El adelanto de la campaña electoral no paralizará las causas en curso —principalmente en la Audiencia Nacional— que cercan al PSOE, tanto en la que el juez Santiago Pedraz investiga si se benefició de la actividad ‘cloaquera’ de la exmilitante Leire Díez para tratar de desestabilizar las investigaciones policiales y judiciales a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde 2024 como la que sigue en secreto el magistrado Ismael Moreno sobre la posible financiación irregular en Ferraz. El foco mediático está puesto en una cercana imputación del partido del Gobierno por beneficiarse de la actividad ilegal de la trama Leire en el primer caso y por la falta de control en la gestión de las cuentas de la formación —investigación que surgió a partir del caso Ábalos, por los sospechosos tickets del exministro y su asesor— en el segundo. Sin embargo, el anuncio de la campaña electoral aplazaría o dejaría en suspenso todas estas decisiones, según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electorales.El anuncio de la campaña aplazaría decisiones según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electoralesLo mismo ocurriría con la citación de miembros del Gobierno —bien como testigos en la Audiencia Nacional o como investigados, elevando una exposición razonada ante el Tribunal Supremo— en la causa sobre la invasión de Ceuta en la que la jueza María Tardón ya aborda la respuesta de distintos ministerios. En plena campaña, que la magistrada llamase a declarar a cualquier miembro del Ejecutivo (a pesar de que en el caso de que les cite como testigos pueden incluso prestar declaración por escrito o desde su despacho) también podría interpretarse como una interferencia en el ciclo político. El PSOE —no es la primera vez que lo hace— también tendría fácil sacar la carta del ‘lawfare’ contra Sánchez en caso de que hubiera citaciones clave. En este momento, la primera decisión más esperada de Tardón —además de recibir y analizar distintos informes, entre ellos el del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las alertas los días previos y durante la entrada masiva— es ver si cita como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, contra el que Hazte Oír presentó una querella con distintas imputaciones, entre ellas, la omisión del deber de perseguir delitos.La confluencia de esperadas resoluciones iba a suponer una implosión para el presidenteLo que está claro es que los próximos meses, si todo seguía el curso previsto, la confluencia de distintas esperadas decisiones judiciales —conocer la fecha del juicio contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; la posible imputación del PSOE como persona jurídica o el avance de la causa de Ceuta apuntando hacia miembros del Gobierno— iba a suponer una especie de implosión para el presidente. Una situación desgastante que ahora deja en suspenso con su decisión de convocar elecciones, puesto que lo lógico es que esas decisiones se aplacen hasta después de conocer el resultado electoral.El voto CERAHay un asunto judicial en curso especialmente delicado en campaña electoral, el de la paralización cautelar del censo de la ‘ley de nietos’. El pasado 10 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó suspender de forma cautelar el censo electoral de la ‘ley de nietos’ al entender que seguir adelante con las inscripciones de los votos en el extranjero como resultado de la norma sin comprobar la acreditación del arraigo de los votantes supone un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los próximos comicios.En el centro de la polémica se encuentra la instrucción de Sofía Puente —directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente— que amplió los requisitos por los que descendientes de exiliados políticos podían nacionalizarse como españoles. Los efectos electorales de esta nacionalización han quedado suspendidos hasta que se cumpla con el mandato del Supremo del desglose correcto de los nacionalizados respecto a aquellos que lo fueron con la citada instrucción.Las causas más avanzadas y que más perjudicarían al PSOE son la de la presunta financiación irregular y la de la ‘fontanera’Un adelanto electoral sin que ese desglose se haya llevado a cabo complica los planes del Supremo de pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que coloca a los magistrados ante la difícil coyuntura de levantar la paralización de las inscripciones y darlas por buenas pese a la advertencia del peligro que esto supondría para la transparencia del proceso electoral o mantener la paralización con las consiguientes críticas.El arrastre de la fontaneraLas causas que se encuentran en un estado más avanzado y más podrían perjudicar al PSOE son la de la presunta financiación irregular del partido y la de la ‘fontanera’ Leire Díez.El próximo jueves, 8 de octubre, está previsto que declare como perjudicada la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, y a la que según se investiga Díez y otros investigados habrían tratado de perjudicar. En este caso, la campaña electoral no tendría por qué influir en la citación. Esta causa ya ha arrastrado como imputados a personas que en su día fueron muy próximos a Pedro Sánchez, como su exjefe de Gabinete Juan Manuel Serrano; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.Los casos Zapatero y Cerdán no deberían verse afectadas por el adelanto y el juicio contra Begoña Gómez iba a retrasarse en todo casoPrecisamente la SEPI es una de las instituciones públicas (junto al Ministerio de Transportes) más salpicada por las causas de corrupción del período de Sánchez en el Ejecutivo. En el caso Leire se investiga si ella y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández usaron distintas empresas vinculadas a la compañía estatal para conseguirles un trato preferente en adjudicaciones públicas y llevarse comisiones ilegales. Hay investigados 25 funcionarios de distinto nivel en la causa.Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por recibir, presuntamente, una comisión ilegal de más de un millón de euros de parte de Plus Ultra por influir en el rescate concedido por el Consejo de Ministros, a través de la SEPI, a la compañía aérea de capital venezolano. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confesado recientemente que tuvo que dimitir del cargo al conocerse su imputación en el caso, en el que también figura como investigado el exCEO Roberto Roselli. Ambos, junto al amigo de Zapatero, supuesto testaferro y exasesor de la compañía aérea, Julio Martínez Martínez, ‘Julito’ han tirado de la manta y confesado que meses antes de que la SEPI concediera el rescate, ellos ya habían acordado que el expresidente se llevaría una comisión de un millón de euros (1% del rescate de 53 millones) y que las sociedades de ‘Julito’ a través de las que también cobraron las hijas del expresidente sería el cauce.Ni esta causa —en la que el juez José Luis Calama también investiga al político socialista y referente ideológico del Gobierno de Sánchez por atesorar sin declarar un botín millonario de joyas que le regaló el fallecido rey saudí Abdalá Bin Abdulaziz— ni el denominado caso Cerdán deberían verse interrumpidos por el anuncio de adelanto electoral. Además de Zapatero ya han declarado también como investigadas en sede judicial sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, pero no su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado Calama investiga las cuentas familiares desde 2020 a 2025. Paralelamente, Hacienda también continúa su investigación por la fortuna del expresidente y la causa aborda también si obtuvo dinero por desplegar sus relaciones internacionales para ayudar a una empresa peruana en una operación comercial en Bolivia.En el caso Cerdán, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional aborda si el exsecretario de Organización del PSOE cobró mordidas porque tres constructoras (Acciona, en unión temporal con la compañía de su mejor amigo, Antxon Alonso; Levantina, Ingeniería de Construcción y Obras Públicas y Regadíos) se llevasen adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes mientras José Luis Ábalos estaba al frente de éste y Koldo García, como asesor suyo. En la causa también están investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la compañía pública ferroviaria Adif y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. También surgió a raíz del caso Ábalos, en el que el exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez cuando llegó al Ejecutivo fue condenado a 24 años de prisión por delitos de corrupción por el Tribunal Supremo. Se trata de una condena histórica contra el socialismo y la era de Sánchez en el Ejecutivo que, unida a las del exfiscal general del Estado nombrado por él, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y el hermano del presidente, el músico David Sánchez, por prevaricación administrativa, deja un balance oscuro en los tribunales tras el mandato de Sánchez.El último episodio de investigaciones judiciales por irregularidades del entorno del político socialista tendrá lugar después de las elecciones. En ningún caso el calendario electoral habría afectado al juicio contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación ante un jurado popular, que se espera no se celebre, al menos, hasta octubre de 2027, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.Este mes de septiembre, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado colgó la toga porque alcanzó la edad máxima para jubilarse, pero antes envió, por primera vez en la historia de la democracia española, al banquillo de los acusados a la mujer de un jefe del Ejecutivo. Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, aunque fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la vista oral no se celebrará antes de ocho meses.Después de dar carpetazo a la instrucción y proponer que ambas sean enjuiciadas, el magistrado envió el asunto a la Audiencia Provincial, aunque el procedimiento todavía no ha llegado al tribunal, que será el encargado de poner fecha. Aunque lo normal en casos de este tipo —una causa que no es de especial complejidad, con dos delitos menores y dos procesados— sería que se celebrase en un plazo de entre 8 y 10 meses, la peculiaridad del asunto hace que lo más probable es que se demore bastante más en el tiempo.Una vez se elija al magistrado que presidirá el tribunal y a los nueve ciudadanos del jurado, se iniciará la fase intermedia, una suerte de nueva instrucción en la que las partes podrán solicitar los testigos que quieren que depongan en la vista oral. Llegado el caso, las defensas podrían incluso plantear un incidente de nulidad o un recurso de amparo, lo que podría paralizar el juicio hasta que lo resolviera el Tribunal Constitucional. El adelanto de la campaña electoral no paralizará las causas en curso —principalmente en la Audiencia Nacional— que cercan al PSOE, tanto en la que el juez Santiago Pedraz investiga si se benefició de la actividad ‘cloaquera’ de la exmilitante Leire Díez para tratar de desestabilizar las investigaciones policiales y judiciales a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde 2024 como la que sigue en secreto el magistrado Ismael Moreno sobre la posible financiación irregular en Ferraz. El foco mediático está puesto en una cercana imputación del partido del Gobierno por beneficiarse de la actividad ilegal de la trama Leire en el primer caso y por la falta de control en la gestión de las cuentas de la formación —investigación que surgió a partir del caso Ábalos, por los sospechosos tickets del exministro y su asesor— en el segundo. Sin embargo, el anuncio de la campaña electoral aplazaría o dejaría en suspenso todas estas decisiones, según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electorales.El anuncio de la campaña aplazaría decisiones según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electoralesLo mismo ocurriría con la citación de miembros del Gobierno —bien como testigos en la Audiencia Nacional o como investigados, elevando una exposición razonada ante el Tribunal Supremo— en la causa sobre la invasión de Ceuta en la que la jueza María Tardón ya aborda la respuesta de distintos ministerios. En plena campaña, que la magistrada llamase a declarar a cualquier miembro del Ejecutivo (a pesar de que en el caso de que les cite como testigos pueden incluso prestar declaración por escrito o desde su despacho) también podría interpretarse como una interferencia en el ciclo político. El PSOE —no es la primera vez que lo hace— también tendría fácil sacar la carta del ‘lawfare’ contra Sánchez en caso de que hubiera citaciones clave. En este momento, la primera decisión más esperada de Tardón —además de recibir y analizar distintos informes, entre ellos el del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las alertas los días previos y durante la entrada masiva— es ver si cita como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, contra el que Hazte Oír presentó una querella con distintas imputaciones, entre ellas, la omisión del deber de perseguir delitos.La confluencia de esperadas resoluciones iba a suponer una implosión para el presidenteLo que está claro es que los próximos meses, si todo seguía el curso previsto, la confluencia de distintas esperadas decisiones judiciales —conocer la fecha del juicio contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; la posible imputación del PSOE como persona jurídica o el avance de la causa de Ceuta apuntando hacia miembros del Gobierno— iba a suponer una especie de implosión para el presidente. Una situación desgastante que ahora deja en suspenso con su decisión de convocar elecciones, puesto que lo lógico es que esas decisiones se aplacen hasta después de conocer el resultado electoral.El voto CERAHay un asunto judicial en curso especialmente delicado en campaña electoral, el de la paralización cautelar del censo de la ‘ley de nietos’. El pasado 10 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó suspender de forma cautelar el censo electoral de la ‘ley de nietos’ al entender que seguir adelante con las inscripciones de los votos en el extranjero como resultado de la norma sin comprobar la acreditación del arraigo de los votantes supone un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los próximos comicios.En el centro de la polémica se encuentra la instrucción de Sofía Puente —directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente— que amplió los requisitos por los que descendientes de exiliados políticos podían nacionalizarse como españoles. Los efectos electorales de esta nacionalización han quedado suspendidos hasta que se cumpla con el mandato del Supremo del desglose correcto de los nacionalizados respecto a aquellos que lo fueron con la citada instrucción.Las causas más avanzadas y que más perjudicarían al PSOE son la de la presunta financiación irregular y la de la ‘fontanera’Un adelanto electoral sin que ese desglose se haya llevado a cabo complica los planes del Supremo de pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que coloca a los magistrados ante la difícil coyuntura de levantar la paralización de las inscripciones y darlas por buenas pese a la advertencia del peligro que esto supondría para la transparencia del proceso electoral o mantener la paralización con las consiguientes críticas.El arrastre de la fontaneraLas causas que se encuentran en un estado más avanzado y más podrían perjudicar al PSOE son la de la presunta financiación irregular del partido y la de la ‘fontanera’ Leire Díez.El próximo jueves, 8 de octubre, está previsto que declare como perjudicada la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, y a la que según se investiga Díez y otros investigados habrían tratado de perjudicar. En este caso, la campaña electoral no tendría por qué influir en la citación. Esta causa ya ha arrastrado como imputados a personas que en su día fueron muy próximos a Pedro Sánchez, como su exjefe de Gabinete Juan Manuel Serrano; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.Los casos Zapatero y Cerdán no deberían verse afectadas por el adelanto y el juicio contra Begoña Gómez iba a retrasarse en todo casoPrecisamente la SEPI es una de las instituciones públicas (junto al Ministerio de Transportes) más salpicada por las causas de corrupción del período de Sánchez en el Ejecutivo. En el caso Leire se investiga si ella y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández usaron distintas empresas vinculadas a la compañía estatal para conseguirles un trato preferente en adjudicaciones públicas y llevarse comisiones ilegales. Hay investigados 25 funcionarios de distinto nivel en la causa.Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por recibir, presuntamente, una comisión ilegal de más de un millón de euros de parte de Plus Ultra por influir en el rescate concedido por el Consejo de Ministros, a través de la SEPI, a la compañía aérea de capital venezolano. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confesado recientemente que tuvo que dimitir del cargo al conocerse su imputación en el caso, en el que también figura como investigado el exCEO Roberto Roselli. Ambos, junto al amigo de Zapatero, supuesto testaferro y exasesor de la compañía aérea, Julio Martínez Martínez, ‘Julito’ han tirado de la manta y confesado que meses antes de que la SEPI concediera el rescate, ellos ya habían acordado que el expresidente se llevaría una comisión de un millón de euros (1% del rescate de 53 millones) y que las sociedades de ‘Julito’ a través de las que también cobraron las hijas del expresidente sería el cauce.Ni esta causa —en la que el juez José Luis Calama también investiga al político socialista y referente ideológico del Gobierno de Sánchez por atesorar sin declarar un botín millonario de joyas que le regaló el fallecido rey saudí Abdalá Bin Abdulaziz— ni el denominado caso Cerdán deberían verse interrumpidos por el anuncio de adelanto electoral. Además de Zapatero ya han declarado también como investigadas en sede judicial sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, pero no su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado Calama investiga las cuentas familiares desde 2020 a 2025. Paralelamente, Hacienda también continúa su investigación por la fortuna del expresidente y la causa aborda también si obtuvo dinero por desplegar sus relaciones internacionales para ayudar a una empresa peruana en una operación comercial en Bolivia.En el caso Cerdán, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional aborda si el exsecretario de Organización del PSOE cobró mordidas porque tres constructoras (Acciona, en unión temporal con la compañía de su mejor amigo, Antxon Alonso; Levantina, Ingeniería de Construcción y Obras Públicas y Regadíos) se llevasen adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes mientras José Luis Ábalos estaba al frente de éste y Koldo García, como asesor suyo. En la causa también están investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la compañía pública ferroviaria Adif y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. También surgió a raíz del caso Ábalos, en el que el exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez cuando llegó al Ejecutivo fue condenado a 24 años de prisión por delitos de corrupción por el Tribunal Supremo. Se trata de una condena histórica contra el socialismo y la era de Sánchez en el Ejecutivo que, unida a las del exfiscal general del Estado nombrado por él, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y el hermano del presidente, el músico David Sánchez, por prevaricación administrativa, deja un balance oscuro en los tribunales tras el mandato de Sánchez.El último episodio de investigaciones judiciales por irregularidades del entorno del político socialista tendrá lugar después de las elecciones. En ningún caso el calendario electoral habría afectado al juicio contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación ante un jurado popular, que se espera no se celebre, al menos, hasta octubre de 2027, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.Este mes de septiembre, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado colgó la toga porque alcanzó la edad máxima para jubilarse, pero antes envió, por primera vez en la historia de la democracia española, al banquillo de los acusados a la mujer de un jefe del Ejecutivo. Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, aunque fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la vista oral no se celebrará antes de ocho meses.Después de dar carpetazo a la instrucción y proponer que ambas sean enjuiciadas, el magistrado envió el asunto a la Audiencia Provincial, aunque el procedimiento todavía no ha llegado al tribunal, que será el encargado de poner fecha. Aunque lo normal en casos de este tipo —una causa que no es de especial complejidad, con dos delitos menores y dos procesados— sería que se celebrase en un plazo de entre 8 y 10 meses, la peculiaridad del asunto hace que lo más probable es que se demore bastante más en el tiempo.Una vez se elija al magistrado que presidirá el tribunal y a los nueve ciudadanos del jurado, se iniciará la fase intermedia, una suerte de nueva instrucción en la que las partes podrán solicitar los testigos que quieren que depongan en la vista oral. Llegado el caso, las defensas podrían incluso plantear un incidente de nulidad o un recurso de amparo, lo que podría paralizar el juicio hasta que lo resolviera el Tribunal Constitucional. El adelanto de la campaña electoral no paralizará las causas en curso —principalmente en la Audiencia Nacional— que cercan al PSOE, tanto en la que el juez Santiago Pedraz investiga si se benefició de la actividad ‘cloaquera’ de la exmilitante Leire Díez para tratar de desestabilizar las investigaciones policiales y judiciales a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez desde 2024 como la que sigue en secreto el magistrado Ismael Moreno sobre la posible financiación irregular en Ferraz. El foco mediático está puesto en una cercana imputación del partido del Gobierno por beneficiarse de la actividad ilegal de la trama Leire en el primer caso y por la falta de control en la gestión de las cuentas de la formación —investigación que surgió a partir del caso Ábalos, por los sospechosos tickets del exministro y su asesor— en el segundo. Sin embargo, el anuncio de la campaña electoral aplazaría o dejaría en suspenso todas estas decisiones, según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electorales.El anuncio de la campaña aplazaría decisiones según la tradición judicial no escrita de no influir en procesos electoralesLo mismo ocurriría con la citación de miembros del Gobierno —bien como testigos en la Audiencia Nacional o como investigados, elevando una exposición razonada ante el Tribunal Supremo— en la causa sobre la invasión de Ceuta en la que la jueza María Tardón ya aborda la respuesta de distintos ministerios. En plena campaña, que la magistrada llamase a declarar a cualquier miembro del Ejecutivo (a pesar de que en el caso de que les cite como testigos pueden incluso prestar declaración por escrito o desde su despacho) también podría interpretarse como una interferencia en el ciclo político. El PSOE —no es la primera vez que lo hace— también tendría fácil sacar la carta del ‘lawfare’ contra Sánchez en caso de que hubiera citaciones clave. En este momento, la primera decisión más esperada de Tardón —además de recibir y analizar distintos informes, entre ellos el del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las alertas los días previos y durante la entrada masiva— es ver si cita como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, contra el que Hazte Oír presentó una querella con distintas imputaciones, entre ellas, la omisión del deber de perseguir delitos.La confluencia de esperadas resoluciones iba a suponer una implosión para el presidenteLo que está claro es que los próximos meses, si todo seguía el curso previsto, la confluencia de distintas esperadas decisiones judiciales —conocer la fecha del juicio contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; la posible imputación del PSOE como persona jurídica o el avance de la causa de Ceuta apuntando hacia miembros del Gobierno— iba a suponer una especie de implosión para el presidente. Una situación desgastante que ahora deja en suspenso con su decisión de convocar elecciones, puesto que lo lógico es que esas decisiones se aplacen hasta después de conocer el resultado electoral.El voto CERAHay un asunto judicial en curso especialmente delicado en campaña electoral, el de la paralización cautelar del censo de la ‘ley de nietos’. El pasado 10 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó suspender de forma cautelar el censo electoral de la ‘ley de nietos’ al entender que seguir adelante con las inscripciones de los votos en el extranjero como resultado de la norma sin comprobar la acreditación del arraigo de los votantes supone un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los próximos comicios.En el centro de la polémica se encuentra la instrucción de Sofía Puente —directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente— que amplió los requisitos por los que descendientes de exiliados políticos podían nacionalizarse como españoles. Los efectos electorales de esta nacionalización han quedado suspendidos hasta que se cumpla con el mandato del Supremo del desglose correcto de los nacionalizados respecto a aquellos que lo fueron con la citada instrucción.Las causas más avanzadas y que más perjudicarían al PSOE son la de la presunta financiación irregular y la de la ‘fontanera’Un adelanto electoral sin que ese desglose se haya llevado a cabo complica los planes del Supremo de pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que coloca a los magistrados ante la difícil coyuntura de levantar la paralización de las inscripciones y darlas por buenas pese a la advertencia del peligro que esto supondría para la transparencia del proceso electoral o mantener la paralización con las consiguientes críticas.El arrastre de la fontaneraLas causas que se encuentran en un estado más avanzado y más podrían perjudicar al PSOE son la de la presunta financiación irregular del partido y la de la ‘fontanera’ Leire Díez.El próximo jueves, 8 de octubre, está previsto que declare como perjudicada la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, y a la que según se investiga Díez y otros investigados habrían tratado de perjudicar. En este caso, la campaña electoral no tendría por qué influir en la citación. Esta causa ya ha arrastrado como imputados a personas que en su día fueron muy próximos a Pedro Sánchez, como su exjefe de Gabinete Juan Manuel Serrano; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.Los casos Zapatero y Cerdán no deberían verse afectadas por el adelanto y el juicio contra Begoña Gómez iba a retrasarse en todo casoPrecisamente la SEPI es una de las instituciones públicas (junto al Ministerio de Transportes) más salpicada por las causas de corrupción del período de Sánchez en el Ejecutivo. En el caso Leire se investiga si ella y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández usaron distintas empresas vinculadas a la compañía estatal para conseguirles un trato preferente en adjudicaciones públicas y llevarse comisiones ilegales. Hay investigados 25 funcionarios de distinto nivel en la causa.Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por recibir, presuntamente, una comisión ilegal de más de un millón de euros de parte de Plus Ultra por influir en el rescate concedido por el Consejo de Ministros, a través de la SEPI, a la compañía aérea de capital venezolano. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confesado recientemente que tuvo que dimitir del cargo al conocerse su imputación en el caso, en el que también figura como investigado el exCEO Roberto Roselli. Ambos, junto al amigo de Zapatero, supuesto testaferro y exasesor de la compañía aérea, Julio Martínez Martínez, ‘Julito’ han tirado de la manta y confesado que meses antes de que la SEPI concediera el rescate, ellos ya habían acordado que el expresidente se llevaría una comisión de un millón de euros (1% del rescate de 53 millones) y que las sociedades de ‘Julito’ a través de las que también cobraron las hijas del expresidente sería el cauce.Ni esta causa —en la que el juez José Luis Calama también investiga al político socialista y referente ideológico del Gobierno de Sánchez por atesorar sin declarar un botín millonario de joyas que le regaló el fallecido rey saudí Abdalá Bin Abdulaziz— ni el denominado caso Cerdán deberían verse interrumpidos por el anuncio de adelanto electoral. Además de Zapatero ya han declarado también como investigadas en sede judicial sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, pero no su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado Calama investiga las cuentas familiares desde 2020 a 2025. Paralelamente, Hacienda también continúa su investigación por la fortuna del expresidente y la causa aborda también si obtuvo dinero por desplegar sus relaciones internacionales para ayudar a una empresa peruana en una operación comercial en Bolivia.En el caso Cerdán, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional aborda si el exsecretario de Organización del PSOE cobró mordidas porque tres constructoras (Acciona, en unión temporal con la compañía de su mejor amigo, Antxon Alonso; Levantina, Ingeniería de Construcción y Obras Públicas y Regadíos) se llevasen adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes mientras José Luis Ábalos estaba al frente de éste y Koldo García, como asesor suyo. En la causa también están investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la compañía pública ferroviaria Adif y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. También surgió a raíz del caso Ábalos, en el que el exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez cuando llegó al Ejecutivo fue condenado a 24 años de prisión por delitos de corrupción por el Tribunal Supremo. Se trata de una condena histórica contra el socialismo y la era de Sánchez en el Ejecutivo que, unida a las del exfiscal general del Estado nombrado por él, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y el hermano del presidente, el músico David Sánchez, por prevaricación administrativa, deja un balance oscuro en los tribunales tras el mandato de Sánchez.El último episodio de investigaciones judiciales por irregularidades del entorno del político socialista tendrá lugar después de las elecciones. En ningún caso el calendario electoral habría afectado al juicio contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación ante un jurado popular, que se espera no se celebre, al menos, hasta octubre de 2027, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.Este mes de septiembre, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado colgó la toga porque alcanzó la edad máxima para jubilarse, pero antes envió, por primera vez en la historia de la democracia española, al banquillo de los acusados a la mujer de un jefe del Ejecutivo. Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, aunque fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la vista oral no se celebrará antes de ocho meses.Después de dar carpetazo a la instrucción y proponer que ambas sean enjuiciadas, el magistrado envió el asunto a la Audiencia Provincial, aunque el procedimiento todavía no ha llegado al tribunal, que será el encargado de poner fecha. Aunque lo normal en casos de este tipo —una causa que no es de especial complejidad, con dos delitos menores y dos procesados— sería que se celebrase en un plazo de entre 8 y 10 meses, la peculiaridad del asunto hace que lo más probable es que se demore bastante más en el tiempo.Una vez se elija al magistrado que presidirá el tribunal y a los nueve ciudadanos del jurado, se iniciará la fase intermedia, una suerte de nueva instrucción en la que las partes podrán solicitar los testigos que quieren que depongan en la vista oral. Llegado el caso, las defensas podrían incluso plantear un incidente de nulidad o un recurso de amparo, lo que podría paralizar el juicio hasta que lo resolviera el Tribunal Constitucional. RSS de noticias de espana
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