Ha llegado tarde. Dieciséis días tarde, para ser exactos, respecto al momento en que cerca de 80.000 personas cruzaron el espigón del Tarajal y desbordaron una ciudad de poco más de 83.000 habitantes. Ha llegado entre gritos de «dimisión» y «asesina», con la piel curtida ya por una semana de comparecencias públicas en las que ha repetido, invariablemente, que la llegada masiva «no ha supuesto ningún problema» para la sanidad ceutí y que en ningún momento se ha producido «colapso». Hoy, por fin, ha pisado suelo ceutí.Allí, ante los micrófonos, ha desplegado el argumentario que lleva ensayando desde que estalló la crisis. «No hay colapso sanitario, sino crisis humanitaria» , ha repetido, aferrada a la distinción semántica entre «colapso» y «crisis humanitaria». Lo que sí admite, matiza, es «mayor tensión y sobreesfuerzo» . Y para sostenerlo ha desgranado cifras: 5.800 inmigrantes ilegales atendidos en las últimas dos semanas, 3.500 en atención primaria y 2.300 en urgencias; un primer día que rozó los 1.149 atendidos y que ha ido decreciendo hasta estabilizarse en torno a los 300 diarios, ceutíes incluidos. Ahora mismo hay 101 personas ingresadas, 28 de ellas inmigrantes ilegales, en un hospital cuya capacidad de 175 camas ha tenido que ampliarse hasta las 212. «Prueba de que no hay un colapso», ha argüido, «es que no hemos pedido a ningún profesional que regrese de sus vacaciones o que trabaje en otra área». Los sindicatos médicos de la ciudad, que llevan semanas denunciándose desbordados, no comparten esa lectura.«Asociar inmigración con enfermedad es injusto y xenófobo, asociar inmigración con delincuencia y peligros es injusto y xenófobo» . Con esa doble condena verbal ha querido García despejar cualquier sombra de duda sobre el relato que trae preparado desde Madrid: los inmigrantes, ha insistido, «no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad».García ha situado la respuesta de su departamento en el «nivel 1» del Plan de Catástrofes, cuyo objetivo, ha explicado, es «no suspender ni alterar la actividad sanitaria de la población» y establecer «circuitos diferenciados» entre ceutíes e inmigrantes ilegales. Ha anunciado además el refuerzo del sistema con 60 nuevas contrataciones, cuya continuidad se reevaluará el 31 de agosto, y ha adelantado que la medida «más urgente» de su Ministerio no pasa, paradójicamente, por los hospitales ni los centros de salud, sino por «albergar y dar techo a los inmigrantes», mejorando sus «condiciones de salubridad» y poniendo en marcha controles epidemiológicos. Ha pedido a la ciudad de Ceuta, en ese sentido, que «habilite espacios» de contención.Es aquí donde el discurso de la ministra se ha movido con más cuidado, sorteando el filo de sus propias palabras. Ha reconocido que «ahora mismo hay un riesgo epidemiológico», aunque lo ha calificado de «moderado para los inmigrantes y bajo para los ceutíes», derivado, ha precisado, «del hacinamiento de las personas» y no de su condición de extranjeros. Entre las patologías detectadas ha citado 18 casos de gastroenteritis y algunos posibles casos de tuberculosis, datos que ha entregado envueltos siempre en el mismo matiz protector: los inmigrantes tienen «mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora habían estado contenidas», pero establecer un vínculo directo entre inmigración ilegal y enfermedad es, ha zanjado, «racista».La respuesta política no se ha hecho esperar. Desde Tarifa, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de García por ser, a su juicio, «culpable» de un «colapso sanitario» que la ministra se empeña en negar. Ha denunciado que las urgencias atienden a «500 personas al día, cinco veces más que lo habitual», y ha recordado que «las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas» —una forma de devolverle a García la responsabilidad que ella misma ha repartido, a lo largo de su comparecencia, entre «todas las instituciones» de Ceuta.Porque si algo define estas semanas es precisamente eso: el reparto. Desde que estalló la crisis, Ceuta se ha convertido en pasarela de ministros que llegan a la ciudad autónoma con el mismo ritmo espaciado de un goteo administrativo. Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares. Ninguno ha coincidido con los demás. A la lista se suma ahora Mónica García, y todavía se esperan las visitas de Elma Saiz, que llegará este lunes, y de Félix Bolaños, del que aún no se conoce fecha. Una comparecencia tras otra, un ministro tras otro, y Ceuta, mientras tanto, sigue esperando algo que se parezca a una respuesta conjunta. Ha llegado tarde. Dieciséis días tarde, para ser exactos, respecto al momento en que cerca de 80.000 personas cruzaron el espigón del Tarajal y desbordaron una ciudad de poco más de 83.000 habitantes. Ha llegado entre gritos de «dimisión» y «asesina», con la piel curtida ya por una semana de comparecencias públicas en las que ha repetido, invariablemente, que la llegada masiva «no ha supuesto ningún problema» para la sanidad ceutí y que en ningún momento se ha producido «colapso». Hoy, por fin, ha pisado suelo ceutí.Allí, ante los micrófonos, ha desplegado el argumentario que lleva ensayando desde que estalló la crisis. «No hay colapso sanitario, sino crisis humanitaria» , ha repetido, aferrada a la distinción semántica entre «colapso» y «crisis humanitaria». Lo que sí admite, matiza, es «mayor tensión y sobreesfuerzo» . Y para sostenerlo ha desgranado cifras: 5.800 inmigrantes ilegales atendidos en las últimas dos semanas, 3.500 en atención primaria y 2.300 en urgencias; un primer día que rozó los 1.149 atendidos y que ha ido decreciendo hasta estabilizarse en torno a los 300 diarios, ceutíes incluidos. Ahora mismo hay 101 personas ingresadas, 28 de ellas inmigrantes ilegales, en un hospital cuya capacidad de 175 camas ha tenido que ampliarse hasta las 212. «Prueba de que no hay un colapso», ha argüido, «es que no hemos pedido a ningún profesional que regrese de sus vacaciones o que trabaje en otra área». Los sindicatos médicos de la ciudad, que llevan semanas denunciándose desbordados, no comparten esa lectura.«Asociar inmigración con enfermedad es injusto y xenófobo, asociar inmigración con delincuencia y peligros es injusto y xenófobo» . Con esa doble condena verbal ha querido García despejar cualquier sombra de duda sobre el relato que trae preparado desde Madrid: los inmigrantes, ha insistido, «no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad».García ha situado la respuesta de su departamento en el «nivel 1» del Plan de Catástrofes, cuyo objetivo, ha explicado, es «no suspender ni alterar la actividad sanitaria de la población» y establecer «circuitos diferenciados» entre ceutíes e inmigrantes ilegales. Ha anunciado además el refuerzo del sistema con 60 nuevas contrataciones, cuya continuidad se reevaluará el 31 de agosto, y ha adelantado que la medida «más urgente» de su Ministerio no pasa, paradójicamente, por los hospitales ni los centros de salud, sino por «albergar y dar techo a los inmigrantes», mejorando sus «condiciones de salubridad» y poniendo en marcha controles epidemiológicos. Ha pedido a la ciudad de Ceuta, en ese sentido, que «habilite espacios» de contención.Es aquí donde el discurso de la ministra se ha movido con más cuidado, sorteando el filo de sus propias palabras. Ha reconocido que «ahora mismo hay un riesgo epidemiológico», aunque lo ha calificado de «moderado para los inmigrantes y bajo para los ceutíes», derivado, ha precisado, «del hacinamiento de las personas» y no de su condición de extranjeros. Entre las patologías detectadas ha citado 18 casos de gastroenteritis y algunos posibles casos de tuberculosis, datos que ha entregado envueltos siempre en el mismo matiz protector: los inmigrantes tienen «mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora habían estado contenidas», pero establecer un vínculo directo entre inmigración ilegal y enfermedad es, ha zanjado, «racista».La respuesta política no se ha hecho esperar. Desde Tarifa, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de García por ser, a su juicio, «culpable» de un «colapso sanitario» que la ministra se empeña en negar. Ha denunciado que las urgencias atienden a «500 personas al día, cinco veces más que lo habitual», y ha recordado que «las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas» —una forma de devolverle a García la responsabilidad que ella misma ha repartido, a lo largo de su comparecencia, entre «todas las instituciones» de Ceuta.Porque si algo define estas semanas es precisamente eso: el reparto. Desde que estalló la crisis, Ceuta se ha convertido en pasarela de ministros que llegan a la ciudad autónoma con el mismo ritmo espaciado de un goteo administrativo. Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares. Ninguno ha coincidido con los demás. A la lista se suma ahora Mónica García, y todavía se esperan las visitas de Elma Saiz, que llegará este lunes, y de Félix Bolaños, del que aún no se conoce fecha. Una comparecencia tras otra, un ministro tras otro, y Ceuta, mientras tanto, sigue esperando algo que se parezca a una respuesta conjunta. Ha llegado tarde. Dieciséis días tarde, para ser exactos, respecto al momento en que cerca de 80.000 personas cruzaron el espigón del Tarajal y desbordaron una ciudad de poco más de 83.000 habitantes. Ha llegado entre gritos de «dimisión» y «asesina», con la piel curtida ya por una semana de comparecencias públicas en las que ha repetido, invariablemente, que la llegada masiva «no ha supuesto ningún problema» para la sanidad ceutí y que en ningún momento se ha producido «colapso». Hoy, por fin, ha pisado suelo ceutí.Allí, ante los micrófonos, ha desplegado el argumentario que lleva ensayando desde que estalló la crisis. «No hay colapso sanitario, sino crisis humanitaria» , ha repetido, aferrada a la distinción semántica entre «colapso» y «crisis humanitaria». Lo que sí admite, matiza, es «mayor tensión y sobreesfuerzo» . Y para sostenerlo ha desgranado cifras: 5.800 inmigrantes ilegales atendidos en las últimas dos semanas, 3.500 en atención primaria y 2.300 en urgencias; un primer día que rozó los 1.149 atendidos y que ha ido decreciendo hasta estabilizarse en torno a los 300 diarios, ceutíes incluidos. Ahora mismo hay 101 personas ingresadas, 28 de ellas inmigrantes ilegales, en un hospital cuya capacidad de 175 camas ha tenido que ampliarse hasta las 212. «Prueba de que no hay un colapso», ha argüido, «es que no hemos pedido a ningún profesional que regrese de sus vacaciones o que trabaje en otra área». Los sindicatos médicos de la ciudad, que llevan semanas denunciándose desbordados, no comparten esa lectura.«Asociar inmigración con enfermedad es injusto y xenófobo, asociar inmigración con delincuencia y peligros es injusto y xenófobo» . Con esa doble condena verbal ha querido García despejar cualquier sombra de duda sobre el relato que trae preparado desde Madrid: los inmigrantes, ha insistido, «no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad».García ha situado la respuesta de su departamento en el «nivel 1» del Plan de Catástrofes, cuyo objetivo, ha explicado, es «no suspender ni alterar la actividad sanitaria de la población» y establecer «circuitos diferenciados» entre ceutíes e inmigrantes ilegales. Ha anunciado además el refuerzo del sistema con 60 nuevas contrataciones, cuya continuidad se reevaluará el 31 de agosto, y ha adelantado que la medida «más urgente» de su Ministerio no pasa, paradójicamente, por los hospitales ni los centros de salud, sino por «albergar y dar techo a los inmigrantes», mejorando sus «condiciones de salubridad» y poniendo en marcha controles epidemiológicos. Ha pedido a la ciudad de Ceuta, en ese sentido, que «habilite espacios» de contención.Es aquí donde el discurso de la ministra se ha movido con más cuidado, sorteando el filo de sus propias palabras. Ha reconocido que «ahora mismo hay un riesgo epidemiológico», aunque lo ha calificado de «moderado para los inmigrantes y bajo para los ceutíes», derivado, ha precisado, «del hacinamiento de las personas» y no de su condición de extranjeros. Entre las patologías detectadas ha citado 18 casos de gastroenteritis y algunos posibles casos de tuberculosis, datos que ha entregado envueltos siempre en el mismo matiz protector: los inmigrantes tienen «mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora habían estado contenidas», pero establecer un vínculo directo entre inmigración ilegal y enfermedad es, ha zanjado, «racista».La respuesta política no se ha hecho esperar. Desde Tarifa, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión de García por ser, a su juicio, «culpable» de un «colapso sanitario» que la ministra se empeña en negar. Ha denunciado que las urgencias atienden a «500 personas al día, cinco veces más que lo habitual», y ha recordado que «las competencias son del Ministerio de Sanidad, no de las ciudades autónomas» —una forma de devolverle a García la responsabilidad que ella misma ha repartido, a lo largo de su comparecencia, entre «todas las instituciones» de Ceuta.Porque si algo define estas semanas es precisamente eso: el reparto. Desde que estalló la crisis, Ceuta se ha convertido en pasarela de ministros que llegan a la ciudad autónoma con el mismo ritmo espaciado de un goteo administrativo. Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares. Ninguno ha coincidido con los demás. A la lista se suma ahora Mónica García, y todavía se esperan las visitas de Elma Saiz, que llegará este lunes, y de Félix Bolaños, del que aún no se conoce fecha. Una comparecencia tras otra, un ministro tras otro, y Ceuta, mientras tanto, sigue esperando algo que se parezca a una respuesta conjunta. RSS de noticias de espana
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