente, provocando una merma media anual de 1.000 euros por empleado público. En total, advierten, se han retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial. Conscientes de la inestabilidad por la falta de Presupuestos Generales del Estado, desde CSIF avisan de que vigilarán el cumplimiento de los pactos en sectores clave como Sanidad, Educación, Justicia y Correos. La maquinaria electoral ya está funcionando y los sindicatos han tomado posiciones de inmediato. Tras la inesperada convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada por el presidente Pedro Sánchez ante el colapso de la legislatura, los agentes sociales han lanzado los primeros dardos contra el bloque conservador . A través de un posicionamiento conjunto, CCOO-A, UGT-A y CSIF-A han exigido que los problemas sociales, con la vivienda y los salarios a la cabeza, ocupen el centro del debate, mientras los dos primeros deslizan críticas hacia la derecha por tumbar en el Congreso las medidas de emergencia sobre vivienda improvisadas tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, de 87 años, del piso donde estaba viviendo de alquiler en Madrid.El adelanto electoral llega nueve meses antes de lo previsto, empujado por la caída de dos decretos sobre vivienda que no lograron el respaldo de PP, Vox ni Junts (antiguo socio de investidura de Sánchez). Estas iniciativas buscaban apagar el incendio social que prendió tras la expulsión de Mari Carmen de la vivienda donde residió durante más de siete décadas. Aquel episodio desató una oleada de protestas y una acampada en la Puerta del Sol, un caldo de cultivo que forzó al Ejecutivo a sacar una respuesta legislativa, que fue rechazada el pasado viernes por el Congreso.En este contexto, la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha cerrado filas con el jefe del Ejecutivo. A través de unas declaraciones remitidas a los medios, López justifica la llamada a las urnas ante el «bloqueo sistemático que han hecho las fuerzas políticas de derecha en el Congreso de los Diputados para aprobar políticas en favor de la vida de la gente, la última, los dos decretos de vivienda». La líder sindical asume el marco fijado por Sánchez sobre «el lado correcto de la historia» y señala a las formaciones conservadoras por torpedear las medidas aplaudidas por los jóvenes acampados en Madrid.López exige poner a los trabajadores en el centro del debate y cuestiona el modelo económico del país. «Hay que hablar de cómo se reparte la mucha riqueza que se genera , que siempre se queda en las manos de los mismos, de los poderosos y de la élite», subraya la dirigente. Para CCOO, resulta vital abordar mejoras en los salarios y en los servicios públicos, además de atajar la crisis habitacional. En este sentido, López pide ir más allá de la construcción: «No solamente hablamos de construir más, que es necesario, sino de regular y de intervenir los precios». Su discurso traza una línea entre ricos y pobres, y alerta de la urgencia de aplicar políticas «para que la gente no sea pobre después de pagar el alquiler o la hipoteca».El hartazgo por el precio desorbitado de la vivienda ha llevado de hecho al Sindicato de Inquilinos, impulsor de las protestas, a iniciar contactos con CCOO y UGT para organizar una huelga general .Con un tono menos beligerante, pero en sintonía con los ejes de campaña del PSOE y Sumar, UGT Andalucía también valora la convocatoria a las urnas. El secretario general de la organización, Oskar Martín, espera que la carrera electoral sirva para centrar el debate público en el coste de la vida, el empleo y las condiciones laborales. Martín apuesta por el diálogo frente a la polarización y confía en que se mantenga el avance en derechos sociales. «Seguiremos defendiendo que, sea cual sea el escenario que salga de las urnas, las políticas públicas continúen avanzando en derechos, en cohesión social y en la mejora de la vida», indica el líder de UGT-A.CSIF reivindica los compromisos laboralesPor su parte, CSIF, el sindicato independiente con mayor representación en las administraciones públicas, adopta un perfil más reivindicativo ante el propio Gobierno. La central exige por carta a Sánchez que el fin precipitado del mandato no paralice los acuerdos firmados en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzados en noviembre de 2025.CSIF reclama convocar la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco, una hoja de ruta con compromisos hasta 2028 que abarca desde la planificación de recursos humanos hasta la mejora del mutualismo administrativo y la salud laboral. En el plano económico, la organización considera clave cumplir el calendario pactado, que incluye un alza salarial del 4,5 por ciento para 2027 y la garantía del incremento adicional del 0,5 por ciento para 2026, una subida que ven «muy relevante» tras el repunte de los precios hasta el 4,9 en septiembre.Además, desde esta central exigen aprovechar la precampaña para reclamar la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La retirada de las pagas extra supuso entonces una medida excepcional que, 16 años después, sigue vigente, provocando una merma media anual de 1.000 euros por empleado público. En total, advierten, se han retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial. Conscientes de la inestabilidad por la falta de Presupuestos Generales del Estado, desde CSIF avisan de que vigilarán el cumplimiento de los pactos en sectores clave como Sanidad, Educación, Justicia y Correos. La maquinaria electoral ya está funcionando y los sindicatos han tomado posiciones de inmediato. Tras la inesperada convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada por el presidente Pedro Sánchez ante el colapso de la legislatura, los agentes sociales han lanzado los primeros dardos contra el bloque conservador . A través de un posicionamiento conjunto, CCOO-A, UGT-A y CSIF-A han exigido que los problemas sociales, con la vivienda y los salarios a la cabeza, ocupen el centro del debate, mientras los dos primeros deslizan críticas hacia la derecha por tumbar en el Congreso las medidas de emergencia sobre vivienda improvisadas tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, de 87 años, del piso donde estaba viviendo de alquiler en Madrid.El adelanto electoral llega nueve meses antes de lo previsto, empujado por la caída de dos decretos sobre vivienda que no lograron el respaldo de PP, Vox ni Junts (antiguo socio de investidura de Sánchez). Estas iniciativas buscaban apagar el incendio social que prendió tras la expulsión de Mari Carmen de la vivienda donde residió durante más de siete décadas. Aquel episodio desató una oleada de protestas y una acampada en la Puerta del Sol, un caldo de cultivo que forzó al Ejecutivo a sacar una respuesta legislativa, que fue rechazada el pasado viernes por el Congreso.En este contexto, la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha cerrado filas con el jefe del Ejecutivo. A través de unas declaraciones remitidas a los medios, López justifica la llamada a las urnas ante el «bloqueo sistemático que han hecho las fuerzas políticas de derecha en el Congreso de los Diputados para aprobar políticas en favor de la vida de la gente, la última, los dos decretos de vivienda». La líder sindical asume el marco fijado por Sánchez sobre «el lado correcto de la historia» y señala a las formaciones conservadoras por torpedear las medidas aplaudidas por los jóvenes acampados en Madrid.López exige poner a los trabajadores en el centro del debate y cuestiona el modelo económico del país. «Hay que hablar de cómo se reparte la mucha riqueza que se genera , que siempre se queda en las manos de los mismos, de los poderosos y de la élite», subraya la dirigente. Para CCOO, resulta vital abordar mejoras en los salarios y en los servicios públicos, además de atajar la crisis habitacional. En este sentido, López pide ir más allá de la construcción: «No solamente hablamos de construir más, que es necesario, sino de regular y de intervenir los precios». Su discurso traza una línea entre ricos y pobres, y alerta de la urgencia de aplicar políticas «para que la gente no sea pobre después de pagar el alquiler o la hipoteca».El hartazgo por el precio desorbitado de la vivienda ha llevado de hecho al Sindicato de Inquilinos, impulsor de las protestas, a iniciar contactos con CCOO y UGT para organizar una huelga general .Con un tono menos beligerante, pero en sintonía con los ejes de campaña del PSOE y Sumar, UGT Andalucía también valora la convocatoria a las urnas. El secretario general de la organización, Oskar Martín, espera que la carrera electoral sirva para centrar el debate público en el coste de la vida, el empleo y las condiciones laborales. Martín apuesta por el diálogo frente a la polarización y confía en que se mantenga el avance en derechos sociales. «Seguiremos defendiendo que, sea cual sea el escenario que salga de las urnas, las políticas públicas continúen avanzando en derechos, en cohesión social y en la mejora de la vida», indica el líder de UGT-A.CSIF reivindica los compromisos laboralesPor su parte, CSIF, el sindicato independiente con mayor representación en las administraciones públicas, adopta un perfil más reivindicativo ante el propio Gobierno. La central exige por carta a Sánchez que el fin precipitado del mandato no paralice los acuerdos firmados en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzados en noviembre de 2025.CSIF reclama convocar la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco, una hoja de ruta con compromisos hasta 2028 que abarca desde la planificación de recursos humanos hasta la mejora del mutualismo administrativo y la salud laboral. En el plano económico, la organización considera clave cumplir el calendario pactado, que incluye un alza salarial del 4,5 por ciento para 2027 y la garantía del incremento adicional del 0,5 por ciento para 2026, una subida que ven «muy relevante» tras el repunte de los precios hasta el 4,9 en septiembre.Además, desde esta central exigen aprovechar la precampaña para reclamar la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La retirada de las pagas extra supuso entonces una medida excepcional que, 16 años después, sigue vigente, provocando una merma media anual de 1.000 euros por empleado público. En total, advierten, se han retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial. Conscientes de la inestabilidad por la falta de Presupuestos Generales del Estado, desde CSIF avisan de que vigilarán el cumplimiento de los pactos en sectores clave como Sanidad, Educación, Justicia y Correos. RSS de noticias de espana/andalucia
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