Un error técnico en la redacción de la enmienda que alumbró a finales de 2022 el célebre impuesto a los ricos impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos salvó de pagar ese año más de 2.300 millones de euros en impuestos a miles de grandes fortunas, según acaba de reconocer el Ministerio de Hacienda en un informe interno elaborado por la Dirección General de Tributos al que ha tenido acceso ABC. La deficiente técnica legislativa utilizada por el Ministerio de Hacienda permitió a contribuyentes de la Comunidad de Madrid , Andalucía y Galicia descontar de su factura fiscal por ese impuesto estatal cientos de miles de euros que ya se les habían bonificado en sus comunidades autónomas de origen, lo que recortó hasta en un 80% la carga fiscal que había previsto el Ejecutivo.El Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, el célebre impuesto a los ricos ingeniado para tratar de exigir una mayor contribución fiscal «a los que más tienen» -entendidos como aquellos con un patrimonio declarado superior a tres millones de euros- y de paso obligar a pagar impuestos a los grandes patrimonios que a su juicio buscaban refugio en la Comunidad de Madrid para esquivar parte de sus obligaciones fiscales, nunca terminó de satisfacer las ambiciones con las que se aprobó a finales del año 2022. El Gobierno aspiraba a meter en la caja del Estado los cerca de 1.500 millones de euros, que, según sus estimaciones, se perdían cada año por la decisión de varios gobiernos autonómicos de bonificar total o parcialmente la cuota del Impuesto de Patrimonio como parte de una estrategia para atraer capitales y favorecer su inversión en la economía real; pero en su primer año de vigencia apenas logró recaudar 631 millones de euros de los más de 12.000 contribuyentes que lo presentaron.Noticia relacionada No No Cargos de Hacienda ven «importantes dificultades» para aplicar el impuesto a los superricos Bruno PérezHan pasado tres años largos desde su accidentada instauración en el sistema fiscal y el Ministerio de Hacienda ha reconocido por primera vez que buena parte de la culpa de ese fiasco recaudatorio fue única y exclusivamente suya. Lo ha hecho en un informe interno de la Dirección General de Tributos en el que se analiza de forma particularmente minuciosa a lo largo de 166 páginas el comportamiento del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto sobre Grandes Fortunas en el ejercicio de 2022, y que reconoce que «su alcance recaudatorio quedó sustancialmente limitado» por dos razones: la posibilidad de deducir la cuota efectivamente satisfecha en el Impuesto de Patrimonio, que restó 116 millones; y sobre todo por la aplicación del límite conjunto de las cuotas de IRPF y Patrimonio, que volatilizó el 75% del potencial del impuesto.Pagaron el 20% de lo que el Gobierno preveía«De los 2.951 millones de euros de cuota íntegra teórica», estima el informe de Tributos, «solo 631 millones (el 21,4%) se materializaron en cuota a ingresar efectiva, lo que evidencia las limitaciones estructurales del diseño del ITSGF en términos de capacidad recaudatoria», concluye. Esas «limitaciones estructurales» no fueron fortuitas sino que se derivaron de un error fatal en la redacción de la norma, que para evitar la doble imposición estableció que la suma de las cuotas del IRPF, el IP y el ITSGF no podría superar el 60% de la base imponible del IRPF del contribuyente. El asunto es que la redacción no especificó la cuota a la que se refería, y no era un tema menor ya que en las comunidades autónomas que tenían el impuesto bonificado, como la Comunidad de Madrid, sí se genera una cuota íntegra y lo que se paga es la cuota líquida, lo que abría la puerta, como luego sucedió, a que esos contribuyentes se imputaran la cuota íntegra del Impuesto de Patrimonio para evitar pagar el impuesto del Gobierno sobre las grandes fortunas.Se sabía que el patinazo de Hacienda había afectado a la recaudación del impuesto pero hasta ahora no se sabía hasta qué punto. El informe de Hacienda reconoce que el grupo de contribuyentes para los que se había pensado el impuesto, alrededor de un 5% de los declarantes más selectos del Impuesto de Patrimonio, apenas pagaron un 21% de lo que realmente les hubiera correspondido, pero aún así hace una valoración muy positiva del mismo: «Se reveló como un instrumento eficaz para reequilibrar la tributación patrimonial entre territorios, al incorporar a la recaudación las cuotas de los contribuyentes con grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid, Andalucía y otros territorios con bonificaciones cuantitativamente relevantes en Patrimonio», se felicita. Un error técnico en la redacción de la enmienda que alumbró a finales de 2022 el célebre impuesto a los ricos impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos salvó de pagar ese año más de 2.300 millones de euros en impuestos a miles de grandes fortunas, según acaba de reconocer el Ministerio de Hacienda en un informe interno elaborado por la Dirección General de Tributos al que ha tenido acceso ABC. La deficiente técnica legislativa utilizada por el Ministerio de Hacienda permitió a contribuyentes de la Comunidad de Madrid , Andalucía y Galicia descontar de su factura fiscal por ese impuesto estatal cientos de miles de euros que ya se les habían bonificado en sus comunidades autónomas de origen, lo que recortó hasta en un 80% la carga fiscal que había previsto el Ejecutivo.El Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, el célebre impuesto a los ricos ingeniado para tratar de exigir una mayor contribución fiscal «a los que más tienen» -entendidos como aquellos con un patrimonio declarado superior a tres millones de euros- y de paso obligar a pagar impuestos a los grandes patrimonios que a su juicio buscaban refugio en la Comunidad de Madrid para esquivar parte de sus obligaciones fiscales, nunca terminó de satisfacer las ambiciones con las que se aprobó a finales del año 2022. El Gobierno aspiraba a meter en la caja del Estado los cerca de 1.500 millones de euros, que, según sus estimaciones, se perdían cada año por la decisión de varios gobiernos autonómicos de bonificar total o parcialmente la cuota del Impuesto de Patrimonio como parte de una estrategia para atraer capitales y favorecer su inversión en la economía real; pero en su primer año de vigencia apenas logró recaudar 631 millones de euros de los más de 12.000 contribuyentes que lo presentaron.Noticia relacionada No No Cargos de Hacienda ven «importantes dificultades» para aplicar el impuesto a los superricos Bruno PérezHan pasado tres años largos desde su accidentada instauración en el sistema fiscal y el Ministerio de Hacienda ha reconocido por primera vez que buena parte de la culpa de ese fiasco recaudatorio fue única y exclusivamente suya. Lo ha hecho en un informe interno de la Dirección General de Tributos en el que se analiza de forma particularmente minuciosa a lo largo de 166 páginas el comportamiento del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto sobre Grandes Fortunas en el ejercicio de 2022, y que reconoce que «su alcance recaudatorio quedó sustancialmente limitado» por dos razones: la posibilidad de deducir la cuota efectivamente satisfecha en el Impuesto de Patrimonio, que restó 116 millones; y sobre todo por la aplicación del límite conjunto de las cuotas de IRPF y Patrimonio, que volatilizó el 75% del potencial del impuesto.Pagaron el 20% de lo que el Gobierno preveía«De los 2.951 millones de euros de cuota íntegra teórica», estima el informe de Tributos, «solo 631 millones (el 21,4%) se materializaron en cuota a ingresar efectiva, lo que evidencia las limitaciones estructurales del diseño del ITSGF en términos de capacidad recaudatoria», concluye. Esas «limitaciones estructurales» no fueron fortuitas sino que se derivaron de un error fatal en la redacción de la norma, que para evitar la doble imposición estableció que la suma de las cuotas del IRPF, el IP y el ITSGF no podría superar el 60% de la base imponible del IRPF del contribuyente. El asunto es que la redacción no especificó la cuota a la que se refería, y no era un tema menor ya que en las comunidades autónomas que tenían el impuesto bonificado, como la Comunidad de Madrid, sí se genera una cuota íntegra y lo que se paga es la cuota líquida, lo que abría la puerta, como luego sucedió, a que esos contribuyentes se imputaran la cuota íntegra del Impuesto de Patrimonio para evitar pagar el impuesto del Gobierno sobre las grandes fortunas.Se sabía que el patinazo de Hacienda había afectado a la recaudación del impuesto pero hasta ahora no se sabía hasta qué punto. El informe de Hacienda reconoce que el grupo de contribuyentes para los que se había pensado el impuesto, alrededor de un 5% de los declarantes más selectos del Impuesto de Patrimonio, apenas pagaron un 21% de lo que realmente les hubiera correspondido, pero aún así hace una valoración muy positiva del mismo: «Se reveló como un instrumento eficaz para reequilibrar la tributación patrimonial entre territorios, al incorporar a la recaudación las cuotas de los contribuyentes con grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid, Andalucía y otros territorios con bonificaciones cuantitativamente relevantes en Patrimonio», se felicita. Un error técnico en la redacción de la enmienda que alumbró a finales de 2022 el célebre impuesto a los ricos impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos salvó de pagar ese año más de 2.300 millones de euros en impuestos a miles de grandes fortunas, según acaba de reconocer el Ministerio de Hacienda en un informe interno elaborado por la Dirección General de Tributos al que ha tenido acceso ABC. La deficiente técnica legislativa utilizada por el Ministerio de Hacienda permitió a contribuyentes de la Comunidad de Madrid , Andalucía y Galicia descontar de su factura fiscal por ese impuesto estatal cientos de miles de euros que ya se les habían bonificado en sus comunidades autónomas de origen, lo que recortó hasta en un 80% la carga fiscal que había previsto el Ejecutivo.El Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, el célebre impuesto a los ricos ingeniado para tratar de exigir una mayor contribución fiscal «a los que más tienen» -entendidos como aquellos con un patrimonio declarado superior a tres millones de euros- y de paso obligar a pagar impuestos a los grandes patrimonios que a su juicio buscaban refugio en la Comunidad de Madrid para esquivar parte de sus obligaciones fiscales, nunca terminó de satisfacer las ambiciones con las que se aprobó a finales del año 2022. El Gobierno aspiraba a meter en la caja del Estado los cerca de 1.500 millones de euros, que, según sus estimaciones, se perdían cada año por la decisión de varios gobiernos autonómicos de bonificar total o parcialmente la cuota del Impuesto de Patrimonio como parte de una estrategia para atraer capitales y favorecer su inversión en la economía real; pero en su primer año de vigencia apenas logró recaudar 631 millones de euros de los más de 12.000 contribuyentes que lo presentaron.Noticia relacionada No No Cargos de Hacienda ven «importantes dificultades» para aplicar el impuesto a los superricos Bruno PérezHan pasado tres años largos desde su accidentada instauración en el sistema fiscal y el Ministerio de Hacienda ha reconocido por primera vez que buena parte de la culpa de ese fiasco recaudatorio fue única y exclusivamente suya. Lo ha hecho en un informe interno de la Dirección General de Tributos en el que se analiza de forma particularmente minuciosa a lo largo de 166 páginas el comportamiento del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto sobre Grandes Fortunas en el ejercicio de 2022, y que reconoce que «su alcance recaudatorio quedó sustancialmente limitado» por dos razones: la posibilidad de deducir la cuota efectivamente satisfecha en el Impuesto de Patrimonio, que restó 116 millones; y sobre todo por la aplicación del límite conjunto de las cuotas de IRPF y Patrimonio, que volatilizó el 75% del potencial del impuesto.Pagaron el 20% de lo que el Gobierno preveía«De los 2.951 millones de euros de cuota íntegra teórica», estima el informe de Tributos, «solo 631 millones (el 21,4%) se materializaron en cuota a ingresar efectiva, lo que evidencia las limitaciones estructurales del diseño del ITSGF en términos de capacidad recaudatoria», concluye. Esas «limitaciones estructurales» no fueron fortuitas sino que se derivaron de un error fatal en la redacción de la norma, que para evitar la doble imposición estableció que la suma de las cuotas del IRPF, el IP y el ITSGF no podría superar el 60% de la base imponible del IRPF del contribuyente. El asunto es que la redacción no especificó la cuota a la que se refería, y no era un tema menor ya que en las comunidades autónomas que tenían el impuesto bonificado, como la Comunidad de Madrid, sí se genera una cuota íntegra y lo que se paga es la cuota líquida, lo que abría la puerta, como luego sucedió, a que esos contribuyentes se imputaran la cuota íntegra del Impuesto de Patrimonio para evitar pagar el impuesto del Gobierno sobre las grandes fortunas.Se sabía que el patinazo de Hacienda había afectado a la recaudación del impuesto pero hasta ahora no se sabía hasta qué punto. El informe de Hacienda reconoce que el grupo de contribuyentes para los que se había pensado el impuesto, alrededor de un 5% de los declarantes más selectos del Impuesto de Patrimonio, apenas pagaron un 21% de lo que realmente les hubiera correspondido, pero aún así hace una valoración muy positiva del mismo: «Se reveló como un instrumento eficaz para reequilibrar la tributación patrimonial entre territorios, al incorporar a la recaudación las cuotas de los contribuyentes con grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid, Andalucía y otros territorios con bonificaciones cuantitativamente relevantes en Patrimonio», se felicita. RSS de noticias de economia
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