En plena ebullición de la crisis de vivienda, un día después de la muerte de Maricarmen y tras haber aprobado dos decretos intervencionistas con una treta legal, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos ha hecho públicos los resultados de un barómetros sobre la materia que sirve el Gobierno de Pedro Sánchez como argumento para justificar su intervención del mercado inmobiliario.En una encuesta realizada el pasado junio, es decir, antes del estallido de sucesos a raíz del desahucio de Maricarmen que han desembocado en elecciones generales, el CIS preguntó a más de 6.000 personas si «el Estado debe intervenir tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos y todas a la vivienda o cree que el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda». La respuesta, en este caso, avala las tesis del Ejecutivo ya que el 76,3% considera que sí debe intervenirse el máximo posible para lograr ese objetivo de garantizar el acceso a toda la población. Solo el 18,8% de los encuestados considera que debe respetarse «la ley de la oferta y la demanda».Relacionado con ello, el 79% de los encuestados señala que lo más importante que habría que priorizar dentro de la política de vivienda es el derecho a ella «como un derecho constitucional», mientras el 13,5% considera que habría que priorizar «a vivienda como bien de mercado».El barómetro elaborado por el centro sociológico también pregunta expresamente por algunas de las medidas que finalmente se han incluido en los decretos de vivienda que primero fueron tumbados en el Congreso y que después, con una treta normativa, el Gobierno ha vuelto a aprobar tras convocar las elecciones y asegurarse así la convalidación de al menos uno de ellos.La encuesta pregunta por congelar alquileres dos años, limitar pisos turísticos, expropiar suelo para construir vivienda pública, expropiar pisos vacíos, más impuestos para grandes tenedores, así como bajar impuestos para comprar la primera casa o dar más garantías a caseros frente a impagos. Expropiar suelo para vivienda pública (49,9%) y expropiar viviendas vacías (40%) son las únicas cuestiones que no logran el apoyo mayoritario de los encuestados. En cambio, todas las demás sí que obtienen una mayoría amplia de entre el 70,6 y el 95,4%.Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información En plena ebullición de la crisis de vivienda, un día después de la muerte de Maricarmen y tras haber aprobado dos decretos intervencionistas con una treta legal, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos ha hecho públicos los resultados de un barómetros sobre la materia que sirve el Gobierno de Pedro Sánchez como argumento para justificar su intervención del mercado inmobiliario.En una encuesta realizada el pasado junio, es decir, antes del estallido de sucesos a raíz del desahucio de Maricarmen que han desembocado en elecciones generales, el CIS preguntó a más de 6.000 personas si «el Estado debe intervenir tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos y todas a la vivienda o cree que el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda». La respuesta, en este caso, avala las tesis del Ejecutivo ya que el 76,3% considera que sí debe intervenirse el máximo posible para lograr ese objetivo de garantizar el acceso a toda la población. Solo el 18,8% de los encuestados considera que debe respetarse «la ley de la oferta y la demanda».Relacionado con ello, el 79% de los encuestados señala que lo más importante que habría que priorizar dentro de la política de vivienda es el derecho a ella «como un derecho constitucional», mientras el 13,5% considera que habría que priorizar «a vivienda como bien de mercado».El barómetro elaborado por el centro sociológico también pregunta expresamente por algunas de las medidas que finalmente se han incluido en los decretos de vivienda que primero fueron tumbados en el Congreso y que después, con una treta normativa, el Gobierno ha vuelto a aprobar tras convocar las elecciones y asegurarse así la convalidación de al menos uno de ellos.La encuesta pregunta por congelar alquileres dos años, limitar pisos turísticos, expropiar suelo para construir vivienda pública, expropiar pisos vacíos, más impuestos para grandes tenedores, así como bajar impuestos para comprar la primera casa o dar más garantías a caseros frente a impagos. Expropiar suelo para vivienda pública (49,9%) y expropiar viviendas vacías (40%) son las únicas cuestiones que no logran el apoyo mayoritario de los encuestados. En cambio, todas las demás sí que obtienen una mayoría amplia de entre el 70,6 y el 95,4%.Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información En plena ebullición de la crisis de vivienda, un día después de la muerte de Maricarmen y tras haber aprobado dos decretos intervencionistas con una treta legal, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos ha hecho públicos los resultados de un barómetros sobre la materia que sirve el Gobierno de Pedro Sánchez como argumento para justificar su intervención del mercado inmobiliario.En una encuesta realizada el pasado junio, es decir, antes del estallido de sucesos a raíz del desahucio de Maricarmen que han desembocado en elecciones generales, el CIS preguntó a más de 6.000 personas si «el Estado debe intervenir tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos y todas a la vivienda o cree que el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda». La respuesta, en este caso, avala las tesis del Ejecutivo ya que el 76,3% considera que sí debe intervenirse el máximo posible para lograr ese objetivo de garantizar el acceso a toda la población. Solo el 18,8% de los encuestados considera que debe respetarse «la ley de la oferta y la demanda».Relacionado con ello, el 79% de los encuestados señala que lo más importante que habría que priorizar dentro de la política de vivienda es el derecho a ella «como un derecho constitucional», mientras el 13,5% considera que habría que priorizar «a vivienda como bien de mercado».El barómetro elaborado por el centro sociológico también pregunta expresamente por algunas de las medidas que finalmente se han incluido en los decretos de vivienda que primero fueron tumbados en el Congreso y que después, con una treta normativa, el Gobierno ha vuelto a aprobar tras convocar las elecciones y asegurarse así la convalidación de al menos uno de ellos.La encuesta pregunta por congelar alquileres dos años, limitar pisos turísticos, expropiar suelo para construir vivienda pública, expropiar pisos vacíos, más impuestos para grandes tenedores, así como bajar impuestos para comprar la primera casa o dar más garantías a caseros frente a impagos. Expropiar suelo para vivienda pública (49,9%) y expropiar viviendas vacías (40%) son las únicas cuestiones que no logran el apoyo mayoritario de los encuestados. En cambio, todas las demás sí que obtienen una mayoría amplia de entre el 70,6 y el 95,4%.Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información RSS de noticias de economia
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